El mayor aumento se apunta de nuevo al INTA, que había visto recortados sus gastos en más del 40% desde 2009, con un déficit de casi el 50% en sus gastos de personal, que no se cubrían por el Capítulo 4 de ingresos. En 2014 sus gastos crecieron un 27% aliviando en parte este déficit, y este año lo hacen en un 7% adicional. Sin embargo, este aumento está ligado a la restructuración de este OPI, en el cual se han agrupado el CEHIPAR (OPI independiente hasta 2014), junto con el Laboratorio de Ingenieros del Ejército (LABINGE), y el Instituto Tecnológico “La Marañosa” (ITM), una institución de referencia en I+D+i en
Tecnologías de Defensa y Seguridad en España, dependiente de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) del Ministerio de Defensa. Por tanto, en el presupuesto del INTA se unifican los presupuestos de todos estos organismos del ministerio de Defensa, y su personal.
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El CSIC merece un análisis más detallado, tanto por ser el mayor centro público de investigación del país, y por tanto el de mayor presupuesto, como por haber estado en el ojo del huracán después de la situación de práctica quiebra técnica de julio de 2013. Este Organismo sufría un fuerte déficit debido a los sucesivos recortes acaecidos desde 2009, y a los compromisos adquiridos durante estos años al mantener los programas JAE de formación de personal y el programa EQUIPA de renovación de infraestructuras. Este déficit estructural se cifraba en 150 M€, y se articuló un plan de ahorro para sufragar una tercera parte de esta cantidad. El MINECO inyectó 95 M€ adicionales en dos cuotas, en julio y octubre, que permitieron salvar la situación del Organismo. De hecho los PGE 2014 incluían un aumento de la subvención del MINECO de 50 M€ entre Capítulo 4 y 7 de transferencias corrientes y de capital. Así, a pesar de la reducción de los ingresos propios, sobre todo en contratos con empresas (donde se mantiene el número de contratos pero disminuye drásticamente la asignación por contrato), se conseguía mantener el gasto y no seguir generando déficit.
Los PGE 2015 traen pocas novedades, el presupuesto CSIC baja un 0,58%, 3,48 millones de euros, que se explican por reducción del gasto en capítulo 2 de gastos corrientes en limpieza y seguridad. Sin embargo, conviene echar un vistazo a las diferencias con 2010, año en que ya se aplicó un primer recorte de más del 13%, y respecto del cual nos separan 129 millones de euros y un 17,7% del presupuesto de gastos.
Pero el problema básico de todos los OPIs y particularmente del CSIC, es la continua sangría de recursos humanos, jóvenes investigadores y técnicos que abandonan los centros por finalización de contrato o, en los casos más graves, como el CNIO, por EREs en toda regla.
Una generación formada en condiciones equivalentes a nuestros socios europeos y que es muy valorada allí donde acaban, expulsados por el sistema. Con cada investigador o técnico que abandona su carrera profesional la ciencia española se muere un poco; los laboratorios se quedan vacíos, lejos de aquellas épocas de bonanza (y también de despilfarro) donde sobraban becas y los contratos se multiplicaban.
Un modelo de crecimiento que no analizó las consecuencias. Denostando al funcionariado, la precariedad se convirtió en un valor en alza y llegó a ser sinónimo de excelencia. Hoy ese modelo, arraigado en muchos centros “excelentes”, ha explotado, los déficits crecen imparables y se producen despidos y EREs allí donde hace muy poco se exaltaba el modelo de gestión vertical y “privado” de los recursos públicos. El CNIO y el centro Príncipe Felipe son dos ejemplos palmarios, junto a enormes edificios vacíos y grandes infraestructuras insostenibles, como el Sincrotrón ALBA o el centro de Espalación de Neutrones, etc.
La tabla siguiente ilustra la pérdida de personal de los OPIs en los últimos 5 años, pero solo incluye al personal del Capítulo 1. Esta reducción de efectivos es el resultado de las jubilaciones y una tasa de reposición casi nula. La pérdida, sin embargo, es mucho mayor en el personal contratado por obra y servicio con cargo a proyectos, y con contratos provenientes de convocatorias públicas (RyC, JdC, FPI, FPU, diversos JAE, etc.). Solo en el CSIC se han perdido 1200 personas en 2012, otras 1100 a lo largo de 2013, y más de 840 en 2014. Las escasas incorporaciones, 29 contratos Ramón y Cajal en 2013 y 40 en 2014, más 49 contratos de formación posdoctoral y 230 predoctorales (FPI+FPU) en 2014, no compensan esta sangría imparable. Las plantillas envejecen y la tasa de reposición del 10% ni siquiera se cumple. En 2017, al final del Plan de Actuación del CSIC 2014-2017, y aun considerando que las OEP respeten las plazas previstas en dicho plan, la edad media del personal investigador habrá pasado de 53 a 56,9 años; un verdadero dislate si se piensa que la máxima productividad de los científicos se sitúa en torno a los 40 años.
Los jóvenes abandonan y el sistema se muere por inanición. Podremos seguir haciendo como que estamos vivos pero sabemos que el final como sistema moderno y eficiente está cercano. En 2015, año electoral, la tasa de reposición aumenta en los OPIs hasta el 50%, pero solo para personal investigador, a diferencia de las Universidades, donde la tasa se extiende al Personal Docente e Investigador y al Personal de Administración y Servicios.
Esta decisión es dramática para los OPIs, con un alto porcentaje de personal técnico y de gestión, con Ofertas de Empleo Público nulas en los últimos cuatro años. El caso del personal de laboratorios del CSIC (Ayudantes y auxiliares de investigación) es paradigmático: el 32% tiene más de 60 años y se están produciendo una cascada de prejubilaciones antes de los 65 años, lo cual aboca a la desertización de los laboratorios en unos pocos años.
Es necesaria, imprescindible, una inyección de personal especializado en los OPIs, que han perdido casi 2000 funcionarios y 378 contratos laborales fijos en los últimos 5 años. Es necesario restaurar la tasa de reposición del 100% en todos los grupos de personal para detener la descapitalización del sistema público de investigación. Cualquier cifra menor del 100% significa destrucción de empleo y el sistema de I+D no se lo puede permitir.
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