A esta iniciativa se ha sumado UGT acordando una campaña unitaria con CCOO bajo el lema "¡Ahora! Salario, empleo público y derechos" a la que esperamos que se incorporen el resto de organizaciones con el objetivo de movilizar y frenar las intenciones del ministro Montoro de mantener los recortes en el sector público.
Ambas organizaciones se dirigen al Ministerio de Hacienda y Función Pública para que abra un espacio de negociación real en el ámbito de la Mesa general de Negociación de las Administraciones Públicas que tenga efectos en los Presupuestos para el 2018, haya prórroga o nuevos presupuestos.
En este sentido, los sindicatos entienden que no puede ser un impedimento para ello la propia prórroga de los Presupuestos, pues existen antecedentes. En 1990 y 1996, por ejemplo, se introdujeron mejoras en las leyes de presupuestos, en materia salarial, de empleo u otras condiciones laborales.
CCOO y UGT reclaman que se recupere la negociación colectiva en todas las Administraciones Públicas para abordar cuestiones como jornadas, incapacidad temporal (IT), salud laboral, igualdad, formación, acción social, etc.
En materia de empleo, y partiendo del Acuerdo para la Mejora del Empleo Público firmado en marzo de este año, las dos organizaciones creen que el acuerdo debe ampliarse y consolidarse, tanto en el desarrollo del proceso de estabilización —para reducir al menos al 8% la temporalidad en las Administraciones Públicas—, como en la eliminación de la tasa de reposición que permita no sólo recuperar los cerca de 350.000 empleos públicos perdidos en estos años, sino que asiente las bases para la creación neta de empleo.
En cuanto a salarios, UGT y CCOO creen que las empleadas y empleados públicos deben verse reconocidos en el esfuerzo que se les ha exigido para contribuir al equilibrio presupuestario y a la reducción del déficit público, como así lo ha expresado en reiteradas ocasiones el propio Gobierno. Es por ello que exigen el reconocimiento de la deuda salarial que se tiene contraída con el conjunto de personas que trabajan para el sector público, y que se inicie la senda progresiva de la recuperación salarial, con cláusula de garantía salarial, para recuperar el poder adquisitivo perdido en estos años —aproximadamente un 13% desde 2010—.
La defensa de los derechos de las empleadas y empleados públicos es una prioridad en la acción sindical de CCOO y UGT, no sólo por el derecho que les asiste como trabajadoras y trabajadores, sino también por la necesidad de reforzar los servicios públicos, por cuanto supone para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, en términos de igualdad y cohesión social, siendo las empleadas y empleados públicos los garantes de ello.
En materia de empleo, y partiendo del Acuerdo para la Mejora del Empleo Público firmado en marzo de este año, las dos organizaciones creen que el acuerdo debe ampliarse y consolidarse, tanto en el desarrollo del proceso de estabilización —para reducir al menos al 8% la temporalidad en las Administraciones Públicas—, como en la eliminación de la tasa de reposición que permita no sólo recuperar los cerca de 350.000 empleos públicos perdidos en estos años, sino que asiente las bases para la creación neta de empleo.
En cuanto a salarios, UGT y CCOO creen que las empleadas y empleados públicos deben verse reconocidos en el esfuerzo que se les ha exigido para contribuir al equilibrio presupuestario y a la reducción del déficit público, como así lo ha expresado en reiteradas ocasiones el propio Gobierno. Es por ello que exigen el reconocimiento de la deuda salarial que se tiene contraída con el conjunto de personas que trabajan para el sector público, y que se inicie la senda progresiva de la recuperación salarial, con cláusula de garantía salarial, para recuperar el poder adquisitivo perdido en estos años —aproximadamente un 13% desde 2010—.
La defensa de los derechos de las empleadas y empleados públicos es una prioridad en la acción sindical de CCOO y UGT, no sólo por el derecho que les asiste como trabajadoras y trabajadores, sino también por la necesidad de reforzar los servicios públicos, por cuanto supone para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, en términos de igualdad y cohesión social, siendo las empleadas y empleados públicos los garantes de ello.
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