lunes, 16 de noviembre de 2020

Reforma LOU: 10 razones para el NO y 1 sola esperanza

Las conclusiones de CCOO, después de terminada la cuarta reunión con el Ministro de Universidades, son diez razones para rechazar su reforma de la LOU 

Esta cuarta reunión fue extraña y contradictoria, por quienes asistieron y por las explicaciones del Ministro. Y precisamente por cómo se desarrolló la sesión y a la vista de su contenido, desde CCOO queremos exponer nuestras 10 razones para decir NO a esta reforma de la LOU. Razones que estamos difundiendo y que puedes descargar en el siguiente enlace:

El Ministro dijo, durante su introducción, que intenta avanzar en el consenso o convergencia entre las distintas opiniones de los actores del sistema universitario español. Su idea es consensuar posiciones y dice que aún están realizando revisiones en profundidad del proyecto de reforma de la ley, por lo que hay distintos textos. Consideran que es mejor buscar propuestas conjuntas en reuniones conjuntas y quieren integrar propuestas. Reconoce que las propuestas necesitan una evaluación presupuestaria y han hecho cuentas, pero no se pueden dar cifras porque depende de la aprobación final de los PGE202. Así que no se hablará de las implicaciones presupuestarias hasta que éstos se aprueben.  

Después de las tres primeras reuniones con los sindicatos, el Ministro ha decidido cambiar el formato y a partir de ahora serán sesiones a cuatro bandas: Ministerio, sindicatos, las universidades representadas por la CRUE y Comunidades autónomas. Aunque de este último grupo es el propio Ministro quien "selecciona" los asistentes y solo estaban Andalucía, Cataluña, comunidad Valenciana y País Vasco. En ningún momento justificaron esta elección de representantes (?), aunque a la vista de sus intervenciones posteriores resulta comprensible al ver que se defienden posturas próximas al Ministerio. Mal asunto si solamente quieren escuchar opiniones favorables y peor aún que eluda toda opción de negociar en una Mesa sectorial de universidades con la representación sindical del PDI universitario. 

Terminadas las explicaciones del Ministro, ya en el segundo punto de la sesión sobre Memoria financiera, se vuelve a repetir el mismo argumentario: Han hecho cuentas pero no habrá Memoria financiera hasta después de los PGE2021. De manera que pretenden acordar reformas drásticas sin garantía de que haya financiación para respaldar su aplicación. 

En el resto de los puntos aplican esta nueva fórmula de debate colectivo multisectorial, que no ayuda a clarificar los temas y en cambio genera más confusión, ya que el Ministerio se limita a exponer su propuesta y luego escucha las aportaciones sin contestar ni concluir:

Vía laboral/funcionarial.- Aunque dicen que la vía funcionarial será prioritaria, dejan el desarrollo de la vía laboral en manos de las Comunidades autónomas, por lo que esa supuesta prioridad no tendrá ninguna garantía legal. Desde CCOO consideramos que la vía laboral se puede desarrollar por negociación colectiva, tal como se ha venido haciendo hasta ahora, y que el texto propuesto no genera beneficio alguno sino que aumenta las competencias autonómicas aún más por lo que se acelerará la desfuncionarización del PDI.

Temporalidad.- Proponen el 35% como tope de PDI temporal en el plazo de cinco años, con un Plan de Adecuación de plantillas (?) y "presumen" de haber logrado una tasa de reposición del 110% para 2021. No es necesario resaltar que ese aumento del 10% es absolutamente ridículo a la vista de la pérdida de empleo en el periodo 2008-2015 y que ningún Plan será viable sin que se habilite financiación adicional y mecanismos de control para garantizar que se cumpla. Sin olvidar que establecer un tope del 35% de temporalidad en las universidades es vergonzoso y una absoluta discriminación, cuando los Acuerdos de Montoro con los sindicatos lo dejaron en el 8% para el resto del sector público.

En los demás temas (Acreditación inicial para acceder a la carrera académica, Acceso en reserva de plaza de asociados con acreditación a los Programas de selección de personal ordinarios y extraordinarios, Nivel de exigencia para la acreditación a Titular laboral, etc...) ya se aprecian diferencias de opinión entre el Ministerio, la CRUE y las distintas comunidades autónomas presentes. En general, cada parte intenta obtener un mayor nivel de control y, al mismo tiempo, eludir responsabilidades. 

En resumen: en la reunión no ha habido negociación, de hecho, ni siquiera ha habido diálogo. El Ministro ha planteado los temas, se han presentado las propuestas de las distintas partes, y no se han dignado a contestar.


miércoles, 11 de noviembre de 2020

El Tribunal Supremo rechaza la indemnización para predoctorales

#SinCienciaNoHayFuturo #SinDerechosNoHayCiencia

Con fecha 5 de noviembre se ha publicado la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo social) Núm. 903/2020, que acepta recurso de casación presentado por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) en contra de la ratificación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) del derecho a indemnización a la finalización del contrato del Personal Investigador Predoctoral en Formación (PIPF), demandado mediante conflicto colectivo por CCOO

En concreto, CCOO reclamaba el reconocimiento del derecho del personal con contrato predoctoral a percibir resarcimiento derivado del cese o finalización de su contrato, equivalente a la indemnización legalmente fijada para el despido objetivo, de 20 días por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades, o subsidiariamente a la indemnización de 10, 11 o 12 días por año de servicio prevista para el contrato de obra o servicio determinado, según la fecha de celebración del contrato.

CCOO  ya había exigido el derecho a cobrar la indemnización por extinción de contrato en las negociaciones del Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación (EPIPF) publicado en marzo de 2019 (RD 103/2019), de modo análogo a como sucede con otras figuras contractuales laborales. Este punto fue, de hecho, una de nuestras principales reivindicaciones, junto con el establecimiento de una retribución mínima para todos los contratos predoctorales, la actualización anual del salario y la regulación y seguridad jurídica de condiciones importantes de la contratación predoctoral. Esta petición tuvo el apoyo inmediato del colectivo, pero finalmente no fue incluida en el texto publicado a pesar de las promesas del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y anteriormente del Ministerio de Economía y Competitividad. 

La presentación del recurso de casación por parte de la USC provocó el malestar generalizado en el colectivo, que esperaba la aplicación inmediata de la sentencia ganada por CCOO ante el TSXG y confiaba en una resolución favorable por parte del Tribunal Supremo. La noticia ha sido recibida como un jarro de agua fría por los jóvenes investigadores y las jóvenes investigadoras, que ya acumulan un elevado descontento a raíz de la aplicación irregular del EPIPF en diferentes comunidades autónomas y a la ausencia de propuestas específicas en las últimas conversaciones con el Ministerio de Universidades en relación a la modificación de la LOU y redacción del Estatuto del Personal Docente e Investigador.

Los Servicios Jurídicos de CCOO están analizando la sentencia para ver las opciones de posibles recursos en otras instancias, aunque entendemos que de existir una vía alternativa en el ámbito judicial, ésta llevará tiempo. Por esa razón consideramos que, paralelamente, hay que impulsar en la negociación colectiva a todos los niveles (universidades, comunidades autónomas y ministerios) el derecho a la indemnización de fin de contrato para el personal investigador predoctoral y postdoctoral, afectado por los artículos 21 y 22 de la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

CCOO seguirá luchando, mediante la negociación colectiva, para que se reconozca el derecho a la indemnización por fin de contrato para el personal investigador, así como otras mejoras que complementen al EPIPF mediante la modificación de la Ley de la Ciencia.

miércoles, 4 de noviembre de 2020

Empleo estable: falsas promesas al sector científico

Durante las últimas semanas los ministros de Universidades y Ciencia han difundido noticias sobre el incremento de la contratación estable para personal investigador en universidades, OPIs y centros de investigación sanitaria

Este despliegue de información positiva contrasta con las previsiones reales contenidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 (PGE2021) que ha dado a conocer la Ministra de Hacienda. Es como si la señóra María Jesús Montero hubiera dado un "baño de realidad" a los "mundos virtuales" de los ministros Duque y Castells. Aunque nosotros creemos que simplemente ella dice la verdad y ellos ofrecen promesas sin fundamento.

De poco o nada servirá el minúsculo incremento presupuestario en ambos ministerios, ni la promesa de crear figuras estables en OPIs, ampliar la oferta de puestos fijos en universidades o estabilizar al personal investigador sanitario, si esa previsión no se refleja en los PGE2021 de manera amplia. Y el establecimiento en los mismos de una tasa de reposición del 110% significa que seguiremos teniendo un diferencial negativo de -250% de empleo estable con respecto al año 2008. Diferencial negativo que estuvo cerca de -600% en los años 2015 y 2016. Y que solamente se logró recuperar parcialmente gracias a los Acuerdos logrados por los sindicatos para la estabilización del empleo temporal durante los tres años siguientes, aunque aún hoy siguen pendientes de convocar la mayoría de las plazas de esas Ofertas Públicas de Empleo (OPE) por negligencia y dejadez de los organismos convocantes. 

Aunque en CCOO ya anticipábamos la situación (partiendo de la mala experiencia por la negativa de Función Pública del Estado para ampliar la OPE para este año), la mayoría de asociaciones del sector científico han lanzado mensajes de optimismo aunque, eso sí. con cierta contención y expresando dudas hasta no ver materializada las distintas propuestas que Ciencia y Universidades han difundido. Pero mensajes favorables, al fin y al cabo, que en definitiva refuerzan a los dos ministros.

Lamentablemente esta tendencia lleva funcionando varias décadas y parece que sigue dando resultados. Basta unas cuantas promesas con acciones muy muy muy limitadas, para que el personal científico e investigador se ilusione y abandone o relaje su capacidad de protesta. En este punto, los sindicatos volvemos a demostrar nuestra capacidad de análisis y que la experiencia en la negociación es un plus a la hora de evaluar estas situaciones. Por eso sabemos que no podemos dejar de presionar hasta lograr un acuerdo. Lo contrario es aceptar que todo continúe igual.

En este caso, además, la difusión de estas promesas se ha visto alentada por titulares de prensa que extiende esa falsa sensación de que ya se resuelve el problema de la precariedad del empleo temporal. 


Cuando resulta que aumentar un 10% la tasa de reposición solo reduce el diferencial actual de -275 a -265, y en ningún caso suponen "contrataciones fijas masivas" ya que una universidad que tenga 100 bajas de personal solamente podrá contratar 10 personas más de las que estaban previstas. ¿Desde cuando podemos considerar a eso como masivo? Y, desde luego, tampoco es la primera vez que se puede superar la tasa del cien por ciento ya que, en los tres años de aplicación de los Acuerdos con los sindicatos para la estabilización del empleo público, se pudo duplicar con una tasa de reposición adicional.

CCOO lleva convocando protestas y concentraciones desde hace tres meses bajo un conjunto de reivindicaciones entre las que destacan las convocatorias de plazas, el cumplimiento de las ofertas de OPEs aprobadas y la negociación de un nuevo Acuerdo que permita seguir reduciendo ese diferencial negativo de empleo público estable. Por esa razón nos negamos a firmar la OPE de este año y por esa misma razón rechazamos las previsiones contenidas en los PGE2021 en materia de empleo público. El personal científico e investigador, de universidades, OPIs y fundaciones o centros sanitarios, necesita una mejora radical en las ofertas de empleo fijo y estable. Una mejora realmente masiva y amplia. Hacemos un llamamiento para que asociaciones y plataformas del sector científico se incorporen a nuestras convocatorias de movilización y presión, para que juntos logremos el cambio necesario. 

miércoles, 28 de octubre de 2020

Maternidad y llamamientos para listas de sustituciones o de empleo

En los últimos años se esta extendiendo, entre algunas universidades y otras Administraciones Públicas, una actitud discriminatoria con respecto a la maternidad y el orden de los llamamientos para listas de sustituciones o de empleo temporal

Esta actitud discriminatoria nace de la existencia de un importante problema ante la imposibilidad de concurrir a un llamamiento de interinidad al producirse durante la vigencia del permiso de maternidad. Problemática que ya ha sido resuelta anteriormente con diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional y que, una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Pontevedra (de 28 de julio de 2020), ha venido a actualizar adecuadamente al resumir extensamente toda la jurisprudencia al respecto.

El fallo comienza tomando como referencia la STC nº108/2019 y señala: «Para observar si tal discriminación tuvo o no lugar, acudiendo a la doctrina sentada finalmente en la STC nº 108/2019, hay que examinar si en la adopción del acuerdo impugnado la Administración intentó compatibilizar la condición biológica y la salud de la mujer, así como su derecho al libre ejercicio de la maternidad, con la conservación de sus derechos profesionales de forma que impidiendo con ello que la situación de maternidad pudiera llevar a alguna desventaja para ella.

Para lo que suele ser útil el conocido como test but for o de la sustitución, utilizado por el Tribunal de Justicia y el Tribunal Supremo, consistente en cambiar el sexo u otra circunstancia personal del sujeto, al menos en la mayoría de los casos. El hallazgo de interés es el que sigue: valorar si fue la maternidad la que, como circunstancia unida a las mujeres y solo a ellas, provoca una situación de discriminación profesional.»

Destacando posteriormente: «Y ambos efectos perjudiciales para ella tendrían por origen, al aplicársele esa Instrucción (nº 03/2016 de la fiscalía General del Estado), su condición fisiológica de madre reciente y de “empleada” en disfrute de un permiso por maternidad y lactancia al que tiene derecho,
cuyo ejercicio es irrenunciable en términos absolutos pero también temporales, asociadas a fechas inmediatamente siguientes a la del parto de que se trate. 

Entiendo que la aplicación de esa Instrucción al caso de referencia, y la forma en que se redacta la disposición concreta de la misma que trata el embarazo como una causa de renuncia justificada involuntaria, claramente provocan un trato desfavorable, peyorativo y directamente asociado a una condición femenina evidente, susceptible de encajar en lo que el art. 8º de la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres (LOIHM) califica como “discriminación directa por razón de sexo” (el art. 8º LOIHM define como tal “todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad”) pues difícilmente una situación como la de podría originar idéntico resultado en el caso de un varón (por motivos obvios); y, además, cabe hablar, seriamente, de una discriminación como la descrita en la STC nº 108/2019 que se cita en el FJ anterior de esta sentencia, especialmente porque la aplicación de esa Instrucción lleva consigo unas consecuencias
gravosas para la aspirante en su derecho al libre ejercicio de la maternidad, porque precisamente el ejercicio de ese derecho (irrenunciable) hace que termine siendo relegada al último puesto de la lista en que aparecía, además, con el mayor mérito de los aspirantes incluidos, y no sólo eso sino que le impide aceptar ese llamamiento una vez desaparecida la causa que impidió que pudiera atenderlo en la fecha de su producción, de su comunicación (lo que perfectamente podría haberse suplido permitiéndole aceptarlo y nombrando otra sustitución por el tiempo que ella permaneciera en esa situación).»

Y añade: «…entiendo que procede la estimación del presente recurso por ser perfectamente claro, y
muy bien definido en demanda, el carácter de acto atentatorio del derecho a la igualdad, en su vertiente de discriminatorio por embarazo/maternidad (desigualdad de trato por razón de sexo, art. 14 CE y consiguiente infracción del art. 8º LOIHM) el que sirve de objeto a este asunto contencioso; evidenciándose de lo sucedido en este caso que el origen de esa discriminación efectiva está, por los efectos que provoca, en el contenido de una Instrucción como la nº 3/2016 de la Fiscalía General del Estado, cuando define, entre otras, como una de las causas de renuncia justificada involuntaria de llamamientos como fiscal sustituto la situación de “embarazo…

… Lo dicho hasta aquí conduce, por tanto, por estimación de este recurso, y de conformidad con lo que dispone el art. 121.2 LJCA, a la declaración de nulidad de pleno derecho de dicha resolución; pues no hay duda de que el perjuicio ocasionado a la demandante lo fue a causa de la interpretación de lo dispuesto en el RD 634/2014 de los efectos de su manifestación de imposibilidad de atender a un llamamiento en la fecha de interés siendo el efecto pernicioso que tal decisión le provocó una consecuencia, en conexión directa e inequívoca, derivada de su situación de embarazo/maternidad ( STC 66/2014 , FJ 2 (EDJ 2014/67670); y las allí citadas). La conclusión es que fue la maternidad de la demandante lo que provocó el perjuicio por el que recurre y que la Administración obvió en su decisión que la condición biológica y la salud de la mujer trabajadora han de ser compatibles con la conservación de sus derechos profesionales, sin que la maternidad pueda permitir ninguna desventaja.»

En definitiva, no puede causar perjuicio alguno al aspirante la imposibilidad de concurrir al llamamiento que le corresponda durante el disfrute del permiso de maternidad, debiendo respetar en todo caso sus derechos profesionales.

martes, 20 de octubre de 2020

La Oferta de Empleo en investigación es insuficientemente ridícula

CCOO rechaza la propuesta de OEP 2020 en la Administración General del Estado y, especialmente la destinada a Organismos Públicos de Investigación  

No compartimos ni el volumen ni la distribución. Consideramos que Función Pública vacía el IV
Convenio Único y abandona a los sectores más necesitados de la Administración General del Estado (AGE), impulsando un modelo de administración alejado de los problemas reales de precariedad.

En 2019 se produjeron 8.708 bajas en la AGE. La OEP propuesta es de 9.270 puestos. Entendemos que se pierde intensidad en la recuperación del empleo público, con un incremento sobre las bajas de solamente un 6 %. Exigimos una OEP libre que no quede por debajo de los 10.150 puestos, que resultaría de la aplicación del coeficiente de incremento de 2019 (un 26 % sobre la tasa de reposición).

Con respecto a la distribución en grupos, la propuesta descapitaliza los puestos que prestan atención directa a la ciudadanía así como los destinados a la investigación, tanto de personal técnico como investigador. Algo especialmente grave en los Organismos Públicos de Investigación (OPI) si tenemos en cuenta que tienen un 40% de temporalidad.

Situación que se ve perjudicada porque los OPIs, además, tienen miles de puestos sin encuadrar en el IV Convenio Único y verán retrasado el cobro de sus aumentos salariales o las posibilidades de acceder a concursos de traslado o promoción. Solo los contratos predoctorales ven mejorada su situación porque al culminar el encuadramiento global podrán actualizar sus nóminas [informaremos de este tema en unos días].

Desde CCOO proponemos dos elementos. En primer lugar, evaluar las necesidades del servicio público y de la ciudadanía, y en base a estos dos análisis adecuar la OEP a estas necesidades. En segundo lugar, impulsar una OEP extraordinaria que aporte un mensaje de coherencia, reconociendo los déficit de personal en determinados ámbitos con muchas necesidades, como SEPE, Investigación, Seguridad Social, AEMPS, extranjería y documentación, Instituciones Penitenciarias...

La posición cerrada de Función Pública dinamita la posibilidad de acuerdo, y da por finalizada la negociación. En CCOO entendemos que el Gobierno tiene margen para desarrollar una OEP que refuerce los servicios públicos y que dé respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía. Por esta razón mantendremos el calendario de protestas y movilizaciones que ya iniciamos hace dos meses y que, por ejemplo, toca hoy en Zaragoza y mañana miércoles en Madrid.