Después de más de dos años de negociación, y a pesar de la necesidad de actualizar una normativa de más de 25 años que permita la regulación del PDI, la CRUE pone dificultades significativas para que el Estatuto del PDI sea una realidad.
Sus críticas se centran en tres aspectos fundamentales: la dedicación docente, la posibilidad de la intensificación en las actividades del profesorado, y la exigencia de negociación en lo que se refiere a las condiciones de trabajo del Personal Docente e Investigador (PDI).
Respecto a la dedicación docente, la Conferencia de Rectores alega que están demasiado detalladas las actividades del profesorado. Para CCOO dicho detalle es una garantía para el PDI al clarificar mejor tanto sus tareas como su dedicación. La modificación de la LOU ocurrió hace cuatro años y las universidades tienen que adaptarse a una realidad que en ningún caso supone variaciones importantes en sus plantillas al haberse reducido la duración de la mayoría de las titulaciones. Además, una falta de regulación explícita mínima introduciría una heterogeneidad interuniversitaria que podría dar lugar a un diferente cómputo como carga de trabajo de una misma actividad, dependiendo de la universidad en la cual se desempeñe la tarea, con la consiguiente repercusión en la movilidad y la coordinación universitaria.
En lo que se refiere a la posibilidad de intensificación del PDI en tareas docentes, investigadoras o de gestión, el redactado actual indica claramente que las orientaciones son de carácter voluntario, y lo que se salvaguarda es que, sea cual sea la intensificación elegida, el PDI podrá optar al escalón máximo en su carrera si ha desarrollado dicha tarea convenientemente. Asimismo siempre habrá un mínimo obligatorio de dedicación al resto de labores propias del PDI, y las intensificaciones no tienen carácter permanente. Creemos que es necesario darle el reconocimiento que merecen ciertas labores que hasta ahora, estaban catalogadas como menores, como es el caso de la docencia de calidad.
En cuanto a la negociación de las condiciones de trabajo del PDI, la incomodidad deriva del hecho de que quede explícito en el texto dicha obligatoriedad. Algunos todavía no se han adaptado a la Constitución y les es incómodo tener en cuenta la voz de los representantes de los empleados públicos y no poder decidir unilateralmente aspectos que afectan a sus condiciones de trabajo, pero recordamos que el Artículo 37.1 del Estatuto Básico del Empleado Público dicta las materias objeto de negociación y las leyes las aprueban las Cortes Generales y son de obligado cumplimiento para todos.
El borrador del Estatuto recoge todas aquellas materias que son objeto de negociación por ley y las emplaza al ámbito correspondiente. Se ha optado por la descentralización y la flexibilidad dando un impulso importante a la autonomía universitaria, al trasladarse la negociación a la administración más cercana, ya que algunos aspectos son de especial transcendencia dada la diversidad del Sistema Universitario Español.
Se podía haber optado por un Estatuto donde se dejaran fijadas todas esas materias con una intención homogeneizadora de las universidades, pero se ha optado por dar más capacidad de decisión a las universidades y las comunidades autónomas a la hora de planificar, e implementar ciertos aspectos teniendo en cuenta que la realidad existente es diversa.
Como valoración final hay que destacar que, desde comenzó la negociación, CCOO era consciente de la situación económica y por ello aceptó temporalizar los efectos económicos, ya que creemos muy importante la regularización del profesorado en el nuevo contexto del EEES. Pero existen unos criterios mínimos ante los cuales no se puede ceder, como son la dedicación del profesorado, el establecimiento de criterios transparentes para la progresión en la carrera, y el establecimiento del contexto adecuado que permita la negociación con los representantes de los trabajadores en todo aquello que por ley es obligado.
Apelamos a la responsabilidad del Ministerio y de la CRUE para que hagan el esfuerzo necesario de cara a lograr cerrar un texto que regule y vele por unas condiciones mínimas del Personal Docente e Investigador y acabe con la actual situación de incertidumbre.
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