miércoles, 13 de febrero de 2013

El gobierno de Rajoy "obligado" a debatir la iniciativa antidesahucios

Es la cuarta ocasión que los gobiernos del PP tienen que rectificar su política de recortes, obligados por las movilizaciones 

1.492.854 firmas contra los deshaucios
El cambio de criterio del PP, en la votación para admitir a trámite el debate sobre la Iniciativa Legislativa Popular contra los deshaucios (ILP), es la cuarta rectificación que se ven obligados a realizar después de un intenso movimiento de protestas y movilizaciones: Más de un millón cuatrocientas mil firmas han respaldado esta ILP, aparte de miles de concentraciones que se vienen realizando durante cada uno de los desahucios judiciales que se llevan a cabo en todas las ciudades del país.

Primero fuimos las propias universidades modificando el criterio de aplicación del "Decreto Wert" (que en La Laguna ha permitido retrasar un año su aplicación y adaptarlo a nuestra realidad), luego la Comunidad de Madrid reduciendo el número de hospitales afectados por la privatización y esta misma semana, casi simultáneamente, Gallardón anuncia una rebaja de las Tasas Judiciales y el grupo parlamentario del PP cambia su postura votando a favor de debatir la ILP contra los desahucios.

La movilización contra los recortes  y el descrédito del Gobierno de Rajoy salpicado por los escándalos de corrupción  están pasando factura al PP, por lo que se esta viendo obligado a rectificar algunos de sus planteamientos. Es la señal de que las protestas empiezan a dar fruto y abre la esperanza a que aún estamos a tiempo de cambiar las cosas.

Los promotores de la ILP contra los desahucios son conscientes de que lo más difícil viene ahora con el debate en el Parlamento, pero la situación dramática que atraviesan cientos de miles de personas en todo el país, con numerosos suicidios, son razón suficiente para seguir intentando cambiar la política del gobierno.

Recordar que, tal como ya informamos en el blog durante la recogida de firmas de la ILP, el objetivo es aprobar una Ley que permita la "dación en pago" de la vivienda en caso de impago de la hipoteca, la mejora de las condiciones de los embargos (reducción de intereses de demora, mayor protección de las familias frente a los bancos, etc.) y la creación de un mecanismo de vivienda social en alquiler que impida que las familias se vean obligadas a vivir en la calle.


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