miércoles, 26 de mayo de 2021

El Gobierno aprueba una renovación "Covid" para Profesorado Asociado

El Ministro de Universidades acaba de anunciar la aprobación de una medida para permitir la renovación extraordinaria de los contratos de profesorado Asociado que, durante la pandemia, han perdido o suspendido su principal actividad laboral

En realidad el gabinete de prensa del Ministerio se ha precipitado, al adelantar el anuncio de esa medida, indicando que fue aprobada en el Consejo de Ministros de ayer martes, 25 de mayo. Porque el RD donde debería ser incluida como disposición adicional aún no se ha aprobado, ya que esta pendiente de que se terminen las negociaciones con la CEOE y los sindicatos. Siendo previsible que se apruebe en un Consejo de Ministros extraordinario en los próximos días, por lo que estaremos pendientes de la redacción definitiva de esta renovación.

De acuerdo con lo anunciado en la nota de prensa [clic aquí], el Real Decreto Ley sobre medidas para la recuperación y el restablecimiento de la actividad empresarial incluirá una "disposición adicional donde se regulan las reglas aplicables a la renovación de los contratos de profesorado asociado celebrados por las universidades.

La contratación de profesoras y profesores asociados en las universidades se ajustará a las reglas establecidas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

La situación socioeconómica provocada por la COVID-19 ha traído como consecuencia que determinadas profesoras y profesores asociados se hayan visto afectados por extinciones o suspensiones de sus relaciones laborales o por cancelaciones de su actividad profesional externa al ámbito académico.

Es por ello que, excepcionalmente, por motivos justificados y con un ámbito temporal limitado al curso 2021-2022, la renovación de dichos contratos podrá realizarse sin que sea necesario acreditar por parte de la persona contratada el ejercicio de una actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.

Esta disposición adicional faculta a las universidades para que puedan proceder a dicha renovación, permitiendo así el mantenimiento de dichos empleos.

Con esta decisión, el Ministerio de Universidades sigue adoptando medidas para prevenir, contener y limitar los problemas laborales generados por la crisis sanitaria derivada de la pandemia."


lunes, 24 de mayo de 2021

Audiencia Pública RD de Organización de las Enseñanzas Universitarias

Se ha publicado en la web del Ministerio de Universidades la Audiencia Pública del Proyecto de Real Decreto por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad (el llamado RD de Titulaciones)

En el siguiente enlace se puede acceder al proceso, a través de la web del Ministerio de Universidades, y consultar el texto así como participar aportando propuestas o enmiendas durante la Audiencia Pública de este Real Decreto, hasta el día 9 de junio:

Desde CCOO ya hemos preparado varias enmiendas que hemos remitido al Gobierno proponiendo su modificación. Puedes verlas en el enlace siguiente:

viernes, 7 de mayo de 2021

CCOO pide suprimir la imputación de costas judiciales en los Contenciosos

El sindicato expone el claro desequilibrio existente en los procesos judiciales para exigir responsabilidades a las administraciones públicas, que disuade a interponer pleitos por el riesgo económico

Muchos ciudadanos y ciudadanas se lo piensan antes de interponer un pleito contra la Administración, ya que, además del gasto de profesionales de la abogacía y la procuraduría, puede generarle la imputación de las costas judiciales, que en algunos casos puede llegar hasta los dos mil euros. Así, una vez más, las actuaciones irregulares o arbitrarias en el funcionamiento de la Administración quedarían impunes.

Lo mismo sucede al personal funcionario al servicio de las administraciones, cuando se ven obligados a pleitear contra una decisión unilateral de la Administración en su papel de empleadora por la que resultan claramente perjudicados en su salario o en las condiciones en las que prestan sus servicios. De la misma forma que también afecta a quienes concurren en los procesos selectivos para plazas de empleo público si desean recurrir las decisiones de las Comisiones o Tribunales de selección.
En este contexto, las actuaciones de la Administración que causen perjuicio a la ciudadanía o al personal a su servicio se quedan impunes en muchos casos, existiendo de facto un desequilibrio claro en la posibilidad de exigir responsabilidad frente a la actuación de la Administración y la persona que ve perjudicados sus derechos ante dicha actuación. Especialmente porque en el orden social o laboral no se aplica esta imputación de costas judiciales, por lo que se genera una gravísima discriminación entre personal funcionario y personal laboral.

Son estas circunstancias las que han llevado al Área Pública de CCOO a tomar la iniciativa, ante el anuncio de un nuevo proyecto para aprobar o modificar la Ley que regula la jurisdicción contencioso-administrativa, para exigir que se retiren las costas judiciales para este orden jurisdiccional.