Aquella reforma, que viene aplicándose desde entonces, se alcanzó sin acuerdo parlamentario ni con los interlocutores sociales. Se apartó de los consensos alcanzados en esta materia desde 1995 como consecuencia del Pacto de Toledo en materia de pensiones y supone, de hecho, que esa revalorización de pensiones del 0,25% anual, se mantendrá durante muchos años.
Hay que recordar que, antes de la misma se había suspendido la aplicación de la normativa vigente, que desde 1996 preveía la revalorización de las pensiones con el IPC, en dos ocasiones durante la crisis. La primera, la congelación aprobada por el gobierno socialista en 2011 (que supuso una pérdida de poder adquisitivo de un 2,9% para la mayoría de pensiones); la segunda, la no regularización a final de año de la subida de pensiones aprobada por el Gobierno del Partido Popular en 2012 (que supuso una pérdida de poder adquisitivo de 1,9% también para la mayor parte de pensionistas).
Con ello, el balance de la revalorización de pensiones durante la crisis, es de pérdida de poder adquisitivo para 3 de cada 4 pensionistas (-1,10%), lo que se compadece mal con el triunfalismo del Gobierno, que ha intentado e intenta aprovechar la débil situación de nuestra economía acompañada de un período de tasas negativas de inflación, para presentar como ganancia de poder adquisitivo, lo que es un efecto coyuntural, recogido acríticamente en demasiadas ocasiones en la información publicada.
Pero el problema fundamental es que este no es el mayor problema. Lo peor está por venir. En el momento en que la situación económica se normalice y el dato de inflación se sitúe en los objetivos establecidos por las instituciones europeas (2%), la fórmula de revalorización de pensiones, tal y como está diseñada, sin previsión alguna de incremento de ingresos de la Seguridad Social, supondrá una pérdida anual de poder adquisitivo importante y sostenida en el tiempo (1,75% anual, con un impacto acumulado mucho mayor a lo largo del periodo medio de permanencia como pensionista). Si España volviese a situarse, según nuestra experiencia histórica, en tasas de inflación superiores, el ajuste sería mayor.
Por ello, una mínima perspectiva exige abordar el anuncio del Gobierno en lo que supone de quiebra del principio de contributividad de nuestras pensiones que, una vez causadas, no tienen garantizado su poder adquisitivo, más bien lo contrario.
Por ello, la actual coyuntura de constitución de nuevas mayorías de gobierno, debe incluir entre los objetivos de la nueva legislatura, recuperar el consenso en torno al Pacto de Toledo y corregir la actual situación abordando nuevas fórmulas de revalorización de pensiones que permitan mantener su poder adquisitivo a lo largo de la vida del pensionista como tal, al tiempo que se abordan reformas estructurales del sistema de pensiones para garantizar los ingresos necesarios para mantener el compromiso de solidaridad intergeneracional que está en la base de nuestro sistema de Seguridad Social.
