Pero el Estatuto del PDI fue, sin duda, el principal objetivo del debate como consecuencia de la importancia que este documento puede tener para las relaciones laborales en las universidades y, también hay que decirlo, por los fallidos intentos anteriores.
Sin embargo, en esta ocasión CCOO ha exigido que se lleve a cabo de una manera más formal: constituyendo la Mesa Sectorial de Universidades para que los aspectos que se vayan negociando sean consolidados como acuerdos de obligado cumplimiento, evitando así que cambios en el Gobierno puedan anularlos o paralizar su aplicación.
Además, al analizar aquel documento de 2011 vimos que hay aspectos que han evolucionado y necesitan ser reflejados en el Estatuto del PDI. Como la posibilidad de nuevas figuras contractuales que permitan terminar con la precariedad de los denominados "falsos asociados" y, aún más claramente, establecer que el personal investigador contratado (predoctorales, postdoctorales, contratos por Proyecto...) también forman parte del PDI y deben ser integrados en la estructura universitaria aunque su regulación formal corresponda a la Ley de la Ciencia y no a la Ley Orgánica de Universidades. Integración que ya hemos logrado en varios Convenios colectivos pero que suele encontrar obstáculos por parte de las universidades y que, de esta forma, quedaría fuera de toda discusión.
En lo básico, nuestra propuesta de Estatuto del PDI sigue manteniendo los 24 Créditos como tope máximo de carga docente, el mantenimiento del modelo mixto laboral/funcionario para la carrera docente y el resto de reivindicaciones que planteamos ante el último borrador de 2011 y que aún siguen pendientes.
En la reunión de la Sección Federal se realizó un amplio repaso por diversas cuestiones que están afectando al colectivo del personal investigador contratado, desde los problemas en la aplicación del Estatuto del Personal Investigador Postdoctoral en Formación (EPIPF), las dos sentencias que están pendientes de salir del Tribunal Supremo ante reclamaciones de CCOO extendiendo las subidas salariales anuales para postdoc y contratos por Proyecto y la indemnización por fin de contrato predoctoral, los problemas derivados de la incapacidad de este colectivo de afrontar reclamaciones individuales en vía judicial porque no suelen afiliarse sindicalmente y por eso no disponen de abogados de apoyo, la sentencia que también esta pendiente en Cataluña por la prórroga automática del cuarto año en los contratos predoctorales de la Generalitat, etc.
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| [El segundo día de la Sección Federal de Universidades coincidió con una asamblea de Delegadas de CCOO para lanzar las próximas acciones del 8 de Marzo] |
Este mecanismo no es tan relevante en las universidades que han integrado esta negociación de forma positiva en la elaboración de Planes de Igualdad global para la comunidad universitaria (incluyendo al alumnado), pero es fundamental en aquellas donde el equipo rectoral solamente permite un documento formal para "cumplir la ley" olvidando los objetivos reales que parten de la necesidad de elaborar previamente un estudio de diagnóstico, para saber exactamente donde y cómo se producen las desigualdades. Por lo que CCOO promoverá denuncias judiciales contra estas universidades que se niegan a cumplir lo que obligan las leyes de igualdad.
También se resaltó la problematica derivada de los protocolos de acoso sexual y sexista, que en algunos casos están provocando el desplazamiento de las víctimas mientras los acosadores permanecen inmunes, como consecuencia de la lentitud del protocolo o su ineficacia. Otra situación observada y que se debe evitar, es un intento de los rectorados para trasladar las denuncias por acoso a la fiscalía judicializando el problema, algo que en los casos de acoso leve o moderado implica que los juzgados no aprecien delito (aunque si una actuación ética criticable) y cuando vuelven a la vía universitaria ya no pueden hacer nada porque ha caducado el procedimiento. Sin olvidar que los procesos judiciales son lentos dada la saturación de los Tribunales de justicia y las víctimas deben soportar la convivencia con sus acosadores en los centros por la negativa de los rectores a adoptar medidas cautelares de protección.
Por eso nos recordó la necesidad de aprovechar la estabilidad política y económica para trabajar dejando claro que "en esta legislatura tenemos que arreglar algunas cosas en la Educación". También nos comentó que la Federación de Enseñanza participa coordinadamente con las Federaciones de Sanidad y el sector de Administración Pública para negociar un Tercer Acuerdo que permite seguir recuperando derechos arrebatados durante los recortes, mejorar las retribuciones y permitir que se consolide el objetivo de reducir la temporalidad y precariedad en el empleo público ya que los dos Acuerdos anteriores fueron muy limitados por las exigencias del ministro Montoro.
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