viernes, 12 de abril de 2019

EPIPF: CCOO promoverá su aplicación inmediata y su mejora en la negociación colectiva

La regulación que se ha aprobado con el EPIPF tiene carácter de mínimos legales que puede y debe ser objeto de mejora y complementación en la negociación colectiva, ámbito en el que desde este momento concentraremos nuestra actividad sindical para mejorar las condiciones de empleo del colectivo


[Se puede descargar en comunicado completo con la valoración
del EPIPF en los enlaces ubicados al final del artículo]
CCOO esta poniendo en marcha un sistema de revisión para comprobar el correcto cumplimiento de los nuevos mínimos legales establecidos en el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación (EPIPF), especialmente en lo que se refiere al pago de las nuevas retribuciones mínimas. Salarios que, especialmente en el tercer y cuarto año, tienen un incremento importante tal y como señalamos en nuestro comunicado de valoración.

ESTATUTO DEL PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN FORMACIÓN:
VALORACIÓN COMISIONES OBRERAS Y PRINCIPALES CONTENIDOS:

COMISIONES OBRERAS valora positivamente que, aunque con casi seis años de retraso respecto de la fecha límite prevista en la Ley 14/2011, de la Ciencia, la tecnología y la innovación, el Gobierno haya aprobado el Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador predoctoral en formación, cuyos principales contenidos son el fruto de un dilatado proceso de reivindicación y negociación por parte de nuestro sindicato y del colectivo afectado.

Su aprobación constituye un importante paso en la medida que aporta seguridad jurídica y, en algunos casos, destacables mejoras en la contratación predoctoral, en particular en materia salarial. Es cierto que algunos aspectos se han quedado en el tintero –por ejemplo, la indemnización por fin de contrato comprometida por el Gobierno en su acuerdo con el Grupo Parlamentario Unidas-Podemos-En marea- y que en la última fase de la tramitación el Gobierno ha introducido modificaciones controvertidas y cuya legalidad plantean numerosas dudas –la eliminación del sueldo mínimo transitorio de 16.422 anuales y la sustitución por un farragoso sistema de prorrateo de los sueldos durante los cuatro años de duración del contrato, prorrateo que estamos estudiando su posible impugnación por parte de CCOO al considerarlo ilegal- y dejan en el aire aspectos reivindicados fuertemente por el colectivo investigador como, por ejemplo, las actualizaciones salariales anuales.

En todo caso, el nuevo estatuto supone un claro avance y el establecimiento de las bases del modelo reivindicado y negociado desde Comisiones Obreras: basado en la mejora salarial y la limitación de horas y la garantía de voluntariedad de las colaboraciones docentes, así como las mayores garantías en materia de extinción, evitando así la consolidación del modelo de investigador low cost que se manifestaba en los distintos programas de contratación promovidos hasta ahora por el Gobierno.

Además, la nueva regulación supone un nuevo y positivo salto cualitativo: el reconocimiento de la centralidad de la negociación colectiva en la determinación de las condiciones de trabajo del personal investigador en formación (como reconocen expresamente los artículos 3 y 8 del Decreto aprobado, las condiciones de trabajo de este personal a partir de ahora se deben regular por las normas legales aplicables y por los convenios colectivos aplicables). Ello no solo supone que se ha de producir un cambio en el modelo de regulación (con la sustitución paulatina del papel regulador de condiciones de trabajo de “las convocatorias de contratos”, por su regulación en acuerdos y convenios colectivos) sino que, además, significa que se abre un nuevo y amplio espacio para abordar en el marco de la negociación tanto los aspectos que han quedado pendientes como muchos otros que permitan la concreción y desarrollo del propio decreto aprobado.
1.- Aplicación inmediata del régimen salarial a los contratos vigentes.


viernes, 5 de abril de 2019

CCOO inicia las denuncias por sueldos predoctorales

Desde el pasado 1 de enero varias universidades tenían que incrementar el salario de un grupo de predoctorales contratados con convocatorias propias para actualizarlo al SMI


[clic en la imagen para ampliar o en  los enlaces ubicados
 abajo para leer la noticia completa en la prensa]
Y desde marzo, además, deben hacerlo a la mayoría, aunque sean FPU, FPI, autonómicas o propios de la Universidad, en aplicación del recientemente aprobado Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación (EPIPF).

Lo escandaloso es que la actualización de enero debió ser para incrementar a quienes aún cobraban por debajo del nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI), establecido en 900€ para este año. Algo que afecta a varios colectivos en las universidades de La Laguna, Isles Balears, León, Oviedo, Málaga y Extremadura. 

En el caso de la ULL, casi cuarenta investigadores e investigadoras predoctorales que cobran 778€ brutos mensuales deberían haber tenido un incremento automático desde hace tres meses, pero según declaró ayer por la mañana el Rector a una emisora de radio "existen problemas administrativos" para poder hacerlo. Y es en esta universidad donde hemos iniciado las primeras denuncias, que luego iremos extendiendo al resto antes de iniciar también las correspondientes al EPIPF.


[clic en la imagen para ampliar]
Nota actualizando la información: "Milagrosamente", ayer mismo a última hora de la mañana (14:55h)... y después de la rueda de prensa de CCOO (10:00h) denunciando la situación...   la ULL comunicó a los afectados que esta semana se les pagarían los atrasos desde enero y se les actualizará la nómina de este mes. Parece que ese problema administrativo que ha impedido aplicar un RD Ley durante tres meses han podido arreglarlo en solo un día, cuando se ha llevado a cabo la denuncia pública del problema.
Hemos confirmado que el día siguente se realizó el pago por este incremento del SMI.

CCOO detectó este problema después de las quejas de varios predoctorales afectados y como consecuencia del seguimiento que nuestro sindicato ha venido realizando, en todo el país, desde la aprobación del nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para este año. Ya que se habían detectado que algunas empresas tenían reticencias al cumplimiento del incremento acordado por el Gobierno.

Una vez cumplidos los tres meses desde su aplicación y constatando que aún persisten muchos incumplimientos, CCOO ha iniciado una campaña de denuncias con el objetivo de su pago de forma inmediata en todas las empresas en las que aún no se haya formalizado. Exigencia especialmente importante si tenemos en cuenta que se trata del salario más bajo que es posible cobrar legalmente y, por lo tanto, la situación de precariedad que suelen sufrir las trabajadoras y trabajadores afectados por el mismo.

Este incumplimiento, por parte de algunas empresas, se está produciendo mayoritariamente por medio de trucos en su configuración al meter otros conceptos salariales absorbidos por el SMI, como ha sucedido en el sector agrícola canario y que CCOO ya ha denunciado en días pasados.

Pero en unos pocos casos su incumplimiento se realiza con total impunidad, como está pasando en la Universidad de La Laguna y que afecta a unos cuarenta investigadores e investigadoras jóvenes que siguen cobrando salarios por debajo de los ochocientos euros cuando el SMI ya establece 900€ mensuales desde el día 1 de enero.

Ante la avalancha de consultas y protestas, la propia Gerencia de la ULL emitió a finales de enero una circular informativa intentando tranquilizar a los afectados, en la que reconocía el incremento y señalaba que se estaba procediendo a adaptar los salarios afectados a ese incremento legal. Sin embargo han pasado tres meses desde que se debería haber realizado esa adaptación y dos desde que la Universidad de La Laguna emitió ese comunicado, sin que hasta la fecha se haya iniciado ningún proceso de pago. Tal como hemos podido comprobar en la Unidad de Nóminas de la universidad.

Consideramos absolutamente criticable el mantenimiento de tan bajos salarios para el colectivo de jóvenes investigadores, algo que en estas semanas esta siendo producto de intenso debate a nivel nacional en un intento de promover la I+D+i en nuestro país y de permitir el regreso de cientos de buenos investigadores e investigadoras que han tenido que emigrar.

Pero mucho más injustificable es que la Universidad de La Laguna intente mantener unos sueldos mínimos ilegales retrasando la aplicación del nuevo SMI, adoptando un comportamiento muy alejado de lo que debería ser el espíritu universitario del que tanto presume el rector Antonio Martinon. Precisamente, nos tememos que la ULL está intentado retrasar todo lo posible su aplicación aun sabiendo que actúan ilegalmente, hasta que se cumpla el mandato del actual Rector dentro de dos meses y que sea el siguiente equipo de Gobierno universitario quien se responsabilice de su aplicación. Algo que consideramos absolutamente indecente porque eso puede suponer que hasta después del verano no se actualizarían los sueldos como consecuencia del proceso de toma de posesión.

viernes, 15 de marzo de 2019

Decepcionante recorte del EPIF predoctoral publicado en el BOE

La primera impresión tras leer el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación (EPIPF), publicado hoy viernes en el BOE, es de decepción al observar un recorte sobre el documento negociado previamente y publicado como borrador para consulta pública

Decepción y casi podríamos decir "engaño" si tenemos en cuenta que el Gobierno pacto con los sindicatos y asociaciones de personal investigador un salario mínimo anual de 16.422€, tal como se publicitó en el borrador puesto a Exposición Pública y alegaciones o como la propia prensa difundió tras el Consejo de Ministros del día 1 de marzo, pero que misteriosamente ha desaparecido del documento que finalmente se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado.
De esa manera, existirá un salario mínimo predoctoral superior al existente hasta ahora que era el SMI interprofesional (12.600€ brutos anuales), pero inferior al pactado (16.422€) ya que el Gobierno sí ha mantenido el acuerdo en lo relativo al salario de referencia para aplicar los porcentajes previstos en la Ley 14/2011 de la Ciencia a la categoría del Grupo 1 del Convenio Único de la Administración General del Estado.

De forma resumida podemos indicar que, para los dos primeros años de Contrato la situación era/es la siguiente:
Salario mínimo predoctoral hasta el 31/12/2018: SMI = 10.302€ brutos anuales.
Salario mínimo predoctoral del 1/1/2018 hasta hoy: SMI = 12.600€ brutos anuales.
Salario mínimo predoctoral a partir de mañana: 56% Grupo 1 Convenio único AGE = 16.127€
Salario mínimo predoctoral pactado entre sindicatos y asociaciones con el Gobierno pero que ha sido "recortado" en el RD sobre EPIPF = 16.422€.

Cabecera de uno de los artículos publicados por la prensa
tras el anuncio del Consejo de Ministros
Inicialmente ese "recorte" del Gobierno sobre el salario mínimo pactado previamente serían de unos 900€ brutos anuales si se aplica como referencia el salario del Grupo 1 establecido en el III Convenio Colectivo de la AGE. Pero, finalmente, el impacto negativo de ese recorte se reducirá a solo 300€ gracias a que hace dos semanas los sindicatos hemos firmado con la AGE el IV Convenio Colectivo incrementando las retribuciones del Grupo 1 que sirve de referencia. Por lo que el salario mínimo para primer y segundo año de contrato (56% del salario de referencia) será finalmente de 16.127€ (habrían sido 15.538€ de haberse mantenido el III Convenio Colectivo AGE) mientras que ascenderá a 17.279€ el tercer año de contrato (60% de la referencia) y 21.599€ el cuarto año (75%).


OTROS CAMBIOS O INCUMPLIMIENTOS QUE HEMOS DETECTADO

En el EPIPF publicado en BOE también se observan algunos otros cambios sobre el documento pactado previamente que no reflejan necesariamente recortes o aspectos negativos, pero que no han sido explicados y pueden generar dudas sobre su interpretación.

Detalle de la Memoria de impacto elaborada por el Gobierno
diciendo exactamente lo contrario de lo que ahora señalan
en la Disposición final cuarta del RD

En concreto se han introducido dos párrafos relativos a la financiación o presupuesto que, como mínimo, resultan incomprensibles y que deberán ser explicadas por el Gobierno:  Un tercer apartado en el Artículo 7 dedicado a las Retribuciones "3. La aplicación de la cantidad anual resultante se podrá también computar al periodo total del contrato predoctoral de cuatro años." y una Disposición final cuarta sobre Gasto público "La aplicación de este real decreto no supondrá incremento del gasto público." que contradice lo previsto en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo del proyecto de Real Decreto que indicaba claramente que sí implicaba incremento del gasto público, tal como puede verse en la imagen de la captura de dicho documento interno del Gobierno que insertamos a la izquierda.

A lo largo de la próxima semana informaremos más detalladamente del EPIPF, del que seguiremos resaltando los aspectos positivos que contiene así como los "recortes" de última hora aplicados por el Gobierno y de los que no han dado ninguna explicación a los sindicatos tras la negociación.

Paralelamente desde CCOO iniciaremos una campaña informativa y de seguimiento en todas las OPIs y universidades para garantizar la aplicación inmediata de las mejoras que sí se han mantenido según lo pactado, por lo que hacemos un llamamiento a todo el colectivo predoctoral para que asuman su papel como empleados y empleadas públicas y se integren en la negociación colectiva de sus condiciones laborales y Convenios Colectivos mediante su afiliación masiva a los sindicatos y la participación activa en las candidaturas de las elecciones sindicales que se desarrollen en sus respectivas empresas y organismos. Este EPIPF, aunque recortado en algún punto sobre lo previamente negociado, recoge mejoras importantes que reconocen los derechos laborales del personal investigador predoctoral y que, para su aplicación inmediata, hace necesaria la participación activa del colectivo.

viernes, 18 de enero de 2019

La cotización de las Prácticas Externas ayudará a reducir el fraude

A juicio de CCOO, el Real Decreto ley 28/2018 por el que el Gobierno asegurará que las empresas, instituciones o centros de formación den de alta en la Seguridad Social a quienes estén desarrollando prácticas no laborales, constituye una herramienta útil para reconocer el esfuerzo formativo de la juventud y poner coto a los abusos y el fraude existente

Como resultado de las exigencias sindicales en el marco del Acuerdo de Pensiones de 2011 y de la posterior batalla legal emprendida por CCOO en los tribunales, quienes se encontraban desarrollando prácticas con algún tipo de ayuda económica pasaron en los últimos años a ser dados de alta en la Seguridad Social con el objeto fundamental de contribuir a completar carreras de cotización a quienes retrasan su incorporación al mercado de trabajo, prolongando su periodo formativo. Sin embargo, quienes, desarrollando también prácticas no laborales, no recibían ninguna contraprestación económica siguen sin poder cotizar por ninguno de los conceptos previstos, ya de por sí limitados en relación a los de cualquier trabajador en alta en el Régimen General.

La reciente iniciativa del Gobierno, que pretende responder a peticiones de CCOO, así como de otras organizaciones estudiantiles y juveniles, debe servir para detectar mejor y de forma eficaz la utilización fraudulenta de las becas para encubrir lo que deberían ser contratos laborales, además de contribuir a mejorar las carreras de cotización de quienes -desde el momento de su entrada en vigor- desarrollen prácticas no laborales con o sin compensaciones económicas, así como de quienes las desarrollaran en el pasado y quieran ahora recuperar con carácter retroactivo hasta dos años de cotización a la Seguridad Social.

Lo fundamental de la medida, no obstante, es que situará en el mapa a la totalidad de los llamados ‘becarios’, dado que deberán ser dados de alta con independencia de si reciben o no algún tipo de ayuda. Saber cuántos son; en qué empresas, instituciones o universidades se encuentran, o si reciben o no contraprestaciones permitirá a las Administraciones Públicas y a los sindicatos detectar con más facilidad una realidad en muchos casos fraudulenta, que encubre lo que deberían ser relaciones de trabajo asalariado bajo la plena cobertura del Estatuto de los Trabajadores.

El coste que las empresas o instituciones deberán asumir por la cotización es tan reducido (inferior a los 40 euros mensuales) que no cabe alegar, como ha hecho la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), una disminución previsible y relevante de la oferta de prácticas curriculares.

UNA HERRAMIENTA ÚTIL, PERO INSUFICIENTE

Jóvenes CCOO lleva años reclamando, con otras organizaciones sindicales y sociales, un nuevo marco regulatorio para las prácticas no laborales que garantice su carácter formativo y permita combatir eficazmente el fraude. Por una parte, a través de la creación de un ‘Estatuto del Becario’ que asegure una formación de calidad –tutorizada, con ayudas económicas y adecuadamente reglamentada – a quienes deben desarrollar prácticas curriculares para completar su itinerario académico. Y por otra, a través de la supresión de las prácticas extracurriculares (aquellas no vinculadas al currículo académico del estudiante), transformándolas en contratos de trabajo dotados de todos los derechos asociados a una relación laboral.