Básicamente la propuesta endurecía la regulación actual para acceder a la jubilación anticipada, estableciendo la posibilidad de acceder a la jubilación a partir de los 65 años de edad, si se acreditaba un periodo de servicios efectivos al Estado igual o superior a 38 años y 6 meses, sin ningún tipo de coeficiente reductor.
Por otro lado, en ese proyecto, se permitía anticipar la jubilación a partir de los 63 años de edad, acreditando 33 años de servicios efectivos al Estado, en este caso vinculada a la aplicación de un coeficiente reductor del 1,875% de la pensión por cada trimestre o fracción de trimestre que se adelante la edad de jubilación que corresponda.
Asimismo se incluía un período transitorio según el cual, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2021, los funcionarios podrían acceder a la jubilación voluntaria sin coeficiente reductor siempre que se cumpla la edad y acredite la carencia que se establece para el año de que se trate (se hubiera incrementado en 4 meses al año la edad y la carencia durante el período transitorio).
Finalmente proponía modificar la tabla de porcentajes aplicable al haber regulador, de forma armónica con la reforma llevada a cabo en el RGSS, en el sentido de que no se modificaría el porcentaje correspondiente al periodo mínimo de carencia para causar derecho a la pensión ordinaria de jubilación/retiro (15 años), que hubiera seguido siendo del 26,92%, mientras que el porcentaje restante, 73,08%, se distribuiría entre los 22 años que restan para alcanzar los 37 años de servicio que dan derecho al 100% del haber regulador.
CCOO nos preocupaba especialmente esta ampliación de plazos de cotización, porque el acceso a los cuerpos de funcionarios en las universidades se ha producido tras muchos años de trabajo como becario sin cotización que no tendrían reconocimiento alguno.
Los cambios realizados en la jubilación de los trabajadores es un ataque frontal al estado del bienestar y supone un retroceso inaceptable. Las generaciones más jóvenes, sobre todo en el ámbito universitario, serán las más perjudicadas, ya que comienzan a cotizar mucho más tarde. Este es uno de los motivos por los que CCOO exige contratos laborales en vez de becas.
CCOO había mostrado su oposición al texto presentado y conjuntamente con UGT hemos logrado que el Gobierno lo retire, pero habrá que estar atentos a nuevas iniciativas gubernamentales en este sentido.
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