El presupuesto nominal de la política de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) aumenta un 4,8% en 2015 y obtiene 291 millones adicionales (pasa de 6.104 a 6.395 millones). Esta aparente mejora del gasto público en I+D+i desaparece al analizar de forma detallada el presupuesto de esta política.
[Pequeño extracto del Informe de 31 páginas que CCOO ha elaborado sobre la I+D+i en los PGE2015 y al que se puede acceder en formato PDF haciendo clic aquí]
Durante años, España aumentó lentamente su esfuerzo global en investigación y desarrollo, desde el 0,81% del PIB en 1996 al 1,06% en 2004 hasta alcanzar el 1,40% en 2010, año a partir del cual el gasto en I+D cae más que la economía y empieza a perder peso en relación al PIB: 1,30% del PIB en 2012 y el 1,24% según el avance de datos correspondiente a 2013. Estos niveles son muy inferiores a los de la Unión Europea y la Eurozona, debido principalmente al déficit de inversión en I+D del sector empresarial, mientras que el sector público sí logró aproximarse al promedio europeo. Entre 1996 y 2012 España redujo la brecha que le separa de la UE en materia de I+D en menos de una décima del PIB, por lo que a este ritmo harían falta más de 170 años para alcanzar el gasto medio en I+D de la Eurozona. Durante la crisis en Europa ha seguido aumentando el gasto en I+D y ganando peso en el PIB, mientras que en España el recorte de la I+D es mayor que la caída de la economía, lo que está de nuevo agrandando la brecha que nos separa de Europa en investigación y desarrollo.
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En 2015 el 62,4% de los fondos públicos asignados a la política de investigación no serán gasto real (inversiones, salarios, transferencias,…) sino préstamos y anticipos reembolsables a agentes públicos y privados para financiar sus actividades de I+D+i por importe de 3.989 millones. Desde hace más de una década estos préstamos y anticipos (el capítulo 8 del presupuesto) han sido el instrumento predominante para dotar los fondos de la política de I+D+i con unos resultados muy deficientes en su gestión y ejecución, que deja año tras año la mayoría de dichos préstamos sin conceder, por lo que el presupuesto inicial difiere mucho del realmente ejecutado.
El resto de capítulos del presupuesto (1 a 7) corresponden con el gasto real y dispondrán conjuntamente de 2.406 millones en 2015, lo que supone una parte minoritaria (el 37,6%) del presupuesto de esta política. Estos capítulos concentran, entre otras partidas, el gasto real que financia el sistema público de investigación (CSIC, OPI, Universidades, CDTI,…). En los últimos años los recortes del presupuesto de I+D+i han incidido en mayor medida en los capítulos de gasto real frente al de los préstamos, con el agravante de que los capítulos de gasto real sí se ejecutaban en su gran mayoría por lo que los recortes han tenido un serio impacto negativo sobre el sistema nacional de I+D+i, mientras que los recortes en el capítulo de préstamos han tenido un efecto menor dado que todos los años quedan sin conceder gran parte de dichos préstamos, incluso a pesar de haberse recortado significativamente.
Para 2015 la política de I+D+i dispondrá de 291 millones adicionales, la gran mayoría concentrados en préstamos adicionales destinados a la innovación con fines militares que servirán para financiar desde el Ministerio de Industria la abultada deuda que arrastra el Ministerio de Defensa por sus programas de inversión en armamento (buques de guerra, cazabombarderos, tanques, submarinos, helicópteros, misiles,…). Estos préstamos con fines militares aumentan un 64% anual y acaparan los recursos adicionales dedicados a I+D+i, que siguen sin llegar a las actividades prioritarias del sistema de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, un año más fuera de las prioridades de este Gobierno.
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