El informe preliminar del FMI sobre la situación económica de España se suma al optimismo electoralista del Gobierno para justificar las políticas de recorte y empobrecimiento que, junto a éstos y al BCE, ha promovido el Fondo. Pero lo cierto es que, incluso, las previsiones del Gobierno publicadas recientemente en su Programa de Estabilidad indican que perseverar en esta política económica conduce a la economía española, en el mejor de los casos, a un escenario de débil crecimiento con nula creación de empleo, donde la reducción de la tasa de desempleo se produce, en gran parte, por el abandono de la actividad laboral de los desempleados debido al desánimo, ante un mercado laboral sin oportunidades, o por su salida del país.
Desgraciadamente lo único que se puede afirmar, de momento, sobre la economía española es que la producción ha dejado de caer, sin que pueda decirse que ha terminado el ajuste del empleo, sobre todo tras las últimas estimaciones conocidas de la EPA. Sólo el sector exportador -al menos hasta ahora- mejora, lo cual es una buena noticia, pero sin entidad suficiente para provocar una recuperación vigorosa y con su valor muy concentrado en pocas empresas intensivas en capital, que hacen que su crecimiento se filtre poco al resto de la economía. Por otro lado, el poco empleo que se crea, dentro del contexto general de ajuste, es precario, a tiempo parcial, remunerado con salarios bajos y generador de ‘trabajadores pobres’.
Para CCOO, el FMI, al igual que el gobierno, no propone una política económica de impulso del crecimiento y reactivación de la demanda interna, que es lo que necesita la economía española para conseguir una recuperación fuerte y sólida, que alcance a las personas, y que tiene en la mejora del poder de compra de los salarios propuesto por CCOO, uno de sus ingredientes claves. La receta del Fondo sigue siendo insuficiente, centrada en aspectos complementarios (seguir mejorando las exportaciones, reestructurar la deuda de las empresas muy endeudas, reducir las barreras administrativas territoriales,…) o contraproducente con el objetivo de recuperar la demanda: profundizar aún más en la devaluación salarial (‘mejorar la capacidad de las empresas para adaptar la remuneración de los trabajadores’) y recortar del déficit público. El objetivo no debería ser, sin embargo, reducir la deuda pública a través de la rebaja del déficit sino mediante estímulos a la demanda que terminen aligerando su importancia relativa sobre el PIB. Aunque sin un plan a favor del crecimiento, el FMI, al menos, reconoce la necesidad de una política monetaria más expansiva, frente al inmovilismo del BCE, y que los bancos también han recortado el crédito en lugar de aumentar capital, lo que le lleva a recomendar su ampliación, así como limitar el reparto de dividendos y bonus, aunque sólo en efectivo, mientras que los recortes para los trabajadores carecen de compensación en las empresas.
El FMI no muestra ni preocupación ni autocrítica por el sufrimiento innecesario que está generando una política tan corta de miras, ni por el aumento de la pobreza y la desigualdad que le acompaña, a pesar de haber señalado a España en otros informes como la economía más desigual de la UE en la distribución de la renta y con mayores diferencias entre ricos y pobres. La crisis, las políticas de empobrecimiento, la reforma laboral y la devaluación salarial están teniendo efectos muy negativos sobre las personas. El riesgo de pobreza o exclusión social sigue aumentando y alcanza ya al 27,3%, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, que publicó también ayer sus datos definitivos para 2013. El Fondo no tiene, sin embargo, ningún planteamiento para combatir este problema, como la ‘renta mínima garantizada’ propuesto por CCOO y plantea una reforma fiscal que -aunque coincidimos en que tiene que conseguir más ingresos- lo hace proponiendo más impuestos regresivos (en oposición al IVA superreducido para los hogares de CCOO), menos fiscalidad directa sobre las empresas (que según el Fondo servirá para promover el crecimiento inclusivo (¿?)) y obviando la posibilidad de aumentar la fiscalidad sobre el capital y la riqueza (patrimonio, donaciones y herencias) y reforzar la lucha contra el fraude fiscal.
Por último el FMI plantea también en su informe mejorar las políticas activas de empleo, aunque olvida apuntar que los recursos presupuestarios destinados a este fin, se han recortado a la mitad y que esto ha supuesto eliminar gran parte de los servicios de orientación y una parte de la formación para desempleados. Olvida, asimismo, señalar que la falta de supervisión por parte del Servicio Público Estatal de Empleo es responsable de la descoordinación que existe entre los servicios regionales y apuesta por una política de privatización de las actividades de colocación que sólo conduciría a una política de empleo menos efectiva, pues no aprovecha las complementariedades y sinergias que se derivan de su gestión junto a las tareas de formación y orientación.
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