Primero aprobó una reforma de la Ley Orgánica de Universidades vía real decreto ley; después el Real-Decreto del 3+2, que, al ampliar la duración de los másteres, mucho más caros, unido a las restricciones de las becas y ayudas, continuará expulsando al alumnado con menor poder adquisitivo de la universidad pública; y, ahora, José Ignacio Wert, en la que puede ser su última decisión al frente del Ministerio de Educación, ha presentado al Consejo de Ministros los Reales-Decretos de creación de centros y universidades y acreditación del profesorado funcionario.
El último texto conocido por CCOO, que se remonta a octubre de 2014, establece los nuevos requisitos para la creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros abrirá las puertas a la proliferación de universidades privadas en detrimento de las públicas, ya que las exigencias para ello serán mucho más laxas y su control prácticamente inexistente.
Por otro lado, el Real Decreto que modifica la acreditación del personal docente e investigador (PDI) funcionario establecerá un sistema menos objetivo, transparente e imparcial que el actual y con un elevado grado de discrecionalidad que se traducirá en inseguridad jurídica; continuará minusvalorando la actividad docente frente a la investigación y dificultará el acceso y promoción de los docentes en las universidades públicas. La Federación de Enseñanza de CCOO exige a las autoridades educativas que establezca un periodo transitorio que amortigüe los perjuicios inmediatos que supone el cambio de un modelo a otro.
En definitiva, se restringe la acreditación del profesorado de los campus públicos y se fomenta el negocio de los privados.
La Federación de Enseñanza de CCOO denuncia que, en su acoso y derribo a la universidad pública, el Gobierno del PP ha pasado como un rodillo por encima de los derechos de los representantes legales de los trabajadores y las trabajadoras de la universidad. En este sentido, los sindicatos universitarios afearon recientemente al Ministerio el incumplimiento de su compromiso de convocar una Mesa Sectorial de Universidades para avanzar en la solución de los problemas de la universidad. Este compromiso se remontaba al pasado 27 de octubre de 2014.
Ante el enrocamiento del Gobierno, CCOO, junto con el resto de los sindicatos de la universidad, convocaron el pasado 24 de marzo una huelga contra los dos reales decretos ahora aprobados y el del 3+2 que había entrado en vigor con anterioridad. La propuesta puso de manifiesto el rechazo de los trabajadores y las trabajadoras de la universidad y del alumnado a la política universitaria respaldada por el presidente Mariano Rajoy.
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