CIEMAT
La evolución presupuestaria de los PGE en lo que respecta al INTA tiene dos parámetros diferenciadores; los PGE del INTA y del CEHIPAR hasta el 2014 y los PGE 2015 del nuevo INTA CORA con la incorporación del ITM Instituto Tecnológico “La Marañosa” y LABINGE Laboratorio de Ingenieros del Ejército .
[Pequeño extracto del Informe de 31 páginas que CCOO ha elaborado sobre la I+D+i en los PGE2015 y al que se puede acceder en formato PDF haciendo clic aquí]
Como se hace referencia anteriormente, el presupuesto se ha incrementado como consecuencia de la integración presupuestaria del conjunto de centros que componen el INTA CORA, en el 30.96% (32.697.230 euros), pasando de 105 millones en el 2014 a 138 millones aproximadamente. Si parece que este incremento se produce como trasvase de los gastos de personal y corrientes comprometidos en el ITM y LABINGE, pero no en el resto de los capítulos de gastos. Por lo tanto se abre una incógnita sobre si el nuevo presupuesto podrá hacer frente al apartado de necesidades en materia de programas específicos del ITM y LABINGE, así como del mantenimiento y mejora operativo de sus instalaciones y la puesta
a punto de cara a obtener el rendimiento necesario como Organismo Público de Investigación con el elemento determinante de la necesidad de obtener ingresos comerciales para hacer frente a las obligaciones en materia de gastos del personal y corrientes.
La evolución aporta datos elocuentes el Presupuesto solo del INTA en el año 2009 era de 129 millones y el del 2015 será de 138 millones aproximadamente, es decir prácticamente el mismo pero con la gran diferencia de que en el 2009 solo estaba el INTA y en el 2015 se ha integrado en el INTA CORA organismos como el CEHIPAR, ITM y LABINGE. Volvemos, con un macrocentro, a cantidades similares tan solo del Organismo INTA con cifras del 2009.
En cuanto a la comparativa presupuestaria (ingresos y gastos), se produce una novedad respecto al PGE del 2015, si bien en ejercicios anteriores las transferencias corrientes que aportaba el Estado para atender los gastos de personal eran insuficientes y solo llegaban al 52% de este capítulo de gastos y por lo tanto para asegurar el 100% de los gastos de personal, se debía recurrir a las operaciones comerciales y a los Remanentes de Tesorería (que iban ido disminuyendo año tras año); en este ejercicio las Transferencias Corrientes aportadas por el Estado (seguramente por exigencia de recomendaciones del Tribunal de
Cuentas y de la Intervención General del Estado), van dirigidas a cubrir los gastos de personal y corrientes, pero siguen con una cobertura totalmente insuficiente de dichos gastos, el 45.5%, quedando el 54.5% restante pendiente de cobertura por los ingresos obtenidos por la prestación de servicios del INTA al exterior y por el Remanente de Tesorería.
Por lo tanto se mantiene una situación totalmente atípica en el conjunto de la AGE, las aportaciones de las transferencias corrientes del Estado dedicadas a los gastos de personal y corrientes están subvencionadas prácticamente al 100%. No se utilizan los ingresos por operaciones comerciales, en dedicar parte de esos ingresos en nuevas líneas de investigación o de desarrollo tecnológico, en retribuir al personal a través de los conceptos de productividad, o en incrementar el Remanente de Tesorería para posibles contingencias
presupuestarias.
Por otro lado es evidente que esta forma de trabajar los presupuestos con una fuerte autofinanciación del 35.46% del total del presupuesto de ingresos; tiene una clara lectura de fuerte exigencia en productividad del OPI pero con las carencias propias de un Organismo de la Administración General del Estado en materia de gastos y necesidades.
La relación transferencias de capital del Estado respecto a los gastos en el capítulo de inversiones refleja los recortes sufridos en esta materia desde el 2010, en ese año y solo el INTA tenía un presupuesto de 54 millones y ahora con el conjunto de centros integrados solo se dispone de 25 millones, es decir supone una diferencia negativa del 53%. Por lo tanto es un año presupuestario que genera dudas sobre el grado de su cumplimiento, en función de las necesidades del conjunto de los centros que los conforman una vez integrados de forma efectiva a partir del 2015.
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