Desde CCOO consideramos imprescindibles las políticas de concienciación y sensibilización social y el refuerzo de los recursos sociales, económicos y jurídicos que favorezcan la visibilidad y la denuncia de la violencia de género y llaman a la participación en las distintas movilizaciones que las organizaciones de mujeres, sociales y sindicales convocan el 25 de noviembre para manifestar su compromiso en la denuncia y por la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Con motivo de Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres CCOO ha elaborado un manifiesto en el que denunciamos el impacto de los recortes en los PGE del Gobierno central que en políticas de igualdad entre mujeres y hombres se reducen el 24,1% y el 6,8% para la lucha contra la violencia de género. También se reduce un 6% la partida total destinada a la atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, y por segundo año consecutivo las CCAA son las grandes perjudicadas, reduciendo la cuantía que se les adjudicaba para Programas de asistencia social par mujeres víctimas de violencia de género, que percibirán en 2013 un 20% menos.
También denunciamos los efectos perniciosos del fracaso de una política gubernamental que precariza las condiciones de vida y trabajo de las personas, incrementa las bolsas de desigualdad y pobreza e impacta doblemente en las mujeres, penalizadas por la adjudicación de las cargas familiares y la atención a la dependencia; situación que supone un grave retroceso en su autonomía e independencia económica, estrategia imprescindible para salir de las situaciones de violencia, tal como refleja en informe del Consejo General del Poder Judicial, "la violencia económica es un factor mas de presión al que se ve sometida la víctima".
CCOO reitera su apoyo a la ley 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género y valoran los logros alcanzados, si bien consideramos que hay carencias importantes en la aplicación de la norma que deben ser resueltas par combatir y eliminar la violencia de género y que deberían contemplar el asesoramiento previo y la asistencia jurídica especializada y gratuita durante todo el proceso judicial; la mejora y fortalecimiento de la coordinación y colaboración de todas las administraciones, de cuerpos policiales y de seguridad, judicatura, fiscalía, abogacía, profesionales sanitarios y servicios sociales y educativos; la creación de juzgados especializados y puesta en marcha de unidades de valoración integral del riesgo; reforzar las acciones den sensibilización y formación especializada de carácter mas integral a los operadores jurídicos, y por último aplicar la normativa igualitaria para combatir en sexismo existente en la publicidad y algunos medios de comunicación, integrar la igualdad en los contenidos curriculares, favorecer la formación inicial y permanente del profesorado, promover la sensibilización de la infancia y adolescentes, contribuyendo a los necesarios cambios en valores y actitudes sociales imprescindibles para la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.
También denunciamos los efectos perniciosos del fracaso de una política gubernamental que precariza las condiciones de vida y trabajo de las personas, incrementa las bolsas de desigualdad y pobreza e impacta doblemente en las mujeres, penalizadas por la adjudicación de las cargas familiares y la atención a la dependencia; situación que supone un grave retroceso en su autonomía e independencia económica, estrategia imprescindible para salir de las situaciones de violencia, tal como refleja en informe del Consejo General del Poder Judicial, "la violencia económica es un factor mas de presión al que se ve sometida la víctima".
CCOO reitera su apoyo a la ley 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género y valoran los logros alcanzados, si bien consideramos que hay carencias importantes en la aplicación de la norma que deben ser resueltas par combatir y eliminar la violencia de género y que deberían contemplar el asesoramiento previo y la asistencia jurídica especializada y gratuita durante todo el proceso judicial; la mejora y fortalecimiento de la coordinación y colaboración de todas las administraciones, de cuerpos policiales y de seguridad, judicatura, fiscalía, abogacía, profesionales sanitarios y servicios sociales y educativos; la creación de juzgados especializados y puesta en marcha de unidades de valoración integral del riesgo; reforzar las acciones den sensibilización y formación especializada de carácter mas integral a los operadores jurídicos, y por último aplicar la normativa igualitaria para combatir en sexismo existente en la publicidad y algunos medios de comunicación, integrar la igualdad en los contenidos curriculares, favorecer la formación inicial y permanente del profesorado, promover la sensibilización de la infancia y adolescentes, contribuyendo a los necesarios cambios en valores y actitudes sociales imprescindibles para la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.
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