[Pequeño extracto del Informe de 31 páginas que CCOO ha elaborado sobre la I+D+i en los PGE2015 y al que se puede acceder en formato PDF haciendo clic aquí]
Este gasto procede en su gran mayoría, un 70% de las diversas Administraciones Públicas, correspondiendo el resto a aportaciones de fondos europeos y empresariales, en todo caso
los fondos de investigación suponen una aportación clave para la actividad global de las universidades, dado que las aportaciones de las CC. AA, financian escasamente los gastos de personal y generales. En ausencia de datos contrastados sobre el peso de la investigación en el presupuesto universitario, es lógico prever que la disminución de las trasferencias de las respectivas CC.AA, unidas a los recortes de los fondos procedentes del Plan Estatal y otras iniciativas del MINECO, estén llevando a una situación crítica a la investigación universitaria.
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A modo de ejemplo, si analizamos el capítulo VII de ingresos de los presupuestos de las universidades, en el que se incorporan los fondos que reciben para transferencias de capital destinadas a actividades de investigación científica, inversiones u otras, observamos que han descendido en más de 378 millones de € desde 2010, un 29% menos de lo presupuestado en 2010.
En 2010, la inversión en educación superior tocó techo, con un 1,17% del PIB, una cifra por debajo de la media de la OCDE y de la Unión Europea-27 que en 2010 alcanzó el 1,26% de PIB. Desde entonces, el gasto público en la universidad se ha desplomado. Entre 2010 y 2014, los presupuestos de las universidades públicas han descendido 1.524 millones de euros, un 15,1% en euros corrientes.
Teniendo en cuenta la evolución del IPC entre diciembre de 2009 y el mismo mes de 2013 (8,7%), el porcentaje de pérdida se incrementa hasta el 23,8%. La financiación pública que reciben las universidades a través de su Capítulo IV (transferencias corrientes de las administraciones) ha descendido desde 2010 casi un 20% a la vez que se ha incrementado en un 21% la financiación que obtienen por el Capítulo III (tasas, precios públicos y otros ingresos).
Las tasas de matrícula y precios públicos, tras la aprobación en 2012 del Real Decreto Ley de Medidas Urgentes de Racionalización del Gasto Público en el ámbito educativo han variado significativamente y se han establecido unas diferencias importantes en los precios de las matrículas entre comunidades.
Los ingresos por el capítulo III, que en 2010 suponían un 16% del total de los recursos de las universidades públicas, han pasado a ser de casi el 23% en 2014.
La implantación de este sistema ha provocado un incremento desmesurado de los precios de las matrículas universitarias –con una reducción añadida de las becas– y unas diferencias entre territorios que son inaceptables porque están impidiendo la igualdad de oportunidades y la equidad en el acceso a los estudios universitarios, pero como se puede observar no compensan los recortes en la financiación pública.
La evolución de los presupuestos de las universidades por comunidades autónomas es muy desigual dependiendo de las políticas concretas de cada comunidad autónoma y, en los últimos años, del nivel de endeudamiento de cada una de ellas. Los recortes no son homogéneos por comunidades; hay diferencias importantes. Si comparamos la evolución de los presupuestos de las universidades entre 2010 y 2014, el porcentaje de disminución varía entre el 9,74% de Baleares y el 23,14% de Castilla-La Mancha.
La financiación pública que recibían las universidades nunca alcanzó la media de los países de nuestro entorno y siempre fue, con carácter general, insuficiente para garantizar que se pudiese alcanzar los objetivos que le asignamos con la calidad requerida. Los recortes de los últimos años nos han alejado todavía más de la inversión media de la UE-27 y están dificultando el desarrollo de la docencia, la investigación y el estudio, funciones que la Ley Orgánica de Universidades establece en su artículo uno para que las instituciones universitarias realicen el servicio público de la educación superior.
Como decían los rectores el pasado 30 de abril en un comunicado público, las medidas excepcionales implantadas desde 2012 se justificaron por la coyuntura económica del momento. Ante las afirmaciones de una perspectiva de mejoría económica en España, deben suprimirse todas aquellas que vayan más allá de un ahorro racional y una gestión eficiente y austera.
Respecto al Personal Docente e Investigador (PDI) y al Personal de Administración y Servicios (PAS), los recortes se han llevado por delante 8.124 empleos durante los dos últimos años: más de 5.500 docentes e investigadores (PDI) y cerca de 2.500 miembros del personal de administración y servicios (PAS), según los datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas elaborado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Este dato de destrucción de empleo sería mayor si los contratos del PDI laboral se computasen como equivalentes en régimen de dedicación a tiempo completo, ya que muchos de los contratos son a tiempo parcial. A estos datos habría que incorporar las reducciones de empleo derivadas de la pérdida de contratos de personal en formación (antiguos becarios) y del menor número de contratos vinculados a la realización de proyectos de investigación.
Respecto al Personal Docente e Investigador (PDI) y al Personal de Administración y Servicios (PAS), los recortes se han llevado por delante 8.124 empleos durante los dos últimos años: más de 5.500 docentes e investigadores (PDI) y cerca de 2.500 miembros del personal de administración y servicios (PAS), según los datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas elaborado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Este dato de destrucción de empleo sería mayor si los contratos del PDI laboral se computasen como equivalentes en régimen de dedicación a tiempo completo, ya que muchos de los contratos son a tiempo parcial. A estos datos habría que incorporar las reducciones de empleo derivadas de la pérdida de contratos de personal en formación (antiguos becarios) y del menor número de contratos vinculados a la realización de proyectos de investigación.
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