El Gobierno se niega a autorizar el incremento salarial de 2017 mientras no se aprueben los Presupuestos (PGE2017), y tiene prevista una subida del 1% excepto para las ayudas y contratos preDoctorales... ¡que será del 0%!
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Más allá del retraso que supone esa decisión del ministro Montoro para todas y todos los empleados públicos, que supone posponer el cobro de esa subida salarial,
las previsiones del Gobierno excluyen cualquier incremento para las ayudas y contratos preDoctorales. De forma que este año volverá a repetirse lo sucedido en 2016 cuando se nos excluyó del aumento del 1% que sí se aplicó al resto del sector público y las Administraciones Públicas.
Por ahora lo único que ha trascendido son
declaraciones difusas que señalan la intención del Gobierno de llevar a cabo un incremento en torno al 1%, similar al del año pasado... pero exclusivamente para el resto del sector público, excluyendo de dicha previsión al personal contratado con becas o contratos preDoctorales.
Algo totalmente inaceptable si consideramos que llevamos varios años perdiendo poder adquisitivo y que, este año, la previsión del IPC es de subida continua (ya hemos empezado con fuertes aumentos en combustibles y energía eléctrica) por lo que volveremos a sufrir otro revés, no solo con respecto al IPC sino también y como viene siendo habitual con respecto a los salarios pactados en el sector privado y en el resto de las Administraciones Públicas
aumentando el diferencial que ya existía con respecto a los salarios del personal funcionario y del personal laboral fijo.
Reclamamos incrementos salariales que garanticen una mejora significativa del poder adquisitivo, y para ello
defenderemos ante el Gobierno que las ayudas y salarios de 2017 se incrementen entre el 1,8% y el 3%. CCOO denuncia que la recuperación económica no está teniendo reflejo en los/as trabajadores/as, pues el incremento y actualización salarial se mantiene en valores alejados del objetivo de recuperación del poder adquisitivo perdido durante los años de crisis. Algo que se agrava si consideramos que son escasas las empresas y Administraciones Públicas que apuestan por la estabilidad en la contratación y demasiadas las que traspasan los límites de la legalidad haciendo contrataciones en fraude de ley, lo que provoca nuevas devaluaciones salariales en estas contrataciones fraudulentas, al margen de los Convenios o de las leyes.
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