CCOO y UGT logran que el Gobierno retire la propuesta de reforma de "Clases Pasivas" presentada la semana pasada

La semana pasada el Gobierno presentó un anteproyecto de ley de medidas armonizadoras del Régimen de las Clases Pasivas, sistema en el que esta integrado el PDI funcionario a efectos de jubilación y pensiones.

Básicamente la propuesta endurecía la regulación actual para acceder a la jubilación anticipada, estableciendo la posibilidad de acceder a la jubilación a partir de los 65 años de edad, si se acreditaba un periodo de servicios efectivos al Estado igual o superior a 38 años y 6 meses, sin ningún tipo de coeficiente reductor. 
 
Por otro lado, en ese proyecto, se permitía anticipar la jubilación a partir de los 63 años de edad, acreditando 33 años de servicios efectivos al Estado, en este caso vinculada a la aplicación de un coeficiente reductor del 1,875% de la pensión por cada trimestre o fracción de trimestre que se adelante la edad de jubilación que corresponda.
 
Asimismo se incluía un período transitorio según el cual, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2021, los funcionarios podrían acceder a la jubilación voluntaria sin coeficiente reductor siempre que se cumpla la edad y acredite la carencia que se establece para el año de que se trate (se hubiera incrementado en 4 meses al año la edad y la carencia durante el período transitorio).
 
Finalmente proponía modificar la tabla de porcentajes aplicable al haber regulador, de forma armónica con la reforma llevada a cabo en el RGSS, en el sentido de que no se modificaría el porcentaje correspondiente al periodo mínimo de carencia para causar derecho a la pensión ordinaria de jubilación/retiro (15 años), que hubiera seguido siendo del 26,92%, mientras que el porcentaje restante, 73,08%, se distribuiría entre los 22 años que restan para alcanzar los 37 años de servicio que dan derecho al 100% del haber regulador. 

CCOO nos preocupaba especialmente esta ampliación de plazos de cotización,  porque el acceso a los cuerpos de funcionarios en las universidades se ha producido tras muchos años de trabajo como becario sin cotización que no tendrían reconocimiento alguno.

Los cambios realizados en la jubilación de los trabajadores es un ataque frontal al estado del bienestar y supone un retroceso  inaceptable. Las generaciones más jóvenes, sobre todo en el ámbito universitario, serán las más perjudicadas, ya que comienzan a cotizar mucho más tarde. Este es uno de los motivos por los que CCOO exige contratos laborales en vez de becas.

CCOO había mostrado su oposición al texto presentado y conjuntamente con UGT hemos logrado que el Gobierno lo retire, pero habrá que estar atentos a nuevas iniciativas gubernamentales en este sentido.

1. Primer comunicado de CCOO rechazando la propuesta del Gobierno (publicado el 24 de marzo)

Evaluación del profesorado y Estatuto del PDI

Las primeras versiones del Estatuto del PDI elaboradas por el Ministerio no recogían un modelo de evaluación que garantizase la desaparición de la discrecionalidad, ni asegurase la equidad en los procesos de evaluación. 

Tras muchos años ya de programas de evaluación del PDI, la experiencia nos demuestra que los mecanismos de evaluación existentes tienen deficiencias en materia de equidad y un elevado coste en su aplicación. 

Por una parte, el modelo de comisiones de expertos nos ha llevado a situaciones donde un mismo currículum es valorado de forma diferente, en algunos casos, según la comisión asignada, no existiendo hasta la fecha, unos criterios objetivos claros, detallados, públicos y conocidos a priori en la evaluación. Esta situación provoca mucha incertidumbre e inseguridad jurídica para todos aquellos que dependen de dicha evaluación para su progresión en la carrera académica. 

Por otra parte, la docencia de calidad no tiene un peso importante en la evaluación. Eso ha llevado a que la docencia pase a ser una actividad no prioritaria en la formación de un PDI, con la consecuente desvalorización de ésta. 

La adaptación al EEES ha provocado que el PDI dedique más horas de su actividad docente en todo su conjunto a tareas de preparación de material docente, guías, seminarios, tutorización de grupos, y demás actividades, por lo que los criterios de evaluación deberán reorientarse y exigir, que esta actividad sea también, tomada en cuenta. 

La Comisión Europea en el 2006 propuso para la modernización de las universidades “Buscar la excelencia en la realización de la docencia y la investigación para poder competir a nivel europeo y mundial” y el Estatuto del PDI tiene que sentar las bases para cumplir ese objetivo. 

Conviene promover y consolidar grupos de docencia, como ya existen grupos de investigación, con el fin de mejorarla y posibilitar una eficiente movilidad, que permita optimizar la planificación de las etapas formativas y otros aspectos fundamentales como la conciliación de la vida personal y laboral del profesorado. Para ello el borrador actual del Estatuto también introduce una serie de permisos y licencias, así como la definición clara de la jornada laboral. 

La Carrera Horizontal propuesta en el Estatuto del PDI también ha mejorado desde los primeros plantamientos ministeriales. Durante la negociación se consiguió que la progresión en la carrera académica se lleve a cabo con criterios generales, públicos y autoevaluables, que dependan de méritos individuales transparentes y conocidos de antemano (al incluirse en el anexo), y que tengan en cuenta todas y cada una de las tareas que realiza el PDI a lo largo de su jornada. Asimismo, se posibilita a todos los profesores titulares la obtención de la acreditación automática como catedrático de universidad al alcanzar el tercer nivel (120 puntos) en la progresión horizontal.  

El estatuto recoge en los artículos del 9 al 12, un listado de todas aquellas actividades que puede realizar el PDI. Todas no se pueden desarrollar simultáneamente de manera óptima, y conviene optar por un modelo en el que convivan diferentes perfiles de profesor, intensificando las actividades docentes, o de investigación e innovación y transferencia, garantizándose una dedicación parcial mínima de las actividades que no son objeto de intensificación, todo ello siempre de manera voluntaria. A ello hay que añadir que se adoptarán medidas para que las diferentes materias objeto de evaluación y acreditación puedan ser evaluadas positivamente independientemente de la orientación elegida por el PDI voluntariamente.

Se ha pretendido mejorar el modelo de evaluación y se ha establecido el compromiso de desarrollar herramientas comunes, con el fin de unificar y desburocratizar el proceso de evaluación existente que en estos momentos es complejo y costosísimo. El esfuerzo del PDI para someterse a una y otra evaluación requiere un tiempo excesivo para introducir en repetidas ocasiones un mismo currículum en diferntes aplicaciones  que varían continuamente, y que parecen un sistema de "castigo" institucional. 
 
El establecimiento de una herramienta común y válida para cualquier tipo de evaluación ahorrará tiempo, y permitirá que el profesorado se dedique a tareas realmente productivas.  

La Ley de la Ciencia invade la de Universidades y apuesta por la precariedad

El pasado 16 de marzo se aprobó en la comisión de Ciencia del Congreso el proyecto de ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y ahora pasa al Senado. 

El texto supone un golpe muy duro que precariza más todavía el sector de la investigación, y es un avance imparable a la privatización encubierta del sistema público. Además incorpora cambios en las condiciones de empleo que ciertamente desregularán el Sistema Universitario Español si se desarrollan en las Universidades Públicas.

Se modifica la LOMLOU al permitirse tres nuevas modalidades contractuales de Personal investigador de carácter laboral, que tienen una regulación específica y diferente al PDI en materia de contratación, evaluación y promoción. Las Universidades públicas podrán contratar, únicamente cuando sean perceptoras de fondos cuyo destino incluya la contratación de personal laboral, en las siguientes figuras:

1. Contrato predoctoral: Tendrán la condición de personal investigador predoctoral en formación. El contrato será de duración determinada a tiempo completo. No podrá exceder a 4 años la contratación de esta modalidad, por una o diferentes entidades. Su retribución: el 56% los dos prime-ros años, el 60% el tercero y el 75% el cuarto, de las retribuciones fijadas de las categorías equivalentes en los convenios colectivos. No podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional (641 euros en 2011). Se establece además, una reducción del 30% de la cuota empresarial a la Seguridad Social.
2. Contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación: Doctores. Con una duración máxima de 5 años en esta modalidad por una o diferentes entidades. Las retribuciones no podrán ser inferiores al personal investigador que realice actividades análogas. Podrá colaborar en tareas docentes hasta un máximo de 80 horas anuales. A los 2 años podrá ser sometido a evaluación de la actividad investigadora desarrollada. El informe negativo externo será de carácter vinculante. Realizado este por una de las agencias citadas en el texto.
3. Contrato de investigador distinguido: Personal investigador nacional o extranjero de reconocido prestigio. Doctor. El contrato tendrá la duración que las partes acuerden. Sus condiciones laborales estarán fijadas en las cláusulas del contrato. El contrato podrá extinguirse por desistimiento del empleador.

Cita al Personal Investigador Laboral Fijo de las universidades sin dar más detalles. Se supone que se trata del ya existente en algunos convenios colectivos, o los que se desarrollen a partir de ahora.

En el plazo de dos años se elaborará el Estatuto del personal investigador predoctoral en formación, que equivaldría a los actuales becarios pero con menor coste, que tendrían contrato laboral y no está previsto que puedan dar docencia.

Se trata de una carrera laboral en la que prima la precariedad, con contratos de corta duración sometidos a evaluaciones permanentes y con salarios vergonzosos (56 por 100 del salario de un investigador y en el caso de los fijos se aclara que nunca podrán tener el régimen salarial de los funcionarios). En cambio los contratos de investigador senior se regulan directa y exclusivamente por los pactos entre Universidad y profesional. 
 
Por otro lado se excluyen todos los contratos de obra por proyecto de investigación, de las garantías antiprecariedad que establece el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores.

Pero resulta aún más llamativo que se prevea la posibilidad de que el personal investigador indefinido, pueda ser acreditado a profesor Titular con informe positivo de su actividad docente e Investigadora de acuerdo con el procedimiento que establezca el Gobierno. Es decir que se posibilitan dos puertas de acceso diferentes.

CCOO ha venido sosteniendo que el establecimiento de dos colectivos en el mismo cuerpo y diferentes regulaciones dentro del mismo ámbito universitario, sería fuente de conflictos y problemas. La universidad tiene funciones docentes e investigadoras y la actual regulación —más aún con el Estatuto del PDI— es suficientemente flexible para diversificar la actividad de su personal que es Docente e Investigador. La LOMLOU prevé la posibilidad de incorporar Contratados Doctores para una actividad investigadora preferente y el proyecto de Estatuto PDI contempla la posibilidad de intensificar actividades docentes o investigadoras y existen procedimientos para la paulatina incorporación de investigadores puros a las Universidades (I3, ...).
 
También se modifica la LOMLOU en aspectos, significativos como:
 
“Artículo 7: Centros y estructuras. Las universidades públicas estarán integradas por Escuelas, Facultades, Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación, Escuelas de Doctorado, y por aquellos otros centros o estructuras necesarios para el desempeño de funciones.”

En el artículo 48 se añade un “3.bis: Asimismo podrán contratar personal investigador conforme a lo previsto en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.”

El artículo 48.4 adquiere un nuevo redactado: El personal docente e investigador contratado, computado en equivalencias a tiempo completo, no podrá superar el 49 por ciento del total de personal docente e investigador de la universidad. No se computará como profesorado contratado a quienes no impartan docencia en las enseñanzas conducentes a la obtención de los Titulos oficiales, así como al personal propio de los institutos de investigación adscritos a la universidad y de las escuelas de doctorado”.

El proyecto de la Ley de la Ciencia también modifica lo previsto y acordado sobre la movilidad en el borrador del Estatuto del PDI.

1. Informe de la ponencia Parlamentaria sobre el Proyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

CCOO rechaza el documento de las Cortes sobre la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

Consideramos que las enmiendas aprobadas por la comisión en la tramitación parlamentaria, empeoran aun más la carrera del personal de investigación y lo condenan a la precariedad permanente.  El Proyecto de Ley, aprobado la semana pasada en el Congreso, pasará en breves días al Senado, antes de su aprobación definitiva, que se espera entre en vigor antes del verano.

CCOO rechaza el proyecto de la nueva Ley de Ciencia porque genera un "estado de excepción" en los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de investigación. 

Queremos hacer patente nuestra preocupación y oposición radical al Proyecto de la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que aprobó la semana pasada la Comisión de Ciencia e Innovación del Congreso de los Diputados. El texto con las enmiendas que se han incluido de algunos grupos parlamentarios durante su debate, empeora el Proyecto de Ley de 28 de Mayo al excluir al sector de la Ciencia de una carrera profesional estable y condenándoles a la precariedad, profundizando y agravando aún más la situación actual que pretendía corregir. 

La nueva Disposición Adicional vigésimo tercera regula que no serán de aplicación al ámbito de la investigación tanto pública como privada, dos de los artículos del Estatuto de los Trabajadores, el 15.1 para que no se aplique en los contratos de investigación el límite de tres años en la duración de la contratación temporal y el 15.5 que limitaba la temporalidad y daba derecho a la estabilidad en el empleo como consecuencia del encadenamiento de contratos, tras dos o más contratos temporales que superen los 24 meses en total.

Por tanto, en el ámbito del empleo se profundiza y agrava la lamentable exclusión que ya se introdujo con la Ley 35/2010 de reforma del mercado de trabajo del pasado verano y se establece una grave limitación al derecho a la estabilidad en el empleo para el personal de investigación: científicos, técnicos y personal de gestión, empeorando las actuales condiciones de precariedad en un colectivo que sufre más de un 40% de contratos temporales, lo que frenará cualquier aspiración de desarrollar una carrera profesional con ciertas expectativas, sufriendo la precariedad ad infinitum.

Esta situación, de dudosa constitucionalidal, al hacer "de peor derecho" a todas las personas que se dedican a un cometido de la importancia para el futuro del país como es la investigación, confirma el poco interés de los poderes públicos por ésta. En lugar de retener el talente de los investigadores e investigadoras, hará que sea más dificil continuar con dicha labor en nuestro país.

Para CCOO, con la introducción de estas enmiendas se genera un estado de excepción en cuanto a los derechos laborales para los trabajadores y trabajadoras de la investigación, cuestión que hemos intentado evitar durante todo el proceso de negociación de la Ley de Ciencia. Había un consenso previo entre el Gobierno y los Sindicatos para evitar esta excepcionalidad que se ha roto con el trámite parlamentario.

La Ley incluye agravantes adicionales que no solucionan los verdaderos problemas de nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación y en particular será una ley contra los trabajadores de la investigación:

1. La única ventaja o ‘conquista’ es la eliminación de las becas (el sistema 2+2) en contratos de hasta cuatro años, pero sin mantener las condiciones y los derechos salariales actuales. De acuerdo con la ley, los contratados de primer año pueden cobrar el salario mínimo frente a los 1.100 euros actuales.
2.  No se resuelve, sino que se profundiza, en el problema de la precariedad en el sector público de la investigación. Si ahora estamos en niveles del 40-45% de contratos precarios, con esta ley el personal investigador y técnico del sector público de la investigación podrá ser precario ad infinitum.
3. La nueva disposición adicional vigésimo tercera (fruto de una transacción, entre otras, a la enmienda 304 del Partido Popular) implica que a todos los contratos temporales (todos lo que se regulan en los artículos 19.2, 25.7 y 29 de esta ley) no se les podrán aplicar los artículos 15.1 y 15.5 del Estatuto de los Trabajadores. Se elimina, por tanto la posibilidad de acceder a un contrato indefinido por encadenamiento de contratos en el mismo puesto de trabajo. ES una forma muy curiosa de reconocer la excelencia y la necesidad del cambio de modelo productivo a través de la I+D+i.
4. El contrato de acceso sigue sin dar las garantías de estabilidad a posteriori exigidas tanto por los sindicatos como por los investigadores contratados, y la evaluación positiva será solo un mérito para el acceso a las plazas de personal laboral fijo, perdiendo las mínimas ‘garantías’ que tienen los actuales contratos Ramón y Cajal.
5. Las enmiendas de CIU se enfocan en particular a poner a los centros de investigación y las universidades al servicio directo de las empresas. El perverso concepto de ‘transferencia inversa’ es lo que todos entendemos que es: serán las grandes empresas las que decidan los objetivos en los que deberán trabajar los investigadores del sector público. Y será gratis.
6. Los temas relacionados con la cultura científica y el protagonismo y participación social en el nuevo modelo de desarrollo e innovación, quedan relegados ante una visión tecnocrática de las actividades de I+d. la gravedad de la crisis actual requiere justamente una orientación contraria

DOCUMENTACIÓN:

1. Informe de la ponencia Parlamentaria sobre el Proyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

Algunos rectores plantean problemas al Estatuto del PDI y a la negociación colectiva

Los primeros comentarios de la CRUE (Conferencia de Rectores) sobre el borrador del Estatuto del PDI no son positivos.

Después de más de dos años de negociación, y a pesar de la necesidad de actualizar una normativa de más de 25 años que permita la regulación del PDI, la CRUE pone dificultades significativas para que el Estatuto del PDI sea una realidad.

Sus críticas se centran en tres aspectos fundamentales: la dedicación docente, la posibilidad de la intensificación en las actividades del profesorado, y la exigencia de negociación en lo que se refiere a las condiciones de trabajo del Personal Docente e Investigador (PDI).

Respecto a la dedicación docente, la Conferencia de Rectores alega que están demasiado detalladas las actividades del profesorado. Para CCOO dicho detalle es una garantía para el PDI al clarificar mejor tanto sus tareas como su dedicación. La modificación de la LOU ocurrió hace cuatro años y las universidades tienen que adaptarse a una realidad que en ningún caso supone variaciones importantes en sus plantillas al haberse reducido la duración de la mayoría de las titulaciones. Además, una falta de regulación explícita mínima introduciría una heterogeneidad interuniversitaria que podría dar lugar a un diferente cómputo como carga de trabajo de una misma actividad, dependiendo de la universidad en la cual se desempeñe la tarea, con la consiguiente repercusión en la movilidad y la coordinación universitaria.

En lo que se refiere a la posibilidad de intensificación del PDI en tareas docentes, investigadoras o de gestión, el redactado actual indica claramente que las orientaciones son de carácter voluntario, y lo que se salvaguarda es que, sea cual sea la intensificación elegida, el PDI podrá optar al escalón máximo en su carrera si ha desarrollado dicha tarea convenientemente. Asimismo siempre habrá un mínimo obligatorio de dedicación al resto de labores propias del PDI, y las intensificaciones no tienen carácter permanente. Creemos que es necesario darle el reconocimiento que merecen ciertas labores que hasta ahora, estaban catalogadas como menores, como es el caso de la docencia de calidad.
 
En cuanto a la negociación de las condiciones de trabajo del PDI, la incomodidad deriva del hecho de que quede explícito en el texto dicha obligatoriedad. Algunos todavía no se han adaptado a la Constitución y les es incómodo tener en cuenta la voz de los representantes de los empleados públicos y no poder decidir unilateralmente aspectos que afectan a sus condiciones de trabajo, pero recordamos que el Artículo 37.1 del Estatuto Básico del Empleado Público dicta las materias objeto de negociación y las leyes las aprueban las Cortes Generales y son de obligado cumplimiento para todos.

El borrador del Estatuto recoge todas aquellas materias que son objeto de negociación por ley y las emplaza al ámbito correspondiente. Se ha optado por la descentralización y la flexibilidad dando un impulso importante a la autonomía universitaria, al trasladarse la negociación a la administración más cercana, ya que algunos aspectos son de especial transcendencia dada la diversidad del Sistema Universitario Español.

Se podía haber optado por un Estatuto donde se dejaran fijadas todas esas materias con una intención homogeneizadora de las universidades, pero se ha optado por dar más capacidad de decisión a las universidades y las comunidades autónomas a la hora de planificar, e implementar ciertos aspectos teniendo en cuenta que la realidad existente es diversa.

Como valoración final hay que destacar que, desde comenzó la negociación, CCOO era consciente de la situación económica y por ello aceptó temporalizar los efectos económicos, ya que creemos muy importante la regularización del profesorado en el nuevo contexto del EEES. Pero existen unos criterios mínimos ante los cuales no se puede ceder, como son la dedicación del profesorado, el establecimiento de criterios transparentes para la progresión en la carrera, y el establecimiento del contexto adecuado que permita la negociación con los representantes de los trabajadores en todo aquello que por ley es obligado.
 
Apelamos a la responsabilidad del Ministerio y de la CRUE para que hagan el esfuerzo necesario de cara a lograr cerrar un texto que regule y vele por unas condiciones mínimas del Personal Docente e Investigador y acabe con la actual situación de incertidumbre.

La bajada financiera en las universidades españolas

La financiación de las Universidades por comunidades autónomas siempre ha sido algo difícil de comparar, al no disponer de datos actualizados para observar la evolución y poder valorar la situación.

El pasado 15 de febrero, se presentó el libro de la “Universidad Española en cifras 2010”, elaborado por la CRUE. Esta publicación recoge mucha información interesante, pero los datos son del 2008. Desde el 2008 hasta la fecha el panorama es bien distinto, y la situación financiera de las universidades ha pasado a ser alarmante.

Tomando la evolución de la partida dedicada a enseñanza universitaria en las comunidades autónomas (CC.AA.) entre los años 2010 y 2011, y utilizando como criterio general el presupuesto global de las correspondientes Direcciones Generales de Universidades, ya podemos observar diferencias entre CC.AA.

Las cantidades que se exponen no representan el gasto real de las universidades, fundamentalmente porque en el presupuesto real de las universidades intervienen otros factores como, ingresos por investigación científica e innovación, ingresos por precios públicos, ingresos procedentes de ayudas públicas,… que aquí no se consideran.

Los datos de Baleares y Cataluña del 2011 no están todavía publicados, pero apareció en la prensa balear la semana pasada que la partida destinada a universidades iba a ser de un -7.5%.

Se observa que hay comunidades autónomas con importantes recortes consecutivos en el 2010 y 2011.

En el documento de Financiación Universitaria 2010 (Eje de la Estrategia Universidad 2015) que se presentó en abril al Consejo de Universidades, España presentaba una situación muy próxima a la media de la OCDE y equiparable a la UE19 al situarse el gasto público de España en el 1,1% del PIB mientras la media de la OCDE es del 1,4% y el gasto anual en Instituciones de educación superior por estudiante en España es 11.087 USD frente a 12.336 de la media de la OCDE y 11.520 de la UE19.

Pero los presupuestos del 2011 son claramente regresivos y nos aleja de la situación recogida en el mencionado documento del Ministerio, en un momento muy crítico en el que se están implantando los nuevos títulos con sistemas metodológicos y de evaluación diferentes, según lo previsto en el EEES, que no se pueden aplicar con plantillas reducidas y bajadas salariales. El cumplimiento de muchas de las medidas plurianuales y de consolidación de plantillas, pueden quedar seriamente afectadas, y si a lo anterior se añade el descenso en los presupuestos para investigación, el panorama es todavía peor.

Día Internacional de la Mujer: IGUALDAD en el empleo y en las pensiones EQUIDAD

Cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, CCOO reivindica la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres con la finalidad de erradicar las discriminaciones que las mujeres siguen teniendo en los diferentes ámbitos de la vida, pero que de una manera más acentuada se reflejan en el mundo del trabajo y en la protección social. Un 8 de marzo que este año se celebra en un contexto de crisis económica y que coincide con la reciente firma del Acuerdo de pensiones; un acuerdo que refuerza la contributividad, y por tanto de equidad y justicia del sistema, e introduce nuevas actuaciones para mejorar las carreras de cotización cortas, que afectan mayoritariamente a las mujeres.

1. Número especial de la Gaceta Sindical dedicado al  8 de marzo, Día Internacinal de la Mujer Trabajadora

En el manifiesto de CCOO con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora se insiste en la necesidad de reforzar las políticas públicas y sociales para eliminar los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Obstáculos relacionados con la posición social y laboral que ocupan las mujeres, persistiendo grandes diferencias en el mercado de trabajo tanto cuantitativas como cualitativas respecto a los hombres.
 
En 2010 se incrementó el desempleo femenino, y las mujeres alcanzaron una tasa de paro del 20% (más de dos millones de desempleadas).  Además, las mujeres duplican las tasas masculinas de permanencia en la búsqueda de empleo, debido a la doble discriminación por sexo y edad, teniendo más dificultades para acceder y promocionar en el empleo y una mayor permanencia en el desempleo de larga duración. 

1.  4 de marzo (Santa Cruz): 12:00. Concentración y lectura del Manifiesto conjunto de UGT y CCOO en las puertas de la sede de los sindicatos en Tenerife (Calle Méndez Núñez) y posterior reparto de material relativo al 8 de marzo en la zona comercial de Santa Cruz.
2. 13 de marzo (La Laguna):  11:00. Stands de Organizaciones de Mujeres. Plaza del Cristo organizados por la Plataforma 8 de marzo de Organizaciones de Mujeres de Tenerife.
3. 16 de marzo (Santa Cruz): 19:00. Manifestación 8 de marzo. Recorrido: Plaza Weyler - Calle Castillo - Plaza de la Candelaria. Organiza la Plataforma 8 de marzo de Organizaciones de Mujeres de Tenerife.
   
4. 16, 17, 20 y 21 de marzo (Santa Cruz): 10:00. Curso de negociación colectiva y políticas de género organizado por CCOO.
5. 18 y 19 de marzo (La Laguna): Encuentro feminista insular. CEP La Laguna. Organiza la Plataforma 8 de marzo de Organizaciones de Mujeres de Tenerife.

Investigación: ¡Todo por la patria!

En los Presupuestos Generales de Estado del 2011, hay un descenso de recursos presupuestados en materia de I+D+i en un 7.38% en términos corrientes, lo que se sitúa en un 10% en términos constantes, si se añade la inflación prevista. Esta reducción profundiza el recorte del 5.5% que se produjo en el pasado año respecto al 2009, que entierra definitivamente la etapa de crecimiento del gasto de I+D+i en la anterior legislatura (2005-2008).

En respuesta a esta situación, Cristina Garmendia, ministra de Ciencia e Innovación, publicaba en el diario El Mundo el 24-02-2011 un artículo titulado “Por una ciencia de Calidad y sin complejos”.

Empieza el artículo: “En La Peste, de Albert Camus, el Dr. Bernard Rieux, protagonista y cronista de la novela, reúne todos los medios a su alcance para luchar contra la terrible enfermedad que asola Orán. En un episodio memorable Tarrou, un esforzado voluntario, confiesa a Rieux las razones íntimas que le han llevado a trabajar en silencio y sin descanso por una causa que muchos dan por perdida…”

Aquí la entradilla del artículo, pero este continúa en referencia a la situación de la ciencia en nuestro país: “no hemos superado la percepción pública negativa que buena parte de la sociedad tiene sobre el estado de nuestra I+D. Pesan demasiado los victimismos, los complejos y los prejuicios sobre la situación de nuestra Ciencia, como la idea de que hay que emigrar del País para hacer Ciencia de Calidad. España padece un problema de paro del que no se escapa la profesión de científico, pero denunciar una fuga de cerebros es insultar a los miles de investigadores de prestigio internacional que trabajan aquí.”

“El pesimismo acompaña la mentalidad española desde el origen de nuestra ciencia moderna…”

“El pesimismo patrio se estrella, como en otras ocasiones, contra los reconocimientos que vienen del exterior…”

Después nos menciona una retahíla de excelentes científicos añadiendo; “ellos también querrían más recursos a su disposición, sin embargo después de cada premio,… vuelven al laboratorio para investigar con la misma tenacidad y discreción. Y lo hacen porque saben que su trabajo es un ejemplo, como el de Tarrou combatiendo la peste, de lo que ahora más necesitamos: compromiso con el futuro de España”.

Con esta exaltación al patriotismo de los científicos la ministra finaliza el artículo.

Desde CCOO instamos a la Ministra a que sea igualmente tenaz y discreta para abordar el cambio de modelo económico, que tan necesario es en nuestro país.

Si las políticas públicas no van más allá de inyecciones interminables de recursos y ayudas fiscales a la I+D+i, no se cambiará el modelo. El Estado debe asumir su responsabilidad y su papel determinante diseñando instrumentos capaces de movilizar recursos públicos y privados, promoviendo la corresponsabilidad y no la subsidiariedad de lo público, incorporando transparencia y orientación en el destino de los excedentes empresariales. Especialmente importante es la participación de centros tecnológicos, Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRIS) y otros organismos que actúen como interfaces entre los sectores productivos y el SCTE (Sistema de Ciencia y Tecnología Español).

Hay que profundizar en las formas de colaboración entre actores, en el necesario aprendizaje de la interrelación y no de la pura transferencia. Es imprescindible potenciar y favorecer el cambio cultural y organizativo necesario para que las empresas pasen de la innovación más o menos ocasional a la innovación sistemática, haciendo posible la transformación eficiente del conocimiento en bienes y servicios para la socie-dad.
Así que, en nuestra Ciencia no pesan los victimismos, los complejos y los perjuicios, lo que si pesan y mucho, son las políticas equivocadas. Y le pedimos a la ministra, sin entrar en pesimismos patrios, que empiece a trabajar en silencio y sin descanso, para el cambio de modelo.