Este es el segundo intento del ministro Wert para reducir el derecho a cotizar de los becarios universitarios y, además, en esta ocasión lo quiere hacer extralimitando sus competencias porque afecta al contenido de la Ley de Seguridad Social, que corresponde a otro ministerio. El anterior intento por limitar este derecho fue impugnado por CCOO ante el Tribunal Supremo y anulado por éste, por lo que el sindicato exige al Gobierno que respete este nuevo derecho nacido del acuerdo entre sindicatos y empresarios.
CCOO recuerda que el derecho a cotizar de los becarios es una de las medidas incluidas en la reforma de pensiones de 2011 pactada por sindicatos y empresarios, para ayudar a completar las carreras de cotización de un colectivo que generalmente ve retrasada su incorporación al mercado laboral como consecuencia del tiempo dedicado a su formación. Suprimir este derecho significará ahondar más en la precariedad de los más de 1,6 millones de estudiantes universitarios y de la juventud española.
Además, el nuevo intento del Ministerio de Educación parece hacer oídos sordos a la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 28 de junio en la que daba la razón a la demanda interpuesta por CCOO y anulaba la limitación que establecía el RD 1707/2011 para la cotización de las prácticas externas universitarias. La consecuencia de esta sentencia fue la de triplicar el número de becarios en alta en la seguridad social en apenas unos meses; cifra que no ha dejado de crecer desde entonces y que actualmente se aproxima a los 70.000 jóvenes.
En esta ocasión se pretende excluir del derecho a cotización a los estudiantes que realicen prácticas académicas externas curriculares aunque éstas cumplan los requisitos establecidos en la Ley 27/2011 de reforma de la Seguridad Social pactada por sindicatos y empresarios, lo que puede afectar al derecho de cotización de decenas de miles de estudiantes. CCOO no comparte los argumentos utilizados por el Ministerio, que traslada la responsabilidad a los rectores universitarios y a injustificados temores sobre el impacto de este nuevo derecho en la oferta de becas curriculares existente.
Tampoco es defendible objeción alguna en cuanto al coste de la cotización: es de tan sólo 34,72 € brutos/mes a cargo de las empresas y de 6,09 €/mes a cargo de los becarios. Para las empresas, además es un gasto deducible, con lo que el coste real para ellas se sitúa en torno a los 25 € mes.
CCOO exige al Gobierno que mantenga este derecho en sus términos actuales, rechace la iniciativa del Ministerio de Educación que incrementaría la precariedad que sufre este importante colectivo y garantice su derecho a cotizar cuando tengan becas formativas en los términos en los que fue pactado con los sindicatos y empresarios.
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