Durante los últimos meses aumenta considerablemente la conflictividad del PDI no permanente en las universidades españolas
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El EPIF puede acabar con la congelación salarial del
colectivo predoctoral |
Durante los años de recortes, las universidades españolas sufrieron fuertes reducciones en su financiación. En unos casos esas reducciones presupuestarias se pactaron con los sindicatos buscando mantener la estabilidad de toda la plantilla y seguir garantizando la estabilidad junto con la promoción. Pero
en otras universidades se optó por aplicar medidas unilaterales de los equipos rectorales precarizando sus plantillas de PAS y PDI.
El aumento de la financiación con el fin de los recortes ha permitido una mejora en las posibilidades de estabilización y promoción en la mayoría de las universidades españolas. Aunque en algunos casos no ha sido suficiente o sus equipos rectorales no lo están aplicando de manera adecuada.
Lo que ha aumentando considerablemente la conflictividad de quienes más sufren esta situación: el PDI temporal o no permanente, tanto profesorado como personal investigador.
Los colectivos de personal investigador contratado temporal vienen sufriendo una congelación salarial de manera permanente, que devalúa su situación económica un año tras otro hasta límites insostenibles. Lo que provoca salarios precarios y totalmente injustificables. Las presiones del colectivo predoctoral en torno al Estatuto de Personal Investigador en Formación (EPIF) y las negociaciones de los sindicatos con la anterior Secretaría de Estado IDi (SEIDI) han posibilitado un acuerdo que mejora considerablemente sus retribuciones y que está pendiente de su aprobación definitiva por los nuevos responsables del nuevo Ministerio de Ciencia y Universidades [
clic aquí para ampliar la información sobre el último borrador del EPIF].
De aprobarse,
este EPIF para predoctorales servirá de referencia para los colectivos de postdoctorales y por Proyectos. Ya que no sería justificable que los primeros si puedan ver garantizada su actualización salarial anual y el resto sigan siendo excluidos.
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En el caso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, CCOO ha puesto en marcha un proceso de Conflicto Colectivo por ERE encubierto que su rectorado ha rechazado y, por lo tanto, será resuelto en vía judicial. Algo que, viendo la experiencia de nuestro sindicato con una situación similar de la UPM en 2015, supondrá un enorme despilfarro y gasto económico cuando se dicte la sentencia declarando nulos todos los despidos y se obligue a la ULPGC a readmitirles abonando los salarios aunque no hayan trabajado, por incumplir con lo previsto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.
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En las universidades andaluzas el principal foco de conflicto se centra en la falta de estabilidad y promoción del profesorado Ayudante Doctor y Contratado Doctor interino, ya que sus rectorados han acumulado un gran volumen de precarización en estos dos colectivos sin ofrecerles soluciones de continuidad o estabilidad. Es, también, donde más tiempo se ha mantenido la situación de conflictividad (un año) y que puede ver una posible solución cuando se materialicen los acuerdos alcanzados entre sindicatos, rectores y Junta de Andalucía en la Mesa sectorial de negociación.
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En la Comunidad Valenciana es también el profesorado asociado el protagonista de las protestas. Especialmente por las bajas retribuciones que perciben en la UV y UPV, ya que la Universidad de Alicante dispone de mejores salarios para este colectivo y no se ha visto afectada por las protestas. El principal problema de esta situación es la falta de un Convenio Colectivo, ya que son las únicas universidades españolas que no disponen de uno a nivel autonómico y eso provoca diferencias sustanciales en las retribuciones entre unas universidades y otras. En este momento se están terminando las últimas negociaciones de lo que será el primer convenio colectivo que vinculará al PDI de esa Comunidad autónoma, lo que permitirá resolver parte de los problemas denunciados.
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En Cataluña, aunque si disponen de Convenio Colectivo, el volumen de contratación de profesorado asociado en la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona, junto con un nivel bajo de retribuciones, ha extremado la precarización del profesorado asociado. Especialmente después de la introducción de nuevos recortes en los últimos años como consecuencia del déficit presupuestario de esa Comunidad Autónoma. Es, también, donde existen más dificultades para solucionar el problema mientras no se logre una estabilización política y presupuestaria.
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