miércoles, 22 de agosto de 2012

Los Planes del gobierno de Rajoy para 2013

El gobierno de Rajoy continúa preparando sus "recortes" laborales y sociales, planificando lo que serán las líneas maestras para el 2013

[Ver nueva información añadida al final de la noticia]

En este sentido, Montoro y Cospedal, ya han adelantado lo que podrían ser los ejes fundamentales de los recortes el año que viene: Despido de la mitad de los "interinos" y amortización de sus plazas (tanto laborales como funcionarios); congelación de las pensiones; aplicación inmediata de la jubilación a los 67 años y de las prejubilaciones y jubilaciones parciales, así como otras medidas relacionadas con el IRPF (eliminación de la deducción por adquisición de vivienda, incluso de los que ya disfrutan de esta bonificación fiscal, y un nuevo incremento del impuesto que se añadiría al que ya sufrimos en febrero de este año).

La eliminación de parte de los/as interinos/as es ya se ha venido aplicando de forma limitada en 2012 por parte de la Administración central, como consecuencia del artículo 3.4 del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público: "Durante el año 2012 serán objeto de amortización en Departamentos, Organismos autónomos, Agencias estatales, entidades públicas empresariales y resto de  los organismos públicos y entes del sector público estatal, un número equivalente de plazas al de las jubilaciones que se produzcan, en los términos y con el alcance que determine el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, salvo en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales" (amortización = eliminación del puesto en la RPT).

Pero ya con carácter generalizado, y como una avanzadilla de lo que nos espera el próximo año, la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha (Dolores de Cospedal) ya ha puesto en marcha la primera de las medidas en su comunidad autónoma: el despido del 43% de los empleados temporales, interinos laborales y funcionarios [WEB].

Para el gobierno de Rajoy, el despido de empleados/as públicos temporales se puede realizar con mecanismos relativamente sencillos ya que no requieren de ningún procedimiento especial o ERE y, además, son "baratos" de aplicar al suponer simplemente la puesta en marcha de anulaciones de nombramientos en el caso de los interinos funcionarios (que no tendrían derecho a indemnización) o de anulaciones de contratos para los interinos laborales (en este caso si habría indemnización pero en función del tiempo trabajado por lo que solamente suponen entre tres y seis meses de salario).

Para evitar estos despidos, para que no congelen las pensiones, para que no adelanten la jubilación a los 67 años... ¡PARA QUE NO ACABEN CON TODO!  Participa en las movilizaciones del verano: 

Este viernes, 24 de agosto:
  • En La Laguna: concentraciones conjuntas con los/as trabajadores/as del ayuntamiento.
  • En Santa Cruz: concentración unitaria de los sindicatos en la subdelegación del gobierno. 
VER EL CALENDARIO DE MOVILIZACIONES DE VERANO [WEB]


[Lunes, 27 de agosto] Valencia se suma al "carro de los despidos de personal temporal": interinos/as funcionarios y laborales

El pasado miércoles 22 de agosto se difundió la noticia de despidos de personal temporal (interinos funcionarios y laborales) que se estaba preparando en Castilla-La Mancha, y recordamos que la Administración central ya había desarrollado ese mismo mecanismo de forma limitada desde principios de año.

Ahora es la comunidad Valenciana la que anuncia "la salida" del 25% de su personal temporal, apenas una semana después: ¿Quien será el siguiente?

No se han publicitado datos exactos sobre cuántos puestos de trabajo podría pretender eliminar el Consell, pero podríamos estar hablando de una horquilla tan amplia que podría afectar a 10.000 trabajadores temporales en la Comunidad Valenciana, 5.000 en la provincia de Valencia, 4.000 Alicante, 1.000 en Castellón. CCOO recuerda que el Decreto Ley 1/2012 de esa comunidad autónoma contempla entre sus objetivos "la posibilidad de aprobar Planes de Ordenación de Personal, con la finalidad de ordenar la administración de la Generalitat para la reducción de hasta un 25% de los efectivos de carácter temporal".

Independientemente de la cifra real de empleados públicos susceptibles de ver cómo su puesto de trabajo pasan a ser considerados prescindibles, desde CCOO vamos a oponernos, a denunciar estas medidas y a defender los intereses de los trabajadores públicos, porque consideramos que lo de menos es su condición de funcionarios, estatutarios, docentes, laborales, fijos o temporales. En definitiva, de lo que estamos hablando es de saltarse a la torera la Negociación Colectiva y el Estatuto del Empleado Público y desmantelar, de paso, unos servicios públicos de calidad, que son derechos de la ciudadanía.

Desde CCOO denunciamos que, de manera sistemática, se culpabilice interesadamente de esta crisis a los empleados públicos y no nos resignamos a ser los paganos de una crisis que no hemos provocado, y que cobra mayor virulencia por la ineptitud y la corrupción de quienes pretenden resolverla perpetrando despidos masivos.

lunes, 20 de agosto de 2012

¡Van a destruir el país!

Las consecuencias de las "políticas de recorte" se siguen extendiendo: ahora le ha tocado el turno a la prevención y extinción de incendios forestales

El Roque de Agando, antes y después del incendio
Desde que empezó el verano nuestro país está sufriendo los peores incendios forestales de toda la historia. Incendios que han tenido una ayuda adicional para su propagación en la falta de lluvias durante el invierno y, especialmente, en la reducción de los medios disponibles para su prevención y extinción.

Al principio de los recortes presupuestarios había quien pudiera pensar que éstos serían de pequeña intensidad y de corta duración, que afectarían a algunos temas "prescindibles" y que podían estar justificados. Pero ahora toda la sociedad española ha comprobado que el gobierno de Mariano Rajoy quiere acabar con todo, y que sus recortes afectan a toda la población y a todos los sectores, incluyendo el de los servicios de emergencia.

La reducción del presupuesto en las áreas de Medio ambiente, con recorte de plantillas y menor contratación de aviones y helicópteros, ha impedido vigilar adecuadamente los bosques y montes, realizar las labores de limpieza necesaria y responder eficazmente a los incendios.

Podemos recordar que el primer año de recortes en Portugal sucedió exactamente lo mismo, con una oleada de incendios imparables por la falta de medios que dejaron gran parte del país deforestado. El nuestro sigue su ejemplo como si de un calco se tratara, y día tras día vemos arder árboles a lo largo de todo el territorio.

La falta de medios es palpable y los distintos responsables políticos se traspasan la responsabilidad de unos a otros sin reconocer que cada administración, desde los ayuntamientos hasta el Estado, pasando por Cabildos y Comunidades Autónomas, todos, han reducido sus presupuestos en sistemas de emergencia y protección. Impidiéndoles responder de forma adecuada ante este peligro.

Como ejemplo palpable del despropósito, en pleno mes de agosto, el gobierno de Cospedal en Castilla-La Mancha ha presentado un ERE para despedir a más de 680 trabajadores de la empresa pública GEACAM (Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha), seiscientos sesenta de ellos pertenecientes a la plantilla de extinción de incendios. [WEB]

Y es que a ellos, al gobierno de Rajoy, no le importan los incendios. Solamente están preocupados por sus bancos y las grandes empresas de sus amigos.

Por eso, porque a nosotros si nos preocupa, como también nos importan la educación de nuestros hijos e hijas, la sanidad, a atención a los mayores, el medio ambiente y la sociedad en su conjunto, tenemos que incrementar la protesta.

¡Porque si no les paramos a tiempo, acabarán con todo!

martes, 14 de agosto de 2012

El porqué de un referéndum

Artículo de Opinión de Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez publicado en El País del lunes 13 de agosto de 2012

El PP ganó legítimamente las elecciones generales con un programa en el que no constaba ninguna de las principales medidas que se están aplicando. Tampoco aparecieron en el debate de investidura e, incluso después, cuando se les ha preguntado por qué aplican las medidas que sufrimos en la actualidad las han negado sistemáticamente. Así las cosas, amplios sectores de la sociedad consideramos que estamos ante un flagrante incumplimiento del "contrato" electoral establecido entre el PP y la sociedad española, que solo puede resolverse democráticamente si el programa de gobierno que desconocíamos y que ahora padecemos se somete a consideración de la misma.

La crisis económica financiera en la que estamos inmersos ha devenido en crisis social si entendemos por esta aquella situación que se caracteriza por el empobrecimiento y la desprotección de la mayoría de la población y que tiene como consecuencia la fractura de la cohesión social y la exclusión.

En efecto, las políticas promovidas desde las instituciones europeas y seguidas, unas veces de forma resignada y otras con verdadera devoción, por los últimos gobiernos nos están llevando al desastre social. El determinismo con el que se ha planteado la política de austeridad, sin dar una oportunidad a las políticas de crecimiento, nos está hundiendo más en la crisis hasta el punto de que Alemania está viendo cómo su actividad económica se ralentiza y países como Francia e Italia, además de España, entran nuevamente en recesión. Grecia, Irlanda y Portugal no están hoy mejor que hace dos años, a pesar del inmenso sufrimiento al que se ha sometido a sus ciudadanos.

El deterioro al que están siendo sometidos los derechos sociales y laborales y las redes de protección; el empobrecimiento de la mayoría de la población; la nula equidad de las medidas que se vienen adoptando; el ver cómo los ricos y poderosos salen de rositas así como la forma en que las medidas se deciden están alimentando un profundo sentimiento de injusticia e indignación entre la ciudadanía que se traduce en animadversión hacia quienes desde la atalaya del poder deciden aplicarlas. Sentimientos que se extienden al conjunto de las instituciones con un serio riesgo de desafección democrática creciente, como de alguna manera ha quedado reflejado en la última encuesta del CIS.

Las medidas aplicadas para enfrentar la crisis económica están generando una crisis social y la forma en que se están haciendo las cosas desde las instancias de poder está llevando a una crisis política de la que ahora solo conocemos su proyección estadística pero que puede tener expresiones más dramáticas e indeseables, como la Historia se ha encargado de enseñarnos.

Parte de la desafección que siente la ciudadanía hacia las instituciones democráticas se justifica por la distancia que se percibe entre lo que los representantes políticos dicen cuando están en campaña electoral y lo que hacen cuando llegan al poder, en cómo se ejerce la actividad política y en cómo las instituciones y formaciones políticas se relacionan con los ciudadanos.

La prepotencia, la falta de diálogo o la manera de transmitir la información son cuestiones que no pasan desapercibidas a la ciudadanía, que tiene la madurez suficiente para reaccionar cuando considera que desde el poder se la desprecia o pretende tratar como estúpida, que es lo que ha sucedido recientemente con la manera en que el Gobierno presentó el "rescate" bancario. O cómo cuando se entera por la prensa internacional de la preparación de un nuevo "rescate" que, como el anterior, tampoco estará condicionado pero que terminará pagando y padeciendo el conjunto de la población.

La Constitución española en su artículo 92.1 establece: "Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos"

El PP ganó legítimamente las elecciones generales con un programa en el que no constaba ninguna de las principales medidas que se están aplicando. Tampoco aparecieron en el debate de investidura e, incluso después, cuando se les ha preguntado por qué aplican las medidas que sufrimos en la actualidad las han negado sistemáticamente.

El Gobierno no puede escudarse en el argumento de que los ciudadanos les votaron para superar la crisis y que las medidas que ahora aplica van en esa dirección. Porque los ciudadanos queremos que se supere la crisis, sí, pero también queremos y tenemos derecho a saber cómo se hará, qué nos supondrá en nuestras condiciones y expectativas de vida y si los esfuerzos a realizar se practicarán de forma equilibrada.

El 20 de noviembre nadie pudo pronunciarse sobre el abaratamiento del despido, sobre la individualización de las relaciones laborales, sobre los recortes en educación y sanidad, sobre el incremento de los impuestos, sobre la reducción de salario y empleo en las administraciones y empresas públicas, sobre los recortes en dependencia, sobre la reducción de las prestaciones por desempleo....

Así las cosas, se entenderá que amplios sectores de la sociedad consideremos que estamos ante un flagrante incumplimiento del "contrato" electoral establecido entre el PP y la sociedad española, que solo puede resolverse democráticamente si el programa de gobierno que desconocíamos y que ahora padecemos se somete a consideración de la misma.

No estamos planteando nada estrafalario, pese a algunas opiniones, simplemente estamos recurriendo a la Constitución española que en su artículo 92.1 establece literalmente: "Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos".

Tenemos precedentes. En la década de los ochenta el Gobierno socialista, pese a contar con una mayoría absoluta de 202 diputados, sometió a referéndum la entrada de España en la OTAN. Se trataba entonces, como ahora, de una decisión política de especial trascendencia que además no había figurado en su programa electoral.

Volvemos a estar ante "decisiones políticas de especial trascendencia" pues pueden cambiar drásticamente el cuadro de derechos en España. Si a esto le añadimos que estas medidas las sufrimos todos pero nadie ha podido opinar sobre ellas, se entenderá que pidamos que el Gobierno convoque un referéndum para que la ciudadanía pueda expresar libremente su opinión sobre si este es el camino a seguir para superar la crisis.

[Ignacio Fernández Toxo es secretario general de CCOO y Cándido Méndez, de la UGT]

viernes, 3 de agosto de 2012

Calendario: movilizaciones del verano

Para preparar la "gran marcha a Madrid" del 15 de septiembre

Próximas convocatorias:
> 15 de septiembre: "gran marcha" a Madrid de un millón de personas.

Ayuntamiento de Santa Cruz  (6 sept.)

! 5, 6, 7... de septiembre 
Concentraciones de protesta contra los recortes, para ir "caldeando" el ambiente de cara a las movilizaciones de mitad de mes.





Subdelegación en Santa Cruz
! 24 de agosto: 
Concentración sindical unitaria contra los recortes frente a las subdelegaciones de Gobierno , con la participación de empleadas y empleados públicos y, simultáneamente, pitadas en las puertas de los centros de trabajo de la administración pública.




Concentración en La Laguna
17 de agosto "VIERNES DE NEGRO EN LA LAGUNA":
Promovido por los/as trabajadores/as del ayuntamiento de La Laguna y en el que también participa personal de la Universidad, de los juzgados y de la Administración de Hacienda.






Protesta ante el Banco de España en Madrid
14 de agosto:
Dentro de los actos de "propaganda visual" programados en todo el páis, se han proyectado mensajes reivindicativos en la fachada del Banco de España en Madrid, conjuntamente con la convocatoria de una concentración de protesta.





Subdelegación en Santa Cruz de Tenerife
10 de agosto: 
Concentración frente a la subdelegación de Gobierno, con concentraciones-manifestaciones de empleados públicos por la calle del Castillo en Santa Cruz y por el centro de La Laguna (esta última promovida por los/as trabajadores/as del ayuntamiento a través de  "La Laguna El Día En Negro" [WEB]

Subdelegación en Santa Cruz de Tenerife
! 3 de agosto: 
Concentración sindical contra los recortes frente a las subdelegaciones de Gobierno , con la participación de empleadas y empleados públicos y, simultáneamente, pitadas en las puertas de los centros de trabajo de la administración pública.



Atocha en Madrid
! 2 de agosto: 
Reparto masivo de octavillas e información en los aeropuertos, estaciones de tren, intercambiadores de guaguas, etc. con motivo del inicio de los viajes de vacaciones, para informar sobre el calendario de movilizaciones para los meses de agosto y septiembre.