Jóvenes Investigadores y Precarios

miércoles, 25 de noviembre de 2020

Abre los ojos. ¡Actúa! Todas las violenciaS duelen

CCOO lanza la campaña ' Abre los ojos. ¡Actúa! Todas las violenciaS duelen' para subrayar la necesidad de visibilizar, sensibilizar y actuar ante todas las violenciaS machistas

Este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, desde Comisiones Obreras queremos subrayar con la campaña ‘Abre los ojos. ¡Actúa! Todas las violenciaS duelen’ la necesidad de visibilizar, sensibilizar y actuar ante todas las violenciaS que coartan la libertad de las mujeres e impiden su desarrollo y, por supuesto, repudiar todos los feminicidios y asesinatos machistas, la manifestación más brutal y cruenta de estas violenciaS.

Los derechos de las mujeres son derechos humanos y, por tanto, todas las violencias contra las mujeres son agresiones a la humanidad, a la justicia y a la dignidad. Todas duelen y dañan. Abre los ojos. ¡Actúa!

VISIBILIZAR.

El Convenio de Estambul, el tratado de referencia en Europa sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres, no solo denuncia este problema social como una grave violación de los derechos humanos, sino que llama a actuar sobre todas las formas de violencia.

● Feminicidios. El feminicidio engloba a todas las mujeres asesinadas violentamente por razones de género. Por supuesto, a las víctimas de sus parejas o exparejas, que este año en España a 13 de noviembre ascienden a la cifra terrible de 41 mujeres, 1.074 desde 2003; pero también incluye a todas las mujeres asesinadas por razones de género fuera de este marco, una estadística que hasta ahora en España no ha tenido el mismo seguimiento. Desde CCOO queremos subrayar que tan importante es recopilar información para reconocer la magnitud de este problema social como recordar que se trata de vidas, no de números. Y acordarse también de las otras víctimas de los feminicidios, los huérfanos y las huérfanas, 23 en 2020 y 301 desde 2013.

● Violencia física, violencia sexual y acoso sexual. Según datos de la ONU, alrededor de un tercio de las mujeres en todo el mundo han sufrido violencia física y / o sexual por parte de sus parejas; y el 18% ha experimentado este tipo de violencia en los últimos 12 meses. Además, al menos 200 millones de niñas y mujeres han sido sometidas a la mutilación genital femenina. En España, la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer que se dio a conocer el pasado mes de septiembre revela una realidad perturbadora:

Una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista en España.
El 14,2% de las mayores de 16 años, 2.905.489 mujeres, han sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja, actual o pasada, en algún momento de su vida.
El 6,5%, 1.322.052 mujeres, han sufrido violencia sexual en algún momento de sus vidas de alguna persona con la que no mantienen ni han mantenido una relación de pareja.
En cuanto al acoso sexual, el 40,4% (8.240.537 mujeres) lo han sufrido en algún momento de sus vidas.
Cabe recordar que todas estas formas de violencia dejan importantes secuelas físicas y psicológicas.

● Violencia económica. Menos del 50% de las mujeres en edad de trabajar en el mundo están en el mercado laboral, una cifra que apenas ha cambiado durante los últimos 25 años, de acuerdo con el último informe de la ONU. En España, las mujeres aún sufren enormes barreras para acceder al mercado laboral, con una tasa de actividad de solo el 57,83% frente al 63,44% de los hombres; sin embargo, 6 de cada diez personas en paro siguen siendo mujeres. La precariedad, la temporalidad y la parcialidad afectan a las trabajadoras de manera mayoritaria, y la brecha salarial, a pesar de haberse acortado en el último año gracias al incremento del salario mínimo y el salario mínimo de convenio, se mantiene. Estas discriminaciones, que a la larga inciden además en menores prestaciones y provocan la feminización de la pobreza, son también violencias y, por supuesto, al restar autonomía económica a las mujeres, generan situaciones de dependencia que a menudo funcionan como caldo de cultivo para el resto de las violenciaS.

● Violencia psicológica. El maltrato psicológico es también una forma de violencia a menudo más difícil de detectar y cuantificar, pese a que sus secuelas psíquicas y físicas en las mujeres pueden ser igualmente graves y mantenerse durante años. Comportamientos cotidianos en apariencia sutiles, tendentes a ejercer el control en la pareja o a minar su autoestima, pueden desencadenar insomnio, ansiedad, angustia, pérdida de memoria o problemas gastrointestinales. Según la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, más de 6,5 millones de mujeres en España han padecido violencia psicológica (emocional, control, económica, miedo) por parte de su pareja o expareja.

“Sí, ViolenciaS con S porque no se trata de una violencia, aunque todas provengan de una misma raíz. Son muchas, manifestadas de distintas formas, con diferentes intensidades y efectos. Desde la violencia simbólica hasta el feminicidio, pasando por la violencia física, psicológica, sexual, la mutilación genital o el acoso sexual, entre otras manifestaciones. Todas y cada una de ellas, vulneran y violan los derechos humanos universales”

[Elena Blasco Martín Secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO].

lunes, 16 de noviembre de 2020

Reforma LOU: 10 razones para el NO y 1 sola esperanza

Las conclusiones de CCOO, después de terminada la cuarta reunión con el Ministro de Universidades, son diez razones para rechazar su reforma de la LOU

Esta cuarta reunión fue extraña y contradictoria, por quienes asistieron y por las explicaciones del Ministro. Y precisamente por cómo se desarrolló la sesión y a la vista de su contenido, desde CCOO queremos exponer nuestras 10 razones para decir NO a esta reforma de la LOU. Razones que estamos difundiendo y que puedes descargar en el siguiente enlace:

10 razones para el NO y 1 sola esperanza [PDF]

El Ministro dijo, durante su introducción, que intenta avanzar en el consenso o convergencia entre las distintas opiniones de los actores del sistema universitario español. Su idea es consensuar posiciones y dice que aún están realizando revisiones en profundidad del proyecto de reforma de la ley, por lo que hay distintos textos. Consideran que es mejor buscar propuestas conjuntas en reuniones conjuntas y quieren integrar propuestas. Reconoce que las propuestas necesitan una evaluación presupuestaria y han hecho cuentas, pero no se pueden dar cifras porque depende de la aprobación final de los PGE202. Así que no se hablará de las implicaciones presupuestarias hasta que éstos se aprueben.

Después de las tres primeras reuniones con los sindicatos, el Ministro ha decidido cambiar el formato y a partir de ahora serán sesiones a cuatro bandas: Ministerio, sindicatos, las universidades representadas por la CRUE y Comunidades autónomas. Aunque de este último grupo es el propio Ministro quien "selecciona" los asistentes y solo estaban Andalucía, Cataluña, comunidad Valenciana y País Vasco. En ningún momento justificaron esta elección de representantes (?), aunque a la vista de sus intervenciones posteriores resulta comprensible al ver que se defienden posturas próximas al Ministerio. Mal asunto si solamente quieren escuchar opiniones favorables y peor aún que eluda toda opción de negociar en una Mesa sectorial de universidades con la representación sindical del PDI universitario.

Terminadas las explicaciones del Ministro, ya en el segundo punto de la sesión sobre Memoria financiera, se vuelve a repetir el mismo argumentario: Han hecho cuentas pero no habrá Memoria financiera hasta después de los PGE2021. De manera que pretenden acordar reformas drásticas sin garantía de que haya financiación para respaldar su aplicación.

En el resto de los puntos aplican esta nueva fórmula de debate colectivo multisectorial, que no ayuda a clarificar los temas y en cambio genera más confusión, ya que el Ministerio se limita a exponer su propuesta y luego escucha las aportaciones sin contestar ni concluir:

Vía laboral/funcionarial.- Aunque dicen que la vía funcionarial será prioritaria, dejan el desarrollo de la vía laboral en manos de las Comunidades autónomas, por lo que esa supuesta prioridad no tendrá ninguna garantía legal. Desde CCOO consideramos que la vía laboral se puede desarrollar por negociación colectiva, tal como se ha venido haciendo hasta ahora, y que el texto propuesto no genera beneficio alguno sino que aumenta las competencias autonómicas aún más por lo que se acelerará la desfuncionarización del PDI.

Temporalidad.- Proponen el 35% como tope de PDI temporal en el plazo de cinco años, con un Plan de Adecuación de plantillas (?) y "presumen" de haber logrado una tasa de reposición del 110% para 2021. No es necesario resaltar que ese aumento del 10% es absolutamente ridículo a la vista de la pérdida de empleo en el periodo 2008-2015 y que ningún Plan será viable sin que se habilite financiación adicional y mecanismos de control para garantizar que se cumpla. Sin olvidar que establecer un tope del 35% de temporalidad en las universidades es vergonzoso y una absoluta discriminación, cuando los Acuerdos de Montoro con los sindicatos lo dejaron en el 8% para el resto del sector público.

En los demás temas (Acreditación inicial para acceder a la carrera académica, Acceso en reserva de plaza de asociados con acreditación a los Programas de selección de personal ordinarios y extraordinarios, Nivel de exigencia para la acreditación a Titular laboral, etc...) ya se aprecian diferencias de opinión entre el Ministerio, la CRUE y las distintas comunidades autónomas presentes. En general, cada parte intenta obtener un mayor nivel de control y, al mismo tiempo, eludir responsabilidades.

En resumen: en la reunión no ha habido negociación, de hecho, ni siquiera ha habido diálogo. El Ministro ha planteado los temas, se han presentado las propuestas de las distintas partes, y no se han dignado a contestar.

miércoles, 11 de noviembre de 2020

El Tribunal Supremo rechaza la indemnización para predoctorales

#SinCienciaNoHayFuturo #SinDerechosNoHayCiencia

Con fecha 5 de noviembre se ha publicado la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo social) Núm. 903/2020, que acepta recurso de casación presentado por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) en contra de la ratificación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) del derecho a indemnización a la finalización del contrato del Personal Investigador Predoctoral en Formación (PIPF), demandado mediante conflicto colectivo por CCOO

En concreto, CCOO reclamaba el reconocimiento del derecho del personal con contrato predoctoral a percibir resarcimiento derivado del cese o finalización de su contrato, equivalente a la indemnización legalmente fijada para el despido objetivo, de 20 días por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades, o subsidiariamente a la indemnización de 10, 11 o 12 días por año de servicio prevista para el contrato de obra o servicio determinado, según la fecha de celebración del contrato.

CCOO ya había exigido el derecho a cobrar la indemnización por extinción de contrato en las negociaciones del Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación (EPIPF) publicado en marzo de 2019 (RD 103/2019), de modo análogo a como sucede con otras figuras contractuales laborales. Este punto fue, de hecho, una de nuestras principales reivindicaciones, junto con el establecimiento de una retribución mínima para todos los contratos predoctorales, la actualización anual del salario y la regulación y seguridad jurídica de condiciones importantes de la contratación predoctoral. Esta petición tuvo el apoyo inmediato del colectivo, pero finalmente no fue incluida en el texto publicado a pesar de las promesas del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y anteriormente del Ministerio de Economía y Competitividad.

La presentación del recurso de casación por parte de la USC provocó el malestar generalizado en el colectivo, que esperaba la aplicación inmediata de la sentencia ganada por CCOO ante el TSXG y confiaba en una resolución favorable por parte del Tribunal Supremo. La noticia ha sido recibida como un jarro de agua fría por los jóvenes investigadores y las jóvenes investigadoras, que ya acumulan un elevado descontento a raíz de la aplicación irregular del EPIPF en diferentes comunidades autónomas y a la ausencia de propuestas específicas en las últimas conversaciones con el Ministerio de Universidades en relación a la modificación de la LOU y redacción del Estatuto del Personal Docente e Investigador.

Los Servicios Jurídicos de CCOO están analizando la sentencia para ver las opciones de posibles recursos en otras instancias, aunque entendemos que de existir una vía alternativa en el ámbito judicial, ésta llevará tiempo. Por esa razón consideramos que, paralelamente, hay que impulsar en la negociación colectiva a todos los niveles (universidades, comunidades autónomas y ministerios) el derecho a la indemnización de fin de contrato para el personal investigador predoctoral y postdoctoral, afectado por los artículos 21 y 22 de la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

CCOO seguirá luchando, mediante la negociación colectiva, para que se reconozca el derecho a la indemnización por fin de contrato para el personal investigador, así como otras mejoras que complementen al EPIPF mediante la modificación de la Ley de la Ciencia.

miércoles, 4 de noviembre de 2020

Empleo estable: falsas promesas al sector científico

Durante las últimas semanas los ministros de Universidades y Ciencia han difundido noticias sobre el incremento de la contratación estable para personal investigador en universidades, OPIs y centros de investigación sanitaria

Este despliegue de información positiva contrasta con las previsiones reales contenidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 (PGE2021) que ha dado a conocer la Ministra de Hacienda. Es como si la señóra María Jesús Montero hubiera dado un "baño de realidad" a los "mundos virtuales" de los ministros Duque y Castells. Aunque nosotros creemos que simplemente ella dice la verdad y ellos ofrecen promesas sin fundamento.

De poco o nada servirá el minúsculo incremento presupuestario en ambos ministerios, ni la promesa de crear figuras estables en OPIs, ampliar la oferta de puestos fijos en universidades o estabilizar al personal investigador sanitario, si esa previsión no se refleja en los PGE2021 de manera amplia. Y el establecimiento en los mismos de una tasa de reposición del 110% significa que seguiremos teniendo un diferencial negativo de -250% de empleo estable con respecto al año 2008. Diferencial negativo que estuvo cerca de -600% en los años 2015 y 2016. Y que solamente se logró recuperar parcialmente gracias a los Acuerdos logrados por los sindicatos para la estabilización del empleo temporal durante los tres años siguientes, aunque aún hoy siguen pendientes de convocar la mayoría de las plazas de esas Ofertas Públicas de Empleo (OPE) por negligencia y dejadez de los organismos convocantes.

Aunque en CCOO ya anticipábamos la situación (partiendo de la mala experiencia por la negativa de Función Pública del Estado para ampliar la OPE para este año), la mayoría de asociaciones del sector científico han lanzado mensajes de optimismo aunque, eso sí. con cierta contención y expresando dudas hasta no ver materializada las distintas propuestas que Ciencia y Universidades han difundido. Pero mensajes favorables, al fin y al cabo, que en definitiva refuerzan a los dos ministros.

Lamentablemente esta tendencia lleva funcionando varias décadas y parece que sigue dando resultados. Basta unas cuantas promesas con acciones muy muy muy limitadas, para que el personal científico e investigador se ilusione y abandone o relaje su capacidad de protesta. En este punto, los sindicatos volvemos a demostrar nuestra capacidad de análisis y que la experiencia en la negociación es un plus a la hora de evaluar estas situaciones. Por eso sabemos que no podemos dejar de presionar hasta lograr un acuerdo. Lo contrario es aceptar que todo continúe igual.

En este caso, además, la difusión de estas promesas se ha visto alentada por titulares de prensa que extiende esa falsa sensación de que ya se resuelve el problema de la precariedad del empleo temporal.

El más desafortunado, por cierto, ha sido EL PAIS (El Gobierno abre la puerta a contrataciones fijas masivas en la universidad para frenar su envejecimiento), aunque el resto no se han quedado atrás (ELDIARIO.es: El Gobierno permitirá que se hagan más contratos que jubilaciones en la Universidad por primera vez desde 2010).

Cuando resulta que aumentar un 10% la tasa de reposición solo reduce el diferencial actual de -275 a -265, y en ningún caso suponen "contrataciones fijas masivas" ya que una universidad que tenga 100 bajas de personal solamente podrá contratar 10 personas más de las que estaban previstas. ¿Desde cuando podemos considerar a eso como masivo? Y, desde luego, tampoco es la primera vez que se puede superar la tasa del cien por ciento ya que, en los tres años de aplicación de los Acuerdos con los sindicatos para la estabilización del empleo público, se pudo duplicar con una tasa de reposición adicional.

CCOO lleva convocando protestas y concentraciones desde hace tres meses bajo un conjunto de reivindicaciones entre las que destacan las convocatorias de plazas, el cumplimiento de las ofertas de OPEs aprobadas y la negociación de un nuevo Acuerdo que permita seguir reduciendo ese diferencial negativo de empleo público estable. Por esa razón nos negamos a firmar la OPE de este año y por esa misma razón rechazamos las previsiones contenidas en los PGE2021 en materia de empleo público. El personal científico e investigador, de universidades, OPIs y fundaciones o centros sanitarios, necesita una mejora radical en las ofertas de empleo fijo y estable. Una mejora realmente masiva y amplia. Hacemos un llamamiento para que asociaciones y plataformas del sector científico se incorporen a nuestras convocatorias de movilización y presión, para que juntos logremos el cambio necesario.

miércoles, 28 de octubre de 2020

Maternidad y llamamientos para listas de sustituciones o de empleo

En los últimos años se esta extendiendo, entre algunas universidades y otras Administraciones Públicas, una actitud discriminatoria con respecto a la maternidad y el orden de los llamamientos para listas de sustituciones o de empleo temporal

Esta actitud discriminatoria nace de la existencia de un importante problema ante la imposibilidad de concurrir a un llamamiento de interinidad al producirse durante la vigencia del permiso de maternidad. Problemática que ya ha sido resuelta anteriormente con diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional y que, una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Pontevedra (de 28 de julio de 2020), ha venido a actualizar adecuadamente al resumir extensamente toda la jurisprudencia al respecto.

El fallo comienza tomando como referencia la STC nº108/2019 y señala: «Para observar si tal discriminación tuvo o no lugar, acudiendo a la doctrina sentada finalmente en la STC nº 108/2019, hay que examinar si en la adopción del acuerdo impugnado la Administración intentó compatibilizar la condición biológica y la salud de la mujer, así como su derecho al libre ejercicio de la maternidad, con la conservación de sus derechos profesionales de forma que impidiendo con ello que la situación de maternidad pudiera llevar a alguna desventaja para ella.

Para lo que suele ser útil el conocido como test but for o de la sustitución, utilizado por el Tribunal de Justicia y el Tribunal Supremo, consistente en cambiar el sexo u otra circunstancia personal del sujeto, al menos en la mayoría de los casos. El hallazgo de interés es el que sigue: valorar si fue la maternidad la que, como circunstancia unida a las mujeres y solo a ellas, provoca una situación de discriminación profesional.»

Destacando posteriormente: «Y ambos efectos perjudiciales para ella tendrían por origen, al aplicársele esa Instrucción (nº 03/2016 de la fiscalía General del Estado), su condición fisiológica de madre reciente y de “empleada” en disfrute de un permiso por maternidad y lactancia al que tiene derecho,
cuyo ejercicio es irrenunciable en términos absolutos pero también temporales, asociadas a fechas inmediatamente siguientes a la del parto de que se trate.

Entiendo que la aplicación de esa Instrucción al caso de referencia, y la forma en que se redacta la disposición concreta de la misma que trata el embarazo como una causa de renuncia justificada involuntaria, claramente provocan un trato desfavorable, peyorativo y directamente asociado a una condición femenina evidente, susceptible de encajar en lo que el art. 8º de la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres (LOIHM) califica como “discriminación directa por razón de sexo” (el art. 8º LOIHM define como tal “todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad”) pues difícilmente una situación como la de podría originar idéntico resultado en el caso de un varón (por motivos obvios); y, además, cabe hablar, seriamente, de una discriminación como la descrita en la STC nº 108/2019 que se cita en el FJ anterior de esta sentencia, especialmente porque la aplicación de esa Instrucción lleva consigo unas consecuencias
gravosas para la aspirante en su derecho al libre ejercicio de la maternidad, porque precisamente el ejercicio de ese derecho (irrenunciable) hace que termine siendo relegada al último puesto de la lista en que aparecía, además, con el mayor mérito de los aspirantes incluidos, y no sólo eso sino que le impide aceptar ese llamamiento una vez desaparecida la causa que impidió que pudiera atenderlo en la fecha de su producción, de su comunicación (lo que perfectamente podría haberse suplido permitiéndole aceptarlo y nombrando otra sustitución por el tiempo que ella permaneciera en esa situación).»

Y añade: «…entiendo que procede la estimación del presente recurso por ser perfectamente claro, y
muy bien definido en demanda, el carácter de acto atentatorio del derecho a la igualdad, en su vertiente de discriminatorio por embarazo/maternidad (desigualdad de trato por razón de sexo, art. 14 CE y consiguiente infracción del art. 8º LOIHM) el que sirve de objeto a este asunto contencioso; evidenciándose de lo sucedido en este caso que el origen de esa discriminación efectiva está, por los efectos que provoca, en el contenido de una Instrucción como la nº 3/2016 de la Fiscalía General del Estado, cuando define, entre otras, como una de las causas de renuncia justificada involuntaria de llamamientos como fiscal sustituto la situación de “embarazo…

… Lo dicho hasta aquí conduce, por tanto, por estimación de este recurso, y de conformidad con lo que dispone el art. 121.2 LJCA, a la declaración de nulidad de pleno derecho de dicha resolución; pues no hay duda de que el perjuicio ocasionado a la demandante lo fue a causa de la interpretación de lo dispuesto en el RD 634/2014 de los efectos de su manifestación de imposibilidad de atender a un llamamiento en la fecha de interés siendo el efecto pernicioso que tal decisión le provocó una consecuencia, en conexión directa e inequívoca, derivada de su situación de embarazo/maternidad ( STC 66/2014 , FJ 2 (EDJ 2014/67670); y las allí citadas). La conclusión es que fue la maternidad de la demandante lo que provocó el perjuicio por el que recurre y que la Administración obvió en su decisión que la condición biológica y la salud de la mujer trabajadora han de ser compatibles con la conservación de sus derechos profesionales, sin que la maternidad pueda permitir ninguna desventaja.»

En definitiva, no puede causar perjuicio alguno al aspirante la imposibilidad de concurrir al llamamiento que le corresponda durante el disfrute del permiso de maternidad, debiendo respetar en todo caso sus derechos profesionales.

martes, 20 de octubre de 2020

La Oferta de Empleo en investigación es insuficientemente ridícula

CCOO rechaza la propuesta de OEP 2020 en la Administración General del Estado y, especialmente la destinada a Organismos Públicos de Investigación

No compartimos ni el volumen ni la distribución. Consideramos que Función Pública vacía el IV
Convenio Único y abandona a los sectores más necesitados de la Administración General del Estado (AGE), impulsando un modelo de administración alejado de los problemas reales de precariedad.

En 2019 se produjeron 8.708 bajas en la AGE. La OEP propuesta es de 9.270 puestos. Entendemos que se pierde intensidad en la recuperación del empleo público, con un incremento sobre las bajas de solamente un 6 %. Exigimos una OEP libre que no quede por debajo de los 10.150 puestos, que resultaría de la aplicación del coeficiente de incremento de 2019 (un 26 % sobre la tasa de reposición).

Con respecto a la distribución en grupos, la propuesta descapitaliza los puestos que prestan atención directa a la ciudadanía así como los destinados a la investigación, tanto de personal técnico como investigador. Algo especialmente grave en los Organismos Públicos de Investigación (OPI) si tenemos en cuenta que tienen un 40% de temporalidad.

Situación que se ve perjudicada porque los OPIs, además, tienen miles de puestos sin encuadrar en el IV Convenio Único y verán retrasado el cobro de sus aumentos salariales o las posibilidades de acceder a concursos de traslado o promoción. Solo los contratos predoctorales ven mejorada su situación porque al culminar el encuadramiento global podrán actualizar sus nóminas [informaremos de este tema en unos días].

Desde CCOO proponemos dos elementos. En primer lugar, evaluar las necesidades del servicio público y de la ciudadanía, y en base a estos dos análisis adecuar la OEP a estas necesidades. En segundo lugar, impulsar una OEP extraordinaria que aporte un mensaje de coherencia, reconociendo los déficit de personal en determinados ámbitos con muchas necesidades, como SEPE, Investigación, Seguridad Social, AEMPS, extranjería y documentación, Instituciones Penitenciarias...

La posición cerrada de Función Pública dinamita la posibilidad de acuerdo, y da por finalizada la negociación. En CCOO entendemos que el Gobierno tiene margen para desarrollar una OEP que refuerce los servicios públicos y que dé respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía. Por esta razón mantendremos el calendario de protestas y movilizaciones que ya iniciamos hace dos meses y que, por ejemplo, toca hoy en Zaragoza y mañana miércoles en Madrid.

miércoles, 22 de julio de 2020

Comunicado valorando el Plan de Choque anunciado por el Gobierno

CCOO y otras organizaciones relacionadas con la actividad científica hacen público un comunicado valorando insuficiente el Plan de Choque anunciado por el Gobierno

El jueves 9 de julio el Gobierno de España presentó el Plan de choque para reforzar el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en España con el que se pretende invertir hasta 1.056 millones de euros adicionales entre 2020 (396,1 millones de €) y 2021. Antes de analizar las medidas de este plan de choque, conviene recordar que el presupuesto no financiero del Estado para I+D se ha recortado en más de un 30% desde el máximo que tuvo en 2008-2009 (2844 M€ en PGE 2018, aún vigente, frente a 4176 M€ en PGE 2009), por lo que aunque agradecemos que se haga este aumento de la inversión, aún queda lejos de los niveles que tuvo antes de la crisis financiera. Recordamos que el conjunto de la inversión en I+D+i (pública y privada) está estancada desde hace tiempo en el 1,24% del PIB, muy lejos del 2% del PIB que se invierte de media en la Unión Europea.

El documento publicado por el gobierno reconoce que España ha sido uno de los países europeos con mayores recortes en educación, formación y generación de conocimiento entre 2010-2017, llevándonos a la situación actual en la que ahora nos vemos y, por ello, el plan de choque es necesario. Dicho plan se articula en tres ejes: investigación e innovación en salud, transformación del sistema de ciencia y atracción y retención de talento, e impulso a la I+D+i empresarial e industria de la ciencia.

Al primer eje, dedicado a la investigación e innovación en salud, se dedicarán hasta 215,9 millones de € para la implementación de cinco medidas concretas. Entre ellas, el mayor refuerzo económico sería para impulsar la estrategia con medicina personalizada, con una inversión de 77,3 millones de euros. Sin embargo, hay otras medidas a coste cero como la reforma de la Ley 14/2007 de Investigación Biomédica para desarrollar por fin la carrera investigadora en los Hospitales y centros del Sistema Nacional de Salud. La actual redacción de la Ley ya prevé la integración estable del personal investigador en las plantillas de los Hospitales, pero casi ninguna Comunidad Autónoma la está cumpliendo, a pesar de la numerosa financiación que reciben del Instituto de Salud Carlos III para incorporar personal investigador desde hace 20 años. Celebramos que por fin el Gobierno de España aborde este tema para que se haga realidad la estabilización y desarrollo profesional del personal investigador hospitalario.

El segundo eje, centrado en la transformación del sistema de ciencia y atracción y retención de talento, incluye seis medidas concretas, entre las cuales también se incluye, a coste cero, la reforma de la Ley 14/2011 de la Ciencia, la tecnología y la Innovación con el objetivo de diseñar una carrera científica estable. Sin embargo, este aspecto se limita a corregir un pequeño aspecto de la Ley de la Ciencia, mediante la creación de una figura estable de entrada al personal investigador en el sistema público de ciencia española, conocida en los países anglosajones como tenure track y sujeta a la condición de una evaluación positiva (corrigiendo la redacción que se dio en la Ley, que no ha sido útil en algunos OPI, aunque sí en bastantes Universidades). Por tanto, se olvida que hay otras lagunas en la legislación, como una regulación más clara de la etapa postdoctoral, o la carrera profesional de personal técnico y tecnólogo- Además, la reforma anunciada no sirve de nada sin una inversión de dinero que permita la oferta pública de dichas plazas, así como la posibilidad de una estabilización a largo plazo, algo complicado de creer teniendo en cuenta que en la actualidad la investigación española básicamente se construye sobre contratos temporales.

Dentro del segundo eje, la séptima medida representa una inversión de 313,2 millones de € para dotar de más financiación para los grupos de investigación, equipamiento y prórrogas de contratos. Por ejemplo, se prevé una financiación adicional para la convocatoria de proyectos de I+D+i del Plan Estatal (modalidades de Generación de Conocimiento y Retos de Investigación) en 2020 y 2021, de 50 M€ al año. Esta dotación resulta escasa para los recortes que ha sufrido esta partida, en la que ahora se invierten solo 361 M€ anuales. Teniendo en cuenta que en la última convocatoria resuelta (2019), muchos proyectos financiables se quedaron fuera debido a la insuficiente inversión para el desarrollo científico, y muchos proyectos financiados han sido recortados hasta más de un 60%, se podría perfectamente aumentar la inversión anual en 200 M€ anuales en esta partida, lo que permitiría “rescatar” al sistema investigador, financiando adecuadamente los proyectos que han sido evaluados positivamente. Además, esta financiación adicional podría inyectarse ya en la resolución definitiva de la convocatoria de 2019, sin tener que esperar un año en el que muchos grupos se quedarán sin financiación, con el consiguiente pérdida de recursos y personal en el sistema.

También, en la séptima medida, se amplían las ayudas para prórrogas de contratos con duración determinada financiados por agencias públicas para incluir aquellos que finalicen entre el 2 de abril de 2021 y el 1 de abril de 2023. Celebramos esta medida, que responde parcialmente a las peticiones que habíamos hecho a los Ministerios de Ciencia y Universidades, y que permitirá a un número mayor de investigadores afectados por el parón del confinamiento prorrogar en hasta cinco meses sus contratos. Sin embargo, esta medida, resulta aún insuficiente teniendo en cuenta que quedan excluidos los contratos cuya fecha de finalización es posterior al 1 de abril de 2023, y que también han sido afectados por el parón en la investigación (por ejemplo, contratos predoctorales FPI/FPU de la convocatoria 2018).

Además, la octava medida contempla aumentar en un 30% la inversión en los programas de contratos postdoctorales Juan de la Cierva y Ramón y Cajal en 2020 y 2021. Celebramos también este aumento en la inversión en una partida crítica para el sistema, pero creemos que se podría aumentar bastante más, ya que el número de contratos concedidos es escasísimo para el sistema, con una tasa de éxito menor del 15% para un conjunto de candidatos de altísimo nivel curricular. Recordemos por ejemplo que la convocatoria Ramón y Cajal estaba dotada con 800 contratos anuales cuando se inició en el año 2000, cuando ahora se conceden solo 200 por año, en un contexto de mucha mayor competitividad. Además, los salarios de estas convocatorias están congelados desde hace muchos años, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo, algo que también es urgente solucionar.

Finalmente, el tercer eje, centrado en la transformación del sistema de ciencia y atracción y retención de talento, incluye otras seis medidas para impulsar la capacidad innovadora de las empresas, favorecer la colaboración entre los organismos públicos y las empresas privadas e impulsar la transferencia de conocimiento hacia la industria y las PYMES. Sin embargo, no se incluyen medidas concretas para la mejora de instalaciones e infraestructuras públicas (muy deterioradas y sin actualizarse desde la crisis anterior).

Por todo lo anterior, entendemos que el plan de choque, aunque recoge medidas necesarias, es, de nuevo, un parche temporal que podrá mejorar puntualmente algunos de los aspectos afectados por las medidas, pero que está muy lejos de representar un paso significativo hacia la reestructuración que necesita nuestro sistema público de I+D+i. Además, estás medidas no serán suficientes para ponernos al nivel de nuestros vecinos europeos, en dónde la inversión en I+D+i se lleva desarrollando durante años, generando una consolidación y estabilidad que es imposible alcanzar sólo en año y medio de medidas a corto plazo. Además, aún hay muchos aspectos deficitarios como reforzar la conciliación, añadir fondos específicos para investigaciones poco cubiertas (añadir medidas para fortalecer la investigación sin impacto económico inmediato, como puede ser la ciencia básica) o ideas innovadoras que no se han visto incluidos en este plan de choque. La efectividad de este plan, condicionará en gran medida el acceso a recursos europeos, y tenemos serias dudas de que esto se pueda conseguir sólo con este plan de choque.

Entidades que suscriben el comunicado:
Asamblea de Dignidad Investigadora de la UAM
Asociación Española del Avance por la Ciencia (AEAC)
Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH)
Asociación Piratas de la Ciencia
Comisiones Obreras (CCOO)
Defensa de la Dignidad Investigadora-Universidad de La Rioja (PDDI-UR)
Federación de Jóvenes Investigadores (FJI/Precarios)
FPU Investiga
Investigación en lucha (Marea Roja)
InvestiGal
Jóvenes por la Investigación de Tenerife (JINTE)
PIF-Unizar

martes, 14 de julio de 2020

#EstatutoPDI: El ministro Castells niega una Mesa de negociación

Este lunes, 13 de julio, fue la primera reunión entre los sindicatos y el Ministro de Universidades sobre el Estatuto del PDI universitario #EstatutoPDI

En la reunión del lunes, hemos de celebrar que todos los sindicatos mantuvimos una postura similar frente al Ministro. Quien, sin embargo, se limitó a escuchar y responder con una serie de negativas sobre lo que no podía o no quería cambiar del borrador de #EstatutoPDI. Dejando totalmente claro que no tenía previsto poner en marcha la Mesa Sectorial de Universidad para la negociación y convocandonos para una segunda reunión el próximo día 31 de julio.

Repasando algunas de sus respuestas, durante esta primera reunión, desde CCOO queremos destacar algunas especialmente relevantes:

Protestas de CCOO en febrero pasado exigiendo la aplicación
del #EPIPF en las universidades que aún no lo hacen porque
el Gobierno lo aprobó sin aportar financiación

1. El #EstatutoPDI no tiene garantizada una ficha presupuestaria de apoyo que permita aplicar correctamente las medidas que contiene, aunque el Ministro contestó que ellos "tienen una Memoria Económica" del impacto de las reformas y que su concreción dependerá de los Presupuestos. Documento económico que no ha querido entregarnos.

Sin una financiación adecuada y suficiente, el coste por aplicar las medidas recaerá en las universidades, por lo que se repetirá la experiencia que ya vimos en 2019 con el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación #EPIPF que, más de un año después, aún quedan universidades que no lo aplican y nos han obligado a presentar recursos judiciales o realizar movilizaciones para su cumplimiento.
.

2. El #EstatutoPDI "olvida" al personal investigador y no lo incluye en la estructura del PDI universitario, sin tener en cuenta que ya suponen entre el 10% y 20% de las plantillas universitarias y que el trabajo desarrollado por predoctorales, postodctorales y contratados/as por Proyecto son fundamentales y, por lo tanto, merecen ver estabilizada y regulada su presencia, incluyendo posibilidades de promoción.

3. El Ministro impulsa el #EstatutoPDI en el peor momento posible, aprovechando la inactividad veraniega de las universidades y en plena desescalada, utilizando uno de los recursos más antiguos de los viejos Ministerios de Educación: aprobar normas cuando la capacidad de respuesta crítica es imposible. De forma que en el retorno al curso siguiente ya es casi imposible cambiar nada.

4. Castells se niega a constituir la Mesa Sectorial de Universidades para negociar el #EstatutoPDI, limitándo el debate a simples consultas para oír opiniones y por lo tanto incumpliendo la obligación legal regulada en los artículos 15 y 33 de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público (derecho a la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo).

5. El #EstatutoPDI desregula el sistema actual de promoción en las universidades al introducir mecanismos para desfuncionarizar, creando figuras de contrato laboral paralelas a las actuales de TU y CU. De manera que, incomprensiblemente, el ministro Castells copia el intento de Wert para reducir costes con "Catedráticos/as" baratos.

[...en breve continuaremos ampliando esta información]

lunes, 13 de julio de 2020

#EstatutoPDI ¡Así NO! dirá CCOO al Ministro en la reunión de hoy lunes

CCOO rechaza el documento realizado por el Ministerio de Universidades sobre la modificación de la LOU y la propuesta de Estatuto del Personal Docente e Investigador (#EstatutoPDI) y solicita su retirada

Hoy lunes, por la tarde, será la primera reunión entre los sindicatos más representativos y el Ministro de Universidades para hablar del #EstatutoPDI y CCOO le dirá que ¡Así NO!, tal como ya anunciamos públicamente hace unos días, por que el borrador de #EstatutoPDI presenta problemas tanto de forma como de fondo, con contenido incompletos:

Para empezar, el momento es inadecuado puesto que la universidad española, tras el confinamiento del COVID 19, está acabando el curso académico de modo no presencial, sin posibilidad de debatir ampliamente las modificaciones propuestas. Más teniendo en cuenta que el comienzo de curso se presenta igual de incierto que el que hemos dejado atrás.

Reuniones de CCOO para analizar el Estatuto

CCOO reclama al Ministerio de Universidades seriedad y rigurosidad para tratar el futuro de la Universidad Española y los cambios y reformas que necesita.

El Ministerio lanza propuestas sin presentar previamente un análisis detallado de la situación actual de la Universidad Pública española. Si el objetivo es avanzar hacia un modelo de universidad del futuro se precisa analizar primero y legislar después. Cualquier norma que se presente no tendrá éxito si la comunidad universitaria no la hace propia.

Este borrador no aborda la financiación de las universidades públicas que aún sufren las consecuencias de los recortes de la crisis de 2009 y cuyos presupuestos todavía están lejos de los niveles de financiación alcanzados previamente. Si no se habla de los presupuestos de las universidades, cualquier reforma legislativa queda vacía de contenido.

El borrador sorprendentemente pretende la desregulación total de las plantillas de PDI de las universidades públicas con la proliferación de diversas figuras laborales, y ahonda en una universidad elitista para unos pocos con la precarización mantenida en el tiempo e incluso ampliada de los colectivos de PDI temporales más vulnerables y que comprenden desde los jóvenes investigadores en formación, hasta ayudantes doctores, contratados doctores interinos, visitantes, profesores asociados, sustitutos interinos,… En ningún caso se aborda el diseño de una carrera profesional para el profesorado universitario. La universidad pública española necesita un plan específico para acabar con la precariedad.

El borrador establece criterios y requisitos completamente diferentes para el profesorado de las universidades públicas y privadas. Y este maltrato a la Universidad Pública no se entiende de un Ministerio que debería tener un plan amplio y un modelo de Educación Superior que garantice la igualdad de oportunidades de todas y todos los ciudadanos.

La propuesta del Ministerio no contempla la eliminación de las tasas de reposición por lo que la multiplicación de nuevas figuras de profesorado acaba siendo un intento de legislar en vacío a espaldas de la realidad de la universidad española si las plazas no se pueden convocar por falta de financiación y de posibilidad legal en las Universidades Públicas.

CCOO emplaza una vez más al Ministerio a que convoque la Mesa de negociación de Universidades con los agentes sociales, con un calendario y una temática de reuniones para acordar los aspectos que deben ser modificados. A la espera de este proceso negociador, nuestro sindicato realizará un análisis detallado de la propuesta presentada.

CCOO considera que temas tan serios como la modificación de la Ley Orgánica de Universidades con una remodelación tan amplia de la estructura del profesorado o el propio cambio de modelo de universidad no debe tratarse de una forma tan frívola y trivial, apresurada y de espaldas a la comunidad universitaria. CCOO no entiende cómo el Ministerio pretende despachar una reforma de tal calado con un par de reuniones y una supuesta aportación de sugerencias.

También está ausente en el borrador presentado el papel de la universidad en el desarrollo de la ciencia en España. La mayor parte de la ciencia en el estado español se realiza en los campus universitarios, pero las investigadoras e investigadores no se ven reflejados en la normativa propuesta.

CCOO quiere poner en valor nuestro sistema universitario y el trabajo de sus profesionales que han sostenido a la institución a pesar de las carencias y las adversidades. La universidad pública es un pilar fundamental en el avance social, económico y científico de nuestro país, y el texto presentado no aporta nada respecto a su futuro.

CCOO le dice al Ministro de Universidades “ASÍ NO” y que sus propuestas no resuelven ningún problema, sino que agravan y cronifican los más acuciantes, como son la precariedad de una parte cada vez más importante de la plantilla o una financiación insuficiente. Reclamamos la apertura de un proceso negociador para solucionar los problemas de la universidad pública.

jueves, 2 de julio de 2020

Primer borrador del Estatuto del PDI elaborado por el Ministerio

El Ministerio de Universidades acaba de remitir a los sindicatos más representativos un primer borrador de Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) y, en paralelo, se ha difundido masivamente con comentarios de todo tipo

Correo del Ministerio remitiendo este primer borrador y
pidiendo que no se difunda "de forma general"

[clic en la imagen para ampliar]

Según nos informó el propio Ministerio, este borrador inicial es para afrontar una primera fase de consultas con los sindicatos representativos en las universidades (CCOO, UGT, CSIF y CIGA) así como con las Comunidades autónomas y la CRUE. Suponemos que también habrá consultas con otro tipo de entidades, tal como suele suceder en este tipo de borradores iniciales para recoger una amplia muestra de opiniones.

En el escrito de remisión desde el Ministerio de Universidades nos insisten expresamente que no difundamos públicamente este borrador y lo explican así: "Somos conscientes que este documento es sensible porque hay una cierta expectativa al implicar cuestiones laborales de miles de profesores y profesoras así que os pediríamos que no se envíe de forma general, sino que se entienda como un documento interno de trabajo inicial."

Por esta razón, para cumplir con el habitual protocolo de buena fe en los procesos de negociación colectiva, CCOO no difundirá públicamente el borrador inicial. Algo que, además, parece aconsejable ya que estamos ante un documento muy primario que aún debe recibir muchas correcciones después de un proceso de consultas previas de carácter múltiple (sindicatos, comunidades autónomas, universidades, etc.).

Difundir masivamente un documento en esta fase provoca enorme incertidumbre y confusión, porque muchos veran, o intentarán ver erróneamente, que ese texto primerizo será igual al que finalmente resulte aprobado legislativamente. Algo que es absolutamente imposible, por lo que al final se crea un estado de opinión generalizado que en el mejor de los casos no tendrá nada que ver con el resultado y, en el peor, simplemente se retirará ante una posible avalancha del estado de opinión negativo. En 2011 ya quedó pendiente sin discutir el borrador final, precisamente porque pasó algo parecido pero a menor escala. Que ahora vuelva a suceder y el PDI universitario pierda lo oportunidad de contar con un Estatuto que regule de forma homogenea y uniforme sus condiciones de trabajo en todo el Estado sería lamentable y un nuevo retroceso. En este momento hay enormes disfunciones y diferencias entre unas universidades y otras, provocadas por la disparidad de criterios. Necesitamos un Estatuto de PDI, por eso resulta razonable actuar con normalidad como en cualquier otro proceso negociador de este tipo y respetar "los tiempos" y "las formas". No anticiparse, al menos hasta que aparezca el que, éste sí, será el Borrador previo a la negociación una vez superado el periodo de consultas.

Incumplir estas pautas de comportamiento y buena fe pueden poner en peligro el proceso de negociación real que debe abrirse posteriormente, ya con un documento definitivo, y con los sindicatos representativos, en la Mesa Sectorial de negociación de universidades. Tal como pedimos hace dos semanas de forma conjunta y unitaria todos los sindicatos [ver el comunicado en la imagen de la izquierda].

En esta misma semana CCOO esta remitiendo este primer borrador a nuestras Secciones sindicales en las universidades para que, a través de nuestros/as representantes en Juntas de PDI y Comités de Empresa de PDI, se realice un análisis y debate que aporte propuestas e ideas para su mejora. Posteriormente procederemos a evaluar de manera coordinada todas las aportaciones y se las haremos llegar al Ministerio al mismo tiempo que pediremos aclaraciones sobre muchos apartados que no parecen suficientemente claros.

Independientemente de esto, desde CCOO informaremos a todo el PDI de los aspectos que veamos más relevantes, con el objetivo de recabar su opinión. Así como algunas cuestiones sobre las que no tengamos una posición consolidada y necesiten ser contrastadas para adoptar una postura definitiva de nuestro sindicato de cara a la negociación final.

Reunión de la Sección Federal de Universidad-CCOO del
26/27 de febrero para iniciar el debate de propuestas para
el Estatuto de PDI y acordamos incorporar al personal
investigador contratado como parte del mismo

Con especial interés evaluaremos el encaje de todas las figuras contractuales de personal investigador en este Estatuto de PDI, con el objetivo de que se asuma que éstas forman parte de las universidades y, por lo tanto, también del personal docente e investigador universitario. Por lo que deben incluirse para homogeneizar su regulación en todas las universidades, a efectos de promoción y carrera profesional, retribuciones mínimas, dedicación docente, etc. tal como ya acordó la Sección Federal de Universidad de CCOO en la sesión de los pasados 26 y 27 de febrero para preparar las negociaciones con el Ministerio:

=> "Además, al analizar aquel documento de 2011 vimos que hay aspectos que han evolucionado y necesitan ser reflejados en el Estatuto del PDI. Como la posibilidad de nuevas figuras contractuales que permitan terminar con la precariedad de los denominados "falsos asociados" y, aún más claramente, establecer que el personal investigador contratado (predoctorales, postdoctorales, contratos por Proyecto...) también forman parte del PDI y deben ser integrados en la estructura universitaria aunque su regulación formal corresponda a la Ley de la Ciencia y no a la Ley Orgánica de Universidades. Integración que ya hemos logrado en varios Convenios colectivos pero que suele encontrar obstáculos por parte de las universidades y que, de esta forma, quedaría fuera de toda discusión." [clic aquí para ver un resumen de la reunión del 26/27 de febrero 2020]

En principio, atendiendo a las fechas que el propio Ministerio ha señalado en su escrito, las reuniones para una primera consulta preliminar con sindicatos, Comunidades autónomas y CRUE serán en la semana del 13 al 20 de julio. Por lo que posteriormente el Ministerio tendrá que reelaborar el borrador para configurar una propuesta definitiva y convocar a la Mesa Sectorial de universidades en la que únicamente podrán estar los sindicatos representativos, de acuerdo con lo previsto en los artículos 18, 19 y 20 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Dada la cercanía de las vacaciones de verano, es previsible que las reuniones de negociación de la Mesa Sectorial se desarrollen a lo largo del mes de septiembre.

martes, 23 de junio de 2020

#SinCienciaNoHayFuturo ¡Miércoles, 24 de Junio a las 12:00h!

Mañana miércoles, 24 de junio, a las 12:00 horas se celebrará la segunda manifestación virtual en Twitter pidiendo una mayor atención a la Ciencia en nuestro país

Será la segunda protesta de este tipo después del éxito de la convocada la pasada semana en las redes sociales. Actos reivindicativos que han venido acompañados durante estas últimas semanas por otras concentraciones, físicas y reales pero respetando las medidas de distanciamiento, contra los recortes que la Junta de Andalucía, gobernada por PP/Cs/VOX, ha aplicado a las universidades. Que, además, se han visto simultaneados por multitud de sentencias judiciales dando la razón a diversas reclamaciones de CCOO para el PDI temporal y el personal investigador contratado (predoctoral, postdoctoral o por Proyectos).

Las manifestaciones virtuales son una protesta espontánea por la situación de precariedad, limitación presupuestaria, retrasos e incumplimiento en toda la política científica y de Investigación que se está sufriendo. Especialmente ante la evidencia de que el nuevo Gobierno no ha iniciado un cambio significativo de tendencia frente a lo que ya venían haciendo los anteriores.

Las protestas con concentraciones en las universidades andaluzas intentan revertir el recorte presupuestario del 10% aplicado por el gobierno de la Junta, gobernado por PP/Cs/VOX y que provocarán una reducción brutal en las posibilidades de estabilidad para el PDI temporal y el personal investigador contratado, así como recortes considerables en todos los ámbitos de la investigación que se lleva a cabo en las universidades públicas de Andalucía.

Por su parte, las recientes sentencias judiciales son el fruto de demandas interpuestas por los Servicios jurídicos de CCOO durante el año pasado, exigiendo el respeto de los derechos laborales y salariales del PDI y personal investigador contratado temporal. Sentencias que seguirán sucediéndose ininterrumpidamente en los próximos meses porque, tal como hemos dicho, no parece que el Gobierno ni las propias universidades hayan cambiado de actitud y esté dispuestos a respetar el derecho de los colectivos más precarios y desfavorecidos de la investigación y las universidades.

Hasta el momento, han sido precisamente las demandas judiciales las únicas herramientas que han arrojado resultados satisfactorios. Aunque esperamos que tanto las concentraciones en Andalucía como las protestas virtuales y posibles futuras manifestaciones físicas, obliguen al Gobierno, a los OPIs y a las universidades a modificar su actitud.

Entre las sentencias ganadas destaca especialmente la del Tribunal Supremo con declaración de nulidad del prorrateo salarial previsto en el EPIPF para los contratos predoctorales, porque se introdujo sin negociación y además perjudicaba considerablemente a los/as contratados/as predoctorales porque reducía considerablemente las cuantías del paro que se debían cobrar al finalizar su contrato.

También destaca la sentencia del TSJ de Madrid reconociendo el derecho del PDI no permanente y personal investigador temporal a solicitar los Sexenios de investigación y a disfrutar de sus beneficios, al ser la tercera sentencia en ese mismo sentido que nuestro Servicio Jurídico, ya que el año pasado se ganaron otras dos en otras comunidades autónomas.

Tampoco queremos olvidar la sentencia, también del TSJ de Madrid, reconociendo el derecho del personal investigador contratado a disfrutar de los incrementos salariales que se establecen anualmente para todo el sector público. Ni la demanda interpuesta en Asturias para lograr la aplicación del incremento retributivo del EPIPF que ha obligado a la universidad a aceptar su efectividad antes de celebrarse el juicio, igual que pasó con la paralización del nuevo RD de Titulaciones que el Ministerio de Universidades pretendía imponer en pleno Estado de Alarma de forma poco transparente y participativa.

Desde CCOO hacemos un llamamiento a todos los colectivos para continuar este proceso de protestas, mejorando la coordinación para obtener una mayor efectividad. Por nuestra parte seguiremos organizando a nuestra afiliación para apoyar cualquier movilización, al mismo tiempo que nuestros servicios jurídicos continuaran demandando en los juzgados el reconocimiento de los derechos laborales que se le niegan al PDI temporal y al personal investigador contratado.

Nota informativa:
Se puede ver un análisis más riguroso sobre algunas de estas sentencias en el blog de Antonio Baylos:
https://baylos.blogspot.com/2020/06/accion-juridica-y-defensa-de-los.html?spref=fb&m=1

viernes, 19 de junio de 2020

Comunicado unitario CCOO-UGT-CSIF sobre el Estatuto del PDI universitario

Información sobre el Estatuto del Personal Docente e Investigador de las universidades

jueves, 4 de junio de 2020

Recorte brutal a las universidades andaluzas: -10% del presupuesto

La Junta de Andalucía, gobernada por una coalición de PP/Cs/VOX, acaba de aplicar un recorte en el presupuesto de este mismo año a las universidades públicas

El recorte, cifrado en 135 millones de Euros (el 10% del presupuesto) supone una cifra desmesurada que implicará problemas en las contrataciones de personal y gastos de funcionamiento. Precisamente en el momento que el sector público se estaba recuperando de los anteriores recortes.

Además, al aplicarse a mitad de año, cuando gran parte del gasto ya está realizado, supondrá una readaptación presupuestaria muy difícil de realizar y que tendrá repercusiones en la contratación de nuevas plazas y la renovación de contratos.

CCOO apoya un frente común con los diez rectores andaluces para emprender una movilización contra estos recortes, que no se justifican ya que el gobierno del Estado está negociando con Bruselas una financiación especial de la Unión Europea por el Coronavirus. De forma que no existen motivos para comenzar ningún recorte en el sector público y mucho menos en las universidades.

No es descabellado suponer que este recorte es un adelanto de las políticas de PP, Ciudadanos y VOX para apoyar a las universidades privadas y reducir aun más la financiación del sector público y de la investigación en nuestro país. Atacando nuevamente a la Ciencia y a los/as científicos/as.

CCOO valora positivamente la posición unánime mantenida por los diez Rectores y Rectoras de las Universidades Públicas de Andalucía, ante la Junta, rechazando los recortes de 135 millones de euros (10%) en los Presupuestos de las Universidades para 2020 y que, para suplir dichos recortes, se utilicen los remanentes no afectados.

La aplicación de esta medida tan grave dejaría a las Universidades en una situación de extrema vulnerabilidad, que podría aparejar el que las Universidades incurran en déficit presupuestario (legalmente imposible) o que tuvieran que recortar de sus respectivos Presupuestos en políticas de investigación, personal,… que sin duda dejarían maltrechas o heridas de muerte a las Universidades Públicas de Andalucía.

Por esa razón es imprescindible que todos y todas apoyemos las protestas contra este recorte brutal, porque es un adelanto de lo que pretenden aplicar otros gobiernos autonómicos del PP/Cs/VOX y que, de no ser frenado a tiempo, podría servir de ejemplo para el resto. Otra muestra de esta política privatizadora se esta llevando a cabo en Galicia, para transformar permanentemente las universidades públicas gallegas en semipresenciales para reducir costes.

Que en este momento, para reducir las posibilidades de contagio, haya sido necesario implementar docencia y atención virtual, o que en el futuro debamos utilizar más intensamente las herramientas digitales no es motivo para eliminar permanentemente la enseñanza presencial y la atención personalizada. Sobre todo porque ya existen universidades "a distancia" (UNED, UOC...) y el resto ya tienen en marcha impartir algunas titulaciones de forma virtual, para estudiantes que no pueden asistir de forma presencial.

lunes, 1 de junio de 2020

CCOO reclama que el personal investigador forme parte de las plantillas de los hospitales

El sindicato presenta esta medida al Gobierno central en su propuesta global de actualización de las cualificaciones y clasificación profesional del Sistema Nacional de Salud (SNS)

CCOO (FSS-CCOO) reclama al Gobierno central que incluya al personal investigador clínico en las plantillas de los hospitales públicos de toda España. Así lo incorpora en su Propuesta Global de Actualización de las Cualificaciones y Clasificación Profesional del SNS que el sindicato negociará con la Administración del Estado.

Con ello, la FSS-CCOO mantiene su determinación histórica de dar una respuesta global al marco de las cualificaciones y clasificación profesional que se corresponda con los avances producidos en el sector sanitario. Una propuesta de futuro que dé respuesta a todos los colectivos que integran el SNS.

Para la vía de integración de estos y estas profesionales, el sindicato propone utilizar una categoría estatutaria específica ya existente, la de ‘Facultativo Investigador’, que fue incorporada al catálogo estatal de categorías estatutarias del SNS (Real Decreto 184/2015) por la administración del País Vasco (Orden SSI/2420/2015), donde ha sido empleada para la estabilización de los investigadores hospitalarios.

Condiciones Precarias

Hasta ahora las y los profesionales que investigan en la Sanidad pública, que no son clínicos, no forman parte de las plantillas de los hospitales, centros de Atención Especializada o de Atención Primaria y, en su mayoría, dependen de empresas u otros organismos públicos que les merman derechos laborales y que mantiene a muchos en condiciones laborales precarias.

En el año 1999, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) lanzó un programa de incorporación de investigadores profesionales al SNS cuyo objetivo era acercar los últimos avances científicos y tecnológicos a la práctica clínica. El fin último de estos programas era crear la figura profesional del investigador hospitalario para formar equipos multidisciplinares junto con personal médico asistencial. Sin embargo, después de 20 años, la integración de los investigadores en los hospitales no se está logrando de manera eficaz.

La propuesta de FSS-CCOO representa una oportunidad para elaborar un plan coordinado de integración estable de los investigadores en los centros hospitalarios. La vía más adecuada para la estabilización es la integración de estos profesionales como personal estatutario en las plantillas de los hospitales del SNS, en cumplimiento de lo establecido el artículo 85.1 de la vigente Ley 14/2007, de Investigación Biomédica, que regula el modelo de integración profesional de los investigadores hospitalarios estabilizados.

viernes, 29 de mayo de 2020

Sexenios de transferencia: problemas en su evaluación y reconocimiento

La publicación de los resultados en la evaluación, recogiendo un bajo porcentaje de positivos, y la negativa de algunas universidades a su pleno reconocimiento siembran de problemas a los Sexenios "de Transferencia"

La publicación de esos resultados, relativos a la última reunión de la CNEAI-ANECA, encienden todas las alarmas al registrar unos bajos porcentajes de evaluaciones positivas.

Situación que ve incrementar la preocupación del profesorado afectado a la vista de que, por si fuera poco, algunas universidades están poniendo dificultades al reconocimiento de estos méritos investigadores.

En cuanto al primer problema, el elevado número de evaluaciones negativas, CCOO considera que el proyecto piloto de evaluación de los sexenios de transferencia de la convocatoria de 2018 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha sido un fracaso y que es necesaria una revisión exhaustiva de los criterios contemplados y un proceso de negociación con los agentes sociales.

El análisis de los datos publicados por la ANECA evidencia que la aplicación de los mismos ha sido subjetiva y arbitraria en función del área y comité de evaluación. Así, en primer lugar destaca que en el área de Ciencias el porcentaje de evaluaciones positivas alcanza casi el 53% en la comisión 4 de Bioquímica y Ciencias de la Vida y no llega al 31,5% en la comisión 1 de Químicas. Estos resultados se reproducen en el área de Ciencias Sociales y Jurídicas donde se advierte hasta un 45,7% de evaluaciones favorables en la comisión 14 de Ciencias Jurídicas mientras que sólo hay un exiguo 24,9% en la comisión 12 de Ciencias Sociales y del Comportamiento. Los resultados ponen de manifiesto que parece que solo se hace transferencia en algunos campos del saber de un mismo área de conocimiento por lo que es imperativo que se realicen cambios amplios en los criterios de evaluación y su aplicación.

Abundando en la discrecionalidad de las comisiones se observa, además, un marcado sesgo de género que alcanza su máxima expresión en el área de Artes y Humanidades con un diferencial negativo para las mujeres del 23,43% tras el análisis del 94,51% de las solicitudes presentadas, seguido por el área de Ciencias de la Salud con un 15,76% de un global del 44,36% de las solicitudes presentadas, a continuación se sitúa el área de Ciencias Sociales y Jurídicas con el 13,39% del cómputo del 80,86% de solicitudes realizadas y la cifra menor de desigualdad se encuentra en el área de Ciencias con un diferencial del 7,72% del 89,62% de las solicitudes evaluadas. Además, cuando analizamos el número de solicitudes comprobamos que esta desigualdad aún es mayor puesto que en el mejor de los casos las solicitudes femeninas se sitúan en torno al 44,5% en los ámbitos de Ciencias de la Salud, Artes y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas y descienden hasta el 32,22% en el área de Ciencias y al 24,46% en Ingenierías y Arquitectura.

CCOO considera estos datos muy negativos, teniendo en cuenta que no reflejan la realidad de ningún modo ni tienen correspondencia con las solicitudes de evaluación y el éxito alcanzado por las mujeres en la misma convocatoria 2018 de sexenios de investigación.

CCOO exige a la ANECA y el Ministerio de Universidades que hagan una reflexión profunda sobre el concepto de “sexenio de transferencia”, lo delimiten jurídicamente y establezcan y apliquen protocolos para los comités evaluadores.

Para aquellas personas con evaluación negativa que deseen interponer recurso de alzada, CCOO ha realizado un modelo tipo que adjuntamos, e informa que los plazos administrativos se reanudarán el próximo 1 de junio de 2020, tal y como aparece contemplado en el apartado IV del RD 537/2020, de 22 de mayo, según el cual se deroga en esa fecha la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Dicho recurso se puede interponer, dirigido al organismo ANECA, hasta el 30 de junio de 2020 de manera telemática a través del Registro Electrónico Común o por escrito a la siguiente dirección: Dña. Mercedes Siles Molina - Ilma. Directora ANECA y Presidenta de CNEAI - Ministerio de Ciencia e Innovación - Paseo de la Castellana, 162 - 28071 Madrid.

Por otra parte, ante el segundo problema, los impedimientos y obstáculos para la aplicación de los efectos de los Sexenios "de transferencia", CCOO está impulsando el correcto reconocimiento de estos méritos de investigación. Puesto que la normativa es clara y así lo han entendido la inmensa mayoría de las universidades.

La normativa por la que se ha generado y convocado los sexenios de transferencia enmarca estos nítidamente en el ámbito de la evaluación de la investigación. Es por ello que no existen motivos para dudas al respecto.

Además de todo esto, es evidente que la transferencia del conocimiento es una función social fundamental de la universidad, que debe promoverse en la mayor medida posible, dado que la universidad española no esta particularmente bien situada en la transferencia del saber hacia nuestra sociedad. Debe asimismo subrayarse que la evaluación de los sexenios de transferencia se ha realizado con un nivel de exigencia muy elevado y el presentarse a la misma ha comportado un esfuerzo añadido relevante a la parte del PDI que ha podido presentarse. Desde CCOO hemos sido y somos críticos con los modelos de uso de medición de la actividad docente e investigadora, por entender que implican una sobrecarga de la actividad burocrática del PDI y no siempre responden adecuadamente a sus fines. Pero lo que en ningún caso puede ocurrir es que una vez planteados los mismos y superada dicha evaluación positivamente, algunas universidades no cumplan con los incentivos que la propia normativa reconoce.