Dado que es un proyecto que incide directamente en las condiciones laborales del personal en formación de las Universidades, consideramos que debe ser negociado y así se lo hemos manifestado al Gobierno.
El proyecto presenta una serie de novedades que se pueden aglutinar en tres bloques:
PRIVATIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO
El proyecto muestra una deriva privatizadora bastante intensa de los estudios de doctorado, desde el momento que se da cabida formalmente a instituciones privadas (entidadesempresariales que cuenten con actividades de I+D+i). Siendo el punto más crítico la presencia de estas entidades privadas en el propio comité de dirección de las mencionadas Escuelas de Doctorado.
ESQUIZOFRENIA REGULATIVA ENTRE AUTONOMÍA UNIVERSITARIA Y FUNCIÓN CENSORA DE LOS ORGANISMOS DE ACREDITACIÓN
Se hace desaparecer cualquier referencia al catálogo de Enseñanzas Universitarias, dando a las Universidades plena autonomía para la elaboración y conformación de los programas de doctorado.
Pero, el contrapunto de este refuerzo de la autonomía universitaria en el proceso de EEES, lo constituye la panoplia de organismos de verificación de los programas de doctorado, unido a la ambigüedad de los criterios bajo los que teóricamente se procederá a verificar programas.
PRECARIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR E INVESTIGACIÓN
La última crítica y la más importante desde el punto de vista laboral a este proyecto, es la prolongación de los tiempos que se preveen para estar en posesión del título de doctor, por lo que alargará innecesariamente su etapa temporal en la mayoría de los casos del personal en formación, y su posible contratación en prácticas con el correspondiente recorte retributivo.
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