El próximo martes, 24 de marzo, se ha convocado una Huelga General en todas las universidades españolas y para todos los sectores (PDI, PAS y alumnado) en defensa de la universidad pública y contra los nuevos Decretos de Wert
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| Cartel unitario estatal |
La convocatoria estatal esta promovida por UGT, CSIF y CCOO como organizaciones sindicales más representativas en las universidades públicas, así como por las organizaciones Estudiantes en Movimiento y la Federación de Asociaciones de Estudiantes (FAEST).
En la ULL ya se ha confirmado la participación de:
- UGT y CCOO (promotores a nivel estatal).
- Asamblea Profesorado Universitario (APU)
- Intersindical Canaria (IC).
- Junta de PDI funcionario.
- Junta de PAS funcionario.
- Comité de Empresa de PDI contratado.
- Grupos claustrales de estudiantes ACE, AMEC, IURE, AEULL y MNAU.
El próximo 24 de marzo, docentes y personal de administración y servicios y estudiantes de todas las universidades españolas harán frente común contra la reforma encubierta del Gobierno, que se articula a través de tres textos legislativos: el que abre la puerta a la implantación del modelo del 3+2 que encarece los estudios y expulsa al alumnado con menos recursos económicos y que ya está aprobado; el que elimina exigencias para crear universidades y facilita el negocio de las privadas; y el que endurece el acceso a la profesión docente al implantar una acreditación menos objetiva y transparente.
Está en tus manos:
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Más financiación para universidades públicas.
Es necesario garantizar una financiación pública suficiente para las universidades públicas que supere la media de inversión en la Unión Europea y se aproxime a la de países como Alemania, Francia o Reino Unido.
Reclamamos que finalice el proceso de asfixia presupuestaria y estrangulamiento de las universidades públicas españolas. La inversión máxima en educación superior, alcanzada en 2010, ascendió al 1,17% del PIB, muy lejos de la media de la Unión Europea, que fue del 1,25%.
Desde entonces, los presupuestos de nuestras universidades se han recortado más de 1.500 millones de euros. En 2011, nuestra inversión en educación superior descendió al 1,13% del PIB, mientras que la media europea subió hasta el 1,27%.
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Más igualdad en el sistema universitario español.
El nuevo modelo para calcular los precios de las matriculas universitarias establecido por el Real Decreto-Ley 14/2012, que los acerca al coste real de los estudios, y el nuevo sistema de becas, implantado con sucesivas modificaciones del Real Decreto 1721/2007, han incrementado la desigualdad en el acceso a la educación superior.
Por un lado, la LOU establece que los precios públicos de los grados y másteres que habilitan para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España cubrirán entre el 15 y el 25% de los costes en primera matrícula, el 30 y el 40% en segunda matrícula, el 65 y el 75% en tercera matrícula, y el 90 y el 100% a partir de la cuarta matrícula. El cálculo para el resto de másteres se fija entre el 40 y el 50% en primera matrícula y entre el 65 y el 75% a partir de la segunda matrícula.
Por otro lado, el nuevo régimen de becas, que combina requisitos económicos y académicos, ha endurecido los requisitos para acceder a las ayudas al estudio y ha disminuido su cuantía. Además, el descenso en el gasto de becas entre los cursos 2011/12 y 2013/14 fue de 210.397 millones de euros.
Ambas reformas legislativas y los recortes presupuestarios han provocado la expulsión de alumnos de la universidad por causas económicas.
Es necesario un cambio de modelo en el establecimiento de los precios de las matriculas para impedir las enormes diferencias que hay entre comunidades autónomas. Los precios de los másteres deben ser iguales a los de los grados y los precios de los grados deben bajarse significativamente. A paridad de poder adquisitivo, España es el 6º país con los precios máximos de los estudios de grado más caros de la UE.
Ha de establecerse un nuevo sistema de becas y ayudas al estudio e incrementar sustancialmente la asignación presupuestaria y el gasto ejecutado.
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Contra la privatización.
Las iniciativas del gobierno facilitan el crecimiento de nuevas universidades privadas, que accederán a una parte mayor del pastel de la educación superior.
El objetivo del gobierno es flexibilizar y desregular la creación de centros y universidades para facilitarles el negocio. El preámbulo de proyecto de Real Decreto de creación de centros y universidades recoge claramente sus intenciones de "crear un entorno mucho más favorable a la competencia y a la inversión, facilitando que los agentes económicos puedan beneficiarse de las ganancias de una mayor dimensión en términos de productividad y costes", en consonancia con la Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado.
Desde 1997, no se ha creado ninguna universidad pública, mientras que el número de universidades privadas ha pasado de 13 a 33, lo que ha provocado un crecimiento en el alumnado matriculado en éstas, como demuestran los datos de matriculación de Educación.
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Contra la reconversión.
Las decisiones del gobierno tienen varias derivas. Una en términos de financiación: con los grados de tres años sigue recortando dinero de la financiación de las universidades; y otra en términos de reconversión: con el nuevo modelo se seguirá eliminando empleo tanto entre el Personal Docente e Investigador (PDI) como entre el Personal de Administración y Servicios (PAS).
La pérdida de financiación en los últimos cuatro años, junto con las limitaciones para la contratación y la tasa de reposición impuestas por los Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades autónomas, han provocado que el sistema universitario público español esté perdiendo empleo. Entre enero de 2012 y enero de 2014, el número de empleados y empleadas de las universidades se ha reducido en 5.669 docentes y 2.455 miembros del personal de administración y servicios, según los datos del Boletín Estadístico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
El dato de destrucción de empleo referido al profesorado sería mayor si los contratos del PDI laboral se computasen como equivalentes en régimen de dedicación a tiempo completo, ya que muchos de los contratos son a tiempo parcial.
Asimismo, los datos del Ministerio de Educación muestran que la plantilla ha envejecido porque no se incorpora profesorado joven. El profesorado menor de 35 años ha pasado de ser el 0,9% en el PDI funcionario y el 18% en el PDI contratado, al 0,4% y el 13,6%, respectivamente.
En el caso de la plantilla de PAS de las universidades públicas, el porcentaje de plantilla joven ha pasado del 7,9% en PAS funcionario y el 15% en PAS laboral en el curso 2011/12, al 4,8% y 10% respectivamente.
