viernes, 27 de junio de 2014

La universidad pública al borde del precipicio

La pérdida de ingresos del Estado por la reducción de impuestos que ha anunciado Montoro, junto con las previsiones del PNR enviado a Bruselas, dejan sin futuro a las universidades públicas

Último número de la revista TE
Evidentemente, esta situación no ha sido sobrevenida ni debe sorprendernos. Llevan anunciando su modelo de universidad desde que comenzó la legislatura y Wert ha ido construyéndolo de forma progresiva. Es cierto que las huelgas de enseñanza han impedido que elabore una nueva LOU, pero nuestro ministro ya avisó que aplicaría algunas reformas parciales. Y eso es lo que esta haciendo: eliminación de las PAU, sustitución de las becas por préstamos, cambio en las titulaciones pasando los Grados/Máster de 4+1 a 3+2, reducción de las plantillas de PAS y profesorado extendiendo la contratación temporal y en precario (interinos, ayudantes doctor sin continuidad, asociados...), eliminando la objetividad en las acreditaciones de profesorado e incrementando la presión de las verificaciones con más exigencias y carga burocrática...

En este sentido, la pérdida de ingresos que sufrirá el Estado como consecuencia de la reducción en la recaudación de impuestos, anunciada por el Ministro de Hacienda, junto con el compromiso adquirido por el Gobierno ante Bruselas con el Plan Nacional de Reformas (PNR) [clic aquí 192 páginas PDF] implican nuevas dificultades para la financiación universitaria que, evidentemente, no podrán venir por la vía tradicional de las reducciones presupuestarias que ya han dejado a las universidades en condiciones mínimas de funcionamiento. Esa nueva reforma financiera se aplicará a través del sistema de copago, e implica la reducción/eliminación de las becas (transformándolas en préstamos) y el aumento de los ingresos por matrícula (de forma directa con el incremento de las Tasas académicas y de forma indirecta pasando un año de Grado a Master 3+2 que cuenta con precios mucho más elevados).

En definitiva, este sistema implica que las universidades tendrán que sustituir financiación pública con las aportaciones que realice su alumnado y, aquellas que no sean capaces de adaptarse, deberán reducir drásticamente su tamaño eliminando titulaciones. Algo que será extensible a mayor parte de las universidades si tenemos en cuenta los últimos datos sobre matriculaciones: las universidades privadas  solamente cuentan con el 8% del alumnado de Grado pero, en cambio, ya tienen el 40% de las matrículas de Master. Así que el nuevo 3+2 supondrá una nueva e importante pérdida de estudiantes en las universidades públicas como consecuencia del incremento que eso supone sobre las Tasas de su "cuarto año" universitario al pasar a Máster: unos/as simplemente no podrán realizar el posgrado por falta de recursos económicos y el resto optarán por cursarlo en centros privados que, por un poco más de dinero, les ofrece menor presión académica (por no decir Títulos casi regalados) junto con mayores facilidades de colocación profesional al estar vinculadas con el mundo empresarial (aunque sea a través de becas y contratos precarios).

Alberto Marín (izquierda) asistió representando a Canarias
Esta previsión fue analizada durante la última reunión del Secretariado de universidades de CCOO, celebrada la pasada semana en Madrid, y a la que asistieron los/as Responsables de universidad de todas las Comunidades Autónomas, con el objetivo  de debatir y acordar la estrategia de nuestro sindicato para el próximo curso académico y estudiar cómo afrontar este nuevo paquete de recortes.

Durante la reunión se analizaron varios Reales Decretos que el Ministerio de Educación esta preparando:

  • De sustitución de las becas por préstamos (ya anunciado por la Secretaria de Estado y desmentido posteriormente por el Ministro); 
  • El de cambio de modelo en las Titulaciones pasando a 3+2 Grado/Master; 
  • El de Prácticas Externas eliminando la cotización a la seguridad social de los/as becarios/as; 
  • Uno sobre Centros para facilitar las fusiones y supresiones; 
  • Acreditaciones del profesorado, sustituyendo los criterios objetivos por otros subjetivos ("cualitativos" según el Ministerio).

En este sentido el Secretariado de CCOO ha acordado desarrollar una mayor coordinación con los representantes del sindicato en los Consejos Sociales, poner en marcha una mayor cooperación con el resto del Área Pública de CCOO (sanidad, administración pública, educación no universitaria)  para incrementar las medidas de protesta frente a la reducción de plantillas y la congelación salarial.


miércoles, 25 de junio de 2014

Sindicatos de Función Pública exigen el derecho a la negociación colectiva

CCOO, UGT y CSIF anuncian medidas de presión para exigir a Montoro que convoque ya la Mesa General de Negociación

Los sindicatos mayoritarios de Función Pública, CCOO, UGT y CSIF, remitieron el pasado 10 de junio una carta al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en la que le solicitaban la convocatoria de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, rota desde 2010.

La Administración lleva cuatro años desoyendo nuestra reivindicación de negociación colectiva y el diálogo social como saludable instrumento democrático. Y, mientras tanto, mantiene imposiciones por real decreto ley y modifica, de manera unilateral, el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

Reiteramos la necesidad de que la Administración convoque, formal e inmediatamente, la Mesa General de las Administraciones Públicas, para tratar asuntos que conciernen no sólo a los dos millones y medio de empleadas y empleados públicos sino al conjunto de ciudadanos y ciudadanas que merecen la mejor de las prestaciones en todos los ámbitos de los servicios públicos.

Ante esta actitud del Gobierno, CCOO, UGT y CSI-F, y bajo el lema “Negociación ya”, van a poner en marcha una serie de acciones y medidas de presión. Los trabajadores y trabajadoras se concentrarán el viernes 11 de julio en las puertas de los centros de trabajo, en horario variable de desayuno o cambio de turno. El martes, 15 de julio, habrá concentraciones en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de cada comunidad autónoma. En Madrid tendrá lugar además una concentración a las 12,00 horas frente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en la calle Alcalá, 5, donde se dará lectura a un manifiesto donde se explicarán nuestras reivindicaciones.

Estas actuaciones son el inicio de una campaña de movilizaciones que se intensificarán a partir de septiembre en caso de que el Gobierno siga negándose a reconocer de manera efectiva el derecho a la negociación colectiva de las empleadas y empleados públicos, y no cesará hasta que el Gobierno cumpla con su obligación de negociar en el ámbito público, con los empleados y empleadas, sus condiciones laborales y las condiciones de prestación de los servicios, que debe sustentar nuestro sistema institucional, social y el Estado de Bienestar.

miércoles, 18 de junio de 2014

FREMAP, la nueva mutua de la ULL, debe 43 millones a la Seguridad Social

El pasado domingo el diario EL PAIS aireaba los 43 millones de Euros que la Seguridad Social reclama a Fremap por realizar gastos indebidos

[clic en la imagen para ampliar]
Gastos que han sido financiados con cargo a la Seguridad Social como si fueran parte de la gestión que dicha mutua realiza como entidad colaboradora en materia de enfermedades y accidentes laborales, y que se han destinado a "coches de lujo, dietas, marisco y viajes" según los datos a los que ha tenido acceso EL PAÍS [WEB].

Reclamación de gastos indebidos que la Seguridad Social reclama para que se le reintegren y que ascienden a una cifra mayor de la que dispone esta mutua en su patrimonio (ver el cuadro comparativo de la derecha que se adjunta como gráfico).

Aunque el escándalo ha surgido ahora, CCOO ya viene denunciando esta situación en algunas mutuas desde hace cinco años. Tiempo en el que la Seguridad Social, propiciado por los gobiernos de Zapatero y Rajoy, ha ido delegando competencias y funciones en estas entidades en detrimento de la propia Seguridad Social y de los Servicios de Salud de las Comunidades autónomas, con el objetivo de reducir gastos y al mismo tiempo incrementar el control y la presión de los empresarios sobre las bajas por enfermedad de sus empleados.

Casualmente, desde el pasado mes de mayo, Fremap ha sido la mutua a la que se le ha adjudicado el servicio de revisiones médicas y de Vigilancia de la Salud para el personal de la Universidad de La Laguna (para evitar confusiones queremos recordar que en nuestra universidad opera otra mutua -MAC- que es responsable de los accidentes laborales y del seguimiento de las bajas médicas por IT).
La noticia publicada por el diario EL PAÍS relata supuestas irregularidades en la gestión de fondos públicos realizada por Fremap, la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social con mayor implantación en España, que en 2013 suponía el 25,39% del sector con 392.846 empresas asociadas, 3.786.360 trabajadores protegidos y 2.376 millones de € de cuotas gestionadas.

El contenido del artículo pone de manifiesto, una vez más, aspectos en la gestión de estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social que venimos denunciando desde hace años. Tanto desde la Confederación Sindical de CCOO como desde nuestra representación en las Comisiones de Control y Seguimiento de las Mutuas, hemos exigido la corrección de las irregularidades denunciadas por la Intervención y denunciado aquellas que hemos conocido.

Las Mutuas, a pesar de gestionar recursos públicos provenientes de cuotas de Seguridad Social, no se ven sometidas a la intervención previa del gasto, como ocurre con las Administraciones Públicas, lo que tiene como consecuencia que, cuando son auditadas por la Intervención de Seguridad Social, se detecten prácticas irregulares que pueden provocar importantes daños al erario público.

La Administración ha articulado de forma insuficiente la tutela y control de la actividad de estas Entidades que, sometidas al principio de “paga y reclama”, comprometen pagos con cuotas de la Seguridad Social y cuando la Administración les reclama por su dudoso ajuste a las funciones de colaboración, éstas han alcanzado cifras desorbitadas, dando comienzo a un larguísimo proceso de reclamaciones y recursos.

El caso de Fremap no es único en el sector, otras Mutuas también podrían ver comprometida la solvencia de su Patrimonio si en última instancia el Tribunal Supremo desestimara los recursos contra los ajustes realizados en sus cuentas por Seguridad Social, abriendo la puerta a posibles “derramas” entre las empresas asociadas, lo que resultaría inédito en nuestro país, o incluso, a su disolución y liquidación, poniendo en riesgos varios miles de puestos de trabajo.

Es preciso recordar que, mientras los Altos Directivos de estas Entidades gozan de privilegios como los descritos por el diario EL PAÍS y las empresas mutualistas y sus asesores perciben agasajos, prebendas y comisiones, las plantillas de las Mutuas tienen su salario congelado desde 2010 y se han visto afectados por los mismos recortes aplicados a los funcionarios públicos.

Las atribuciones de las Comisiones de Control y Seguimiento, órgano interno de las Mutuas en el que participan los agentes sociales, para supervisar su gestión, resultan manifiestamente insuficientes y no permiten un control efectivo, por lo que desde CCOO venimos reclamando la incorporación a las mismas de efectivos procedentes de la Intervención General de la Seguridad Social, que permitan realizar una mayor función fiscalizadora.

A pesar de que resulta incuestionable que existe una gran infradeclaración de enfermedades relacionadas con el trabajo, que terminan asumiendo los Servicios Públicos de Salud, de la existencia de importantes deficiencias en la gestión del accidente de trabajo, que requieren un profundo análisis y la adopción de medidas correctoras, y de la más que cuestionable gestión de la prestación económica que estas Entidades realizan de la enfermedad común, basada mayoritariamente en criterios economicistas, los diferentes Gobiernos han insistido en presentar a las Mutuas como un ejemplo de gestión eficiente de fondos de la Seguridad Social, afirmación que ahora vuelve a quedar en tela de juicio.

Desde CCOO hemos venido cuestionando el traspaso hacia estas entidades, conformadas como asociaciones privadas de empresarios, de atribuciones que antes residían en diferentes órganos de la Administración Pública, justificados bajo una supuesta eficacia gestora de las Mutuas, eficacia que noticias como ésta y diferentes informes del Tribunal de Cuentas ponen en entredicho. Por eso es preciso reclamar hoy, como venimos haciendo desde hace mucho tiempo, un mayor control público de la actividad de estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social, la limitación en la asunción de nuevas competencias y la apertura de un proceso de diálogo social que permita realizar un estudio en profundidad sobre la gestión y competencias de estas Entidades que permita afrontar la necesaria reforma de las Mutuas.

CCOO exige una mayor transparencia en su gestión y dirección, un estudio exhaustivo para conocer el patrimonio histórico que poseen y a qué se dedica, así como una mayor agilidad en las reclamaciones que la Seguridad Social realiza a las mismas.

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miércoles, 11 de junio de 2014

El operario muerto en la Universidad del País Vasco trabajaba sin contrato

CCOO desmiente que el trabajador fuese autónomo y va a iniciar la vía penal contra los responsables de la empresa que supuestamente lo contrató

Equipo de emergencia sanitaria atendiendo al fallecido
en el patio central de la Biblioteca [Foto Ikasle Ekintza]
El operario cuyas iniciales son T.C.L. y que el pasado día 20 de mayo falleció en las instalaciones de la  Universidad del País Vasco (UPV-EHU) en Leioa no tenía ningún tipo de contrato de trabajo. El trabajador, que cayó desde una altura de más de 20 metros desde el tejado al patio central de la biblioteca de la UPV tras pisar una claraboya en el techo, desempeñaba sus tareas bajo las órdenes de la empresa Lan Ondo Multiservicios SL con domicilio social en Portugalete. La obra en la Universidad del País Vasco no era la primera que el trabajador fallecido desempeñaba para la citada empresa.

CCOO de Euskadi ha iniciado las acciones legales para que la familia del fallecido reciba las compensaciones oportunas, y entiende que la responsabilidad última es de la empresa Lan Ondo Multiservicios SL, que es quién dio la orden directa de efectuar los trabajos al trabajador ahora fallecido. El sindicato va a emprender también la vía penal contra los administradores de esta empresa, puesto que es extremadamente grave obligar a subir a 25 metros de altura a un trabajador al que no se ha contratado y al que no se le ha proporcionado ninguna medida de seguridad. CCOO desmiente categóricamente que el trabajador T.C.L. fuese autónomo, como se ha difundido en algunos medios de comunicación con el fin de eludir responsabilidades.

Es evidente que se ha producido un estrepitoso y gravísimo fallo en la coordinación que tiene que haber en seguridad y salud en el trabajo, puesto que la UPV había contratado el trabajo de impermeabilización del tejado a la empresa Gaimaz y ésta había subcontratado la realización de la obra a la ya referida Lan Ondo Multiservicios SL.

Para CCOO también esta claro que la UPV tiene algún grado de responsabilidad en el suceso, al no haber comprobado en qué condiciones acceden los trabajadores de las empresas subcontratadas al recinto, no habiendo prestado la suficiente atención a la legislación en lo relativo a la coordinación de la seguridad y la salud en el trabajo ni a la obligación de estar dado de alta en la Seguridad Social de los trabajadores de estas subcontratas.

Además, la UPV tenía conocimiento de que las claraboyas del techo estaban en mal estado porque en 2009 desde la sección sindical de CCOO se les notificó, como consta en un acta del Comité de Seguridad y Salud de la UPV.

Este lamentable accidente evidencia que el modelo que permite subcontratar trabajos en cadena de unas empresas a otras para la realización de una obra o servicio es un modelo nefasto, puesto que el ahorro en los costes que se promueve de una empresa a otra en ese modelo se hace siempre a costa de las medidas de seguridad. Las empresas que subcontratan servicios de esta forma siempre eligen a las más baratas, que son las que más recortan de las medidas de seguridad de sus trabajadores.

Lamentablemente, con la política de recortes que están sufriendo las universidades, este tipo de subcontrataciones y descontrol han aumentado considerablemente en nuestras instituciones, incrementando el nivel de riesgo de accidentes laborales e incidencias de todo tipo. Por eso es importante destacar que los recortes en el gasto no deben hacerse nunca a costa de la seguridad, ni de los trabajadores propios ni de los ajenos y tampoco del alumnado y los sindicatos debemos extremar la atención y la vigilancia a través de los/as Delegados/as de Prevención.

martes, 10 de junio de 2014

Un Real Decreto elimina la Selectividad (BOE sábado 7 de junio)

El Real Decreto 412/2014 elimina la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y establece mecanismos para limitar las plazas de los campus públicos, pero no de los privados


El Real Decreto 412/2014 por el que se elimina la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y se establecen los requisitos de acceso y procedimientos de admisión a las enseñanzas de grado fue publicado en el BOE el pasado sábado, 7 de junio [BOE].  Generará desigualdades y dificultades en el acceso, dejando al alumnado en situación de indefensión por lo que la Federación de Enseñanza de CCOO critica que, incluso para una misma titulación, los estudiantes tendrán que realizar pruebas que suponen un nivel de exigencia diferente en función de la comunidad autónoma y que éste variará, incluso, de una universidad a otra dentro de una misma región.

Las universidades podrán establecer sus propios procedimientos de admisión, criterios de valoración y reglas para establecer el orden en la adjudicación de plazas para cada titulación. Esta “desregularización” resulta discriminatoria para el alumnado, ya que, aunque la normativa contempla la posibilidad de que las universidades adopten procedimientos de coordinación similares, no es obligatoria.

Además, como previsiblemente todas las pruebas de acceso se concentrarán en un corto periodo de tiempo y en centros que pueden estar muy distantes entre sí, los estudiantes tendrán dificultades para concurrir a los exámenes en distintas universidades, especialmente en territorios con una oferta amplia de campus y titulaciones.

El Real Decreto acentúa la discriminación del alumnado al especificar que, para los bachilleres españoles europeos o de estados con los que se haya suscrito acuerdo de reciprocidad, las universidades podrán decidir que el acceso a la universidad se haga solo en base -o no- a la nota de Bachillerato; mientras que para los técnicos superiores de FP, de Artes Plásticas y Diseño y aquellos que cuentan con una formación de Técnico Deportivo Superior, las universidades deberán fijar obligatoriamente algún tipo de procedimiento de admisión.

Por otro lado, no se recogen mecanismos para establecer el número máximo de plazas en las universidades privadas, mientras que sí se regula el de las públicas. Dichas plazas serán propuestas por las universidades y deberán contar con la aprobación previa de la comunidad autónoma correspondiente. Nos encontramos, pues, ante una desregulación manifiesta del ámbito privado y con una más que probable reducción de la oferta pública.

Sin olvidar que todo este mecanismo implicará un caos organizativo en las propias universidades y un elevado gasto adicional que, otra vez, no recibirá financiación del Ministerio de Educación y ahondará aún más la penuria y los recortes que estamos sufriendo.

Incluso se han permitido indicarlo expresamente en el apartado 2 de la Disposición final segunda "2. De la aplicación de las previsiones contenidas en este real decreto no se derivará incremento de las dotaciones presupuestarias públicas, de los costes de personal, de las dotaciones de efectivos ni de sus retribuciones.". El famoso coste cero que todos conocemos de sobra y que al final resulta una mentira porque solamente significa que aunque haya necesidad de un mayor gasto el Gobierno no aportará nada.

jueves, 5 de junio de 2014

Wert quiere reducir el derecho a cotizar de los becarios universitarios

El Ministerio de Educación está impulsando un Real Decreto que excluye a una parte de los becarios universitarios del derecho a cotizar conseguido en la reforma de la Seguridad Social de 2011

Este es el segundo intento del ministro Wert para reducir el derecho a cotizar de los becarios universitarios y, además, en esta ocasión lo quiere hacer extralimitando sus competencias porque afecta al contenido de la Ley de Seguridad Social, que corresponde a otro ministerio.  El anterior intento por limitar este derecho fue impugnado por CCOO ante el Tribunal Supremo y anulado por éste, por lo que el sindicato exige al Gobierno que respete este nuevo derecho nacido del acuerdo entre sindicatos y empresarios.

CCOO recuerda que el derecho a cotizar de los becarios es una de las medidas incluidas en la reforma de pensiones de 2011 pactada por sindicatos y empresarios, para ayudar a completar las carreras de cotización de un colectivo que generalmente ve retrasada su incorporación al mercado laboral como consecuencia del tiempo dedicado a su formación. Suprimir este derecho significará ahondar más en la precariedad de los más de 1,6 millones de estudiantes universitarios y de la juventud española.

Además, el nuevo intento del Ministerio de Educación parece hacer oídos sordos a la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 28 de junio en la que daba la razón a la demanda interpuesta por CCOO y anulaba la limitación que establecía el RD 1707/2011 para la cotización de las prácticas externas universitarias. La consecuencia de esta sentencia fue la de triplicar el número de becarios en alta en la seguridad social en apenas unos meses; cifra que no ha dejado de crecer desde entonces y que actualmente se aproxima a los 70.000 jóvenes.

En esta ocasión se pretende excluir del derecho a cotización a los estudiantes que realicen prácticas académicas externas curriculares aunque éstas cumplan los requisitos establecidos en la Ley 27/2011 de reforma de la Seguridad Social pactada por sindicatos y empresarios, lo que puede afectar al derecho de cotización de decenas de miles de estudiantes. CCOO no comparte los argumentos utilizados por el Ministerio, que traslada la responsabilidad a los rectores universitarios y a injustificados temores sobre el impacto de este nuevo derecho en la oferta de becas curriculares existente.

Tampoco es defendible objeción alguna en cuanto al coste de la cotización: es de tan sólo 34,72 € brutos/mes a cargo de las empresas y de 6,09 €/mes a cargo de los becarios. Para las empresas, además es un gasto deducible, con lo que el coste real para ellas se sitúa en torno a los 25 € mes.

CCOO exige al Gobierno que mantenga este derecho en sus términos actuales, rechace la iniciativa del Ministerio de Educación que incrementaría la precariedad que sufre este importante colectivo y garantice su derecho a cotizar cuando tengan becas formativas en los términos en los que fue pactado con los sindicatos y empresarios.

lunes, 2 de junio de 2014

#HuelgaNoEsDelito

49 procedimientos judiciales abiertos por el ministerio Fiscal contra 147 sindicalistas de CCOO por ejercer el derecho de Huelga y en los que se llega a pedir hasta 5 años de cárcel

#HuelgaNoEsDelito - Concentración de apoyo a Katiana Vicens
secretaria general de CCOO en Baleares, a la que intentan condenar
a 4,5 años de carcel por informar y apoyar el derecho de Huelga
Después de que Toxo haya participado en las concentraciones de protesta en Palma de Mallorca por la petición de 4,5 años de cárcel para la secretaria general de CCOO de Baleares, la Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO denuncia la criminalización de los sindicatos y una ofensiva penal contra el derecho de huelga, mostrando su preocupación por la deriva autoritaria que han tomado las actuaciones de los poderes públicos contra los sindicatos. 

Resulta especialmente reseñable la intervención del Ministerio Fiscal, y por lo tanto del poder ejecutivo, en la criminalización de la respuesta social y sindical y llama especialmente la atención el silencio político y administrativo que acompaña a la campaña de intimidación observada en el ejercicio de de estas prácticas sancionadoras contra la actividad sindical y especialmente contra representantes del sindicato por ejercer e informar sobre el derecho de huelga.

Estas coacciones al derecho de huelga en España coinciden con presiones internacionales en el mismo sentido, por lo que la Confederación Sindical Internacional (CSI) ha elaborado un informe
jurídico de 122 páginas en el que la CSI confirma que el derecho de huelga está protegido por el derecho internacional. Informe que intenta contrarrestar las propuestas de los representantes de los empresarios para revocar décadas de jurisprudencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que han anunciado durante el transcurso de la 103ª Conferencia Internacional del Trabajo que la agencia de la ONU celebró en Ginebra. En concreto, los representantes de los empresarios en la OIT persisten en sus esfuerzos por restringir el Convenio núm. 87 de la OIT sobre la libertad sindical, que garantiza a los trabajadores el derecho a convocar y participar en una huelga.

Sin embargo en nuestro país esta presión esta siendo especialmente agresiva, y se suma a las multas, detenciones, malos tratos, endurecimiento del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana contra las protestas pacíficas. Algo que esta siendo denunciado por Amnistía Internacional y otras organizaciones de Derechos Humanos. 



TEXTO ÍNTEGRO DE LA DECLARACIÓN:

CCOO denuncia la criminalización de los sindicatos y la ofensiva penal contra el derecho de huelga

Un informe de los Servicios Jurídicos de CCOO advierte de 49 procedimientos abiertos a 147 representantes y dirigentes de CCOO, promovidos por la Administración del Estado y el Ministerio Fiscal, lo que supone una restricción ilegítima de derechos democráticos.

El ejercicio de la libertad sindical ha conocido en los últimos años una creciente y preocupante intervención del Ministerio Fiscal, que puede estar ejerciendo la acusación pública con finalidad discriminatoria. A juicio de CCOO, “la acusación penal, que acarrea la imputación de delitos para los que se piden hasta ocho años de cárcel para representantes sindicales, es una injerencia de los poderes públicos en el funcionamiento de las organizaciones sindicales y una restricción ilegítima de derechos democráticos y de manera singular, del derecho de huelga. No se trata de un acto que carezca de consecuencias jurídicas inmediatas. Implica la vinculación a un proceso y la sumisión a medidas cautelares tanto personales como de exigencia de fianzas y asunción de daños por parte de la acusación”.

Desde hace unos años, el sindicalismo de clase se enfrenta a una poderosa campaña mediática activada con fuerza a partir del triunfo de la derecha política en las elecciones generales de 2011. Una sistemática e implacable campaña que no repara en medios y que apunta al corazón mismo de las relaciones laborales. En la estrategia informativa de descrédito del proyecto sindical, no se pone en cuestión una u otra actuación de los sindicatos. O al menos, no solo. Se ataca la propia existencia del sindicalismo democrático y su función constitucional, lo que nos sitúa ante una ofensiva conservadora que en ocasiones avanza extramuros de la democracia.

Pero el sindicalismo no puede quedarse en la denuncia de unos hechos que golpean la imagen y la credibilidad de los sindicatos. Debe dirigir también su mirada hacia dentro y evaluar con rigor y transparencia los errores cometidos. Y en eso estamos empeñados en CCOO. La creación de una Comisión de Investigación para analizar la actuación del sindicato en el llamado caso de los ERE, y el compromiso público adquirido para aplicar con todas las consecuencias la legalidad estatutaria, ha servido para separar las buenas de las malas prácticas y no ponernos de perfil si tuviésemos que sancionar alguna actuación irregular de representantes de CCOO.

La criminalización de la respuesta sindical
Mientras el sindicato se detenía en el análisis de la campaña antisindical en el ámbito de la comunicación, se sucedían en distintos puntos del país acciones sancionadoras contra la actividad sindical sin precedentes en democracia. Conscientes de que las prácticas sancionadoras contra sindicalistas han ido aumentando hasta límites intolerables, CCOO ha creído imprescindible encargar a sus servicios jurídicos un informe detallado de lo que está pasando y una agenda básica que incluya los criterios de intervención jurídica y sindical. La principal tipología de conflictos de los que se derivan las actuaciones sancionadoras están relacionados con el desarrollo de las jornadas de huelga general tanto en el año 2010 como en el 2012, jornadas que acumulan la inmensa mayoría de procedimientos tanto administrativos como penales.

En relación con las sanciones que son objeto de imputación, las más frecuentes son las de carácter exclusivamente administrativo, y no representan en la mayoría de los casos importes relevantes, excepción hecha de la infracción muy grave aplicada al caso de Huelva que supera la cantidad de 60.000 euros.

En el ámbito penal la mayor gravedad de la acusación tiene lugar cuando se imputa la comisión de delito de coacciones a la huelga, lo que se produce al menos en nueve procedimientos de carácter penal y que afectan a unos 40 trabajadores y cargos sindicales. Estos procedimientos sí derivan en condena, la pena mínima es de tres años y un día, y por tanto genera el ingreso en prisión al ser superior a 24 meses, aunque la persona carezca de antecedentes penales, al no ser aplicable con carácter general la medida de libertad condicional. En algunos casos se ha constatado que las peticiones de la Fiscalía exceden notablemente de la pena mínima, lo que además tiene lugar cuando solicita igualmente pena de prisión por otros delitos concurrentes como los de atentado o lesiones. Tal es el caso de AIRBUS, en el que se pide ocho años de prisión para cada uno de los ocho sindicalistas imputados, o superior a cuatro años, como se pide a la secretaria general de CCOO de Baleares.

Hemos querido resumir algunos de los 35 procedimientos que afectan a 125 sindicalistas de CCOO -los servicios jurídicos trabajan para conocer si son más los casos- con el propósito de sensibilizar a toda la ciudadanía de la trascendencia de unas actuaciones que cercenan gravemente los derechos sociales y laborales. Y lo hacemos para anunciar que no nos vamos a quedar parados. CCOO considera inaceptable que el delito de coacciones a la promoción de la huelga como figura penal se aplique de forma generalizada en todo tipo de altercados e incidentes con ocasión del desarrollo de una huelga, sobre todo en la convocatoria de una huelga general.

Resulta especialmente determinante la intervención del Ministerio Fiscal, y por lo tanto del poder ejecutivo, en la criminalización de la respuesta social y sindical. CCOO llama la atención sobre el solemne silencio político e informativo que acompaña a la campaña de intimidación observada en el ejercicio de estas prácticas sancionadoras contra la actividad sindical, y especialmente contra representantes del sindicato. No vamos a permanecer callados ni parados. CCOO activará una agenda de contactos y reuniones con la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder judicial, las organizaciones profesionales de la justicia, el Comité de Libertad Sindical de la OIT y los grupos parlamentarios para trasladarles la situación aquí denunciada. Igualmente, debatirá y reflexionará con ellos de propuestas de cambios normativos en el ámbito penal. Y estudiará en sus órganos de dirección, en contacto con todas las estructuras del sindicato, un calendario de movilizaciones contra la vulneración de los derechos sindicales.