A comienzos de la crisis se redujeron de forma importante los recursos asignados a I+D militar, que consisten en una parte mínima de gasto real, generado por los OPIs del Mº de Defensa (ahora solo el INTA en el que se han fundido el CEHIPAR, ITM y LABINGE) y gestionada por el propio ministerio, junto al grueso de recursos de Capítulo 8, gestionados por el Ministerio de Industria y que corresponde a créditos (teóricamente) reembolsables a empresas constructoras de armamento. El capítulo 8 fue un artilugio estrenado al final de la última legislatura de Felipe González para gastar sin cargar el déficit y se convirtió en un pozo sin fondo en el cual se han enterrado miles de millones de euros en los últimos 20 años.
[Pequeño extracto del Informe de 31 páginas que CCOO ha elaborado sobre la I+D+i en los PGE2015 y al que se puede acceder en formato PDF haciendo clic aquí]
La mayoría de estos gastos no son, además, gastos de I+D, se dedican a la construcción de armamento y se asignan en más del 95% a empresas del sector privado. Esta situación ha creado un enorme problema al Ministerio de Defensa, comprador final de estos sistemas de armas. Efectivamente, los créditos se conceden a las empresas productoras de armas, que a continuación las venden al Mº de Defensa, que es quien acumula la deuda; deuda que si no se paga se convertirá obligatoriamente en déficit público. La suma de estos créditos en el período 1996-2015 alcanza los 20.174 M€, y ha generado compromisos de compra de material por más de 26.000 M€ hasta 2025.
Esta situación fue la causa del crédito extraordinario de 1782 M€ al Mº de Defensa provisto en 2012 para abonar la deuda acumulada con los proveedores entre 2010 y 2012, un primer paso para "resolver" el enorme agujero de 26.000 M€ que suponen los compromisos asumidos por Defensa en estos programas de armamento, como el carro de combate Leopard o el caza europeo Eurofighter. Este último es especialmente delicado ya que España tiene una deuda millonaria acumulada que ya incluye penalizaciones por retrasos.
En el marco de estas penalizaciones podría situarse la condonación de los créditos a empresas del sector aeronáutico, como los 100 M€ cancelados a Airbus en 2013.
El Ministerio de Defensa debía hacer frente este año a pagos de programas de armamento por valor de cerca de 2.300 M€, pagos "ineludibles" para el Gobierno que defiende que "no demorar su abono es necesario para no incurrir en más intereses, evitar pérdidas de empleo y capacidades en la industria de Defensa nacional". Así, en julio de 2013 (Real Decreto-ley 10/2013, de 26 de julio) se concedieron 877 M€ y en agosto de 2014 (Real Decreto-ley 10/2014, de 1 de agosto) otros 883,66 M€ por el Concepto 658 «Para atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento».
El gráfico del encabezado se compara las cifras del presupuesto de I+D+i de gasto militar con el Plan Nacional de I+D+i y con los créditos extraordinarios 2012-2014 para atender al pago de obligaciones correspondientes a los programas de armamento contemplados en el programa 464B. Avergüenza observar los raquíticos presupuestos del principal instrumento de financiación del sistema público de de I+D cuando se dilapidan millones en pagar armamento.
El aumento del 64% en la cuantía del capítulo 8 de I+D militar en 2015, sumado al 40% de aumento en los PGE 2014, refuerza este sistema perverso que asigna dineros sin generar déficit, donde los créditos acordados a las empresas constructoras no se devuelven si el Estado no es capaz de pagar por el armamento construido, y pagado a precios totalmente fuera del mercado. Es hora de que el Mº de Industria informe sobre la situación de estos créditos, de cuánto dinero se ha devuelto y cuánto se ha “perdonado” a costa del bolsillo del contribuyente, de qué empresas se han aprovechado de esta situación y, más importante, por qué se trata con guante blanco a estas empresas mientras las empresas innovadoras mueren por falta de recursos.
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