El Real Decreto 412/2014 por el que se elimina la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y se establecen los requisitos de acceso y procedimientos de admisión a las enseñanzas de grado fue publicado en el BOE el pasado sábado, 7 de junio [BOE]. Generará desigualdades y dificultades en el acceso, dejando al alumnado en situación de indefensión por lo que la Federación de Enseñanza de CCOO critica que, incluso para una misma titulación, los estudiantes tendrán que realizar pruebas que suponen un nivel de exigencia diferente en función de la comunidad autónoma y que éste variará, incluso, de una universidad a otra dentro de una misma región.
Las universidades podrán establecer sus propios procedimientos de admisión, criterios de valoración y reglas para establecer el orden en la adjudicación de plazas para cada titulación. Esta “desregularización” resulta discriminatoria para el alumnado, ya que, aunque la normativa contempla la posibilidad de que las universidades adopten procedimientos de coordinación similares, no es obligatoria.
Además, como previsiblemente todas las pruebas de acceso se concentrarán en un corto periodo de tiempo y en centros que pueden estar muy distantes entre sí, los estudiantes tendrán dificultades para concurrir a los exámenes en distintas universidades, especialmente en territorios con una oferta amplia de campus y titulaciones.
El Real Decreto acentúa la discriminación del alumnado al especificar que, para los bachilleres españoles europeos o de estados con los que se haya suscrito acuerdo de reciprocidad, las universidades podrán decidir que el acceso a la universidad se haga solo en base -o no- a la nota de Bachillerato; mientras que para los técnicos superiores de FP, de Artes Plásticas y Diseño y aquellos que cuentan con una formación de Técnico Deportivo Superior, las universidades deberán fijar obligatoriamente algún tipo de procedimiento de admisión.
Por otro lado, no se recogen mecanismos para establecer el número máximo de plazas en las universidades privadas, mientras que sí se regula el de las públicas. Dichas plazas serán propuestas por las universidades y deberán contar con la aprobación previa de la comunidad autónoma correspondiente. Nos encontramos, pues, ante una desregulación manifiesta del ámbito privado y con una más que probable reducción de la oferta pública.
Sin olvidar que todo este mecanismo implicará un caos organizativo en las propias universidades y un elevado gasto adicional que, otra vez, no recibirá financiación del Ministerio de Educación y ahondará aún más la penuria y los recortes que estamos sufriendo.
Incluso se han permitido indicarlo expresamente en el apartado 2 de la Disposición final segunda "2. De la aplicación de las previsiones contenidas en este real decreto no se derivará incremento de las dotaciones presupuestarias públicas, de los costes de personal, de las dotaciones de efectivos ni de sus retribuciones.". El famoso coste cero que todos conocemos de sobra y que al final resulta una mentira porque solamente significa que aunque haya necesidad de un mayor gasto el Gobierno no aportará nada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario