El nuevo gobierno prioriza aprobar el EPIF para predoctorales

Durante la primera reunión entre representantes del nuevo Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con los sindicatos, nos han transmitido la intención del Gobierno de priorizar la aprobación del Estatuto de Personal Investigador en Formación (EPIF)

Información sobre la primera reunión

La delegación del Gobierno encabezada por el Secretario General de Universidades, José Manuel Pingarrón, informó a los sindicatos que tenían como prioridad la aprobación del EPIF con algunas modificaciones técnicas sobre el último borrador. CCOO les pidió que informen lo antes posible de los cambios que proponen, para permitir su discusión urgente y que eso no retrase innecesariamente la puesta en marcha del Estatuto para el personal investigador predoctoral [clic aquí para ver la última información disponible sobre el borrador de EPIF, que contenía importantes mejoras retributivas].

El Secretario General de Universidades también señaló que sus otras prioridades eran la negociación de un Estatuto del Personal Docente e Investigador universitario, por lo que en los próximos meses se constituirá la Mesa Sectorial de negociación de Universidades tal como viene pidiendo nuestro sindicato desde hace meses.

Además CCOO ha exigido la derogación de los Reales Decretos-Ley 14/2012 y 20/2012 que impusieron la precariedad en los campus españoles por la vía de los recortes. Petición en concordancia con el mismo criterio del Gobierno que impulsa la supresión de los recortes para la educación no universitaria..

Asimismo, CCOO ha denunciado el mal funcionamiento de la ANECA tanto a nivel de acreditaciones del personal docente e investigador como de evaluación de los sexenios de investigación y ha inquirido a Pingarrón sobre los mecanismos de acreditación institucional, de los que no hay información alguna en la página web de la ANECA. En vista de lo anterior, el sindicato ha emplazado al Ministerio a iniciar la negociación de nuevos criterios de acreditación considerando que van a cumplir dos años desde la aprobación de los actuales y la propia norma reguladora establece ese plazo para su revisión.

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