CCOO rechaza el proyecto de la nueva Ley de Ciencia porque genera un "estado de excepción" en los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de investigación.
Queremos hacer patente nuestra preocupación y oposición radical al Proyecto de la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que aprobó la semana pasada la Comisión de Ciencia e Innovación del Congreso de los Diputados. El texto con las enmiendas que se han incluido de algunos grupos parlamentarios durante su debate, empeora el Proyecto de Ley de 28 de Mayo al excluir al sector de la Ciencia de una carrera profesional estable y condenándoles a la precariedad, profundizando y agravando aún más la situación actual que pretendía corregir.
La nueva Disposición Adicional vigésimo tercera regula que no serán de aplicación al ámbito de la investigación tanto pública como privada, dos de los artículos del Estatuto de los Trabajadores, el 15.1 para que no se aplique en los contratos de investigación el límite de tres años en la duración de la contratación temporal y el 15.5 que limitaba la temporalidad y daba derecho a la estabilidad en el empleo como consecuencia del encadenamiento de contratos, tras dos o más contratos temporales que superen los 24 meses en total.
Por tanto, en el ámbito del empleo se profundiza y agrava la lamentable exclusión que ya se introdujo con la Ley 35/2010 de reforma del mercado de trabajo del pasado verano y se establece una grave limitación al derecho a la estabilidad en el empleo para el personal de investigación: científicos, técnicos y personal de gestión, empeorando las actuales condiciones de precariedad en un colectivo que sufre más de un 40% de contratos temporales, lo que frenará cualquier aspiración de desarrollar una carrera profesional con ciertas expectativas, sufriendo la precariedad ad infinitum.
Esta situación, de dudosa constitucionalidal, al hacer "de peor derecho" a todas las personas que se dedican a un cometido de la importancia para el futuro del país como es la investigación, confirma el poco interés de los poderes públicos por ésta. En lugar de retener el talente de los investigadores e investigadoras, hará que sea más dificil continuar con dicha labor en nuestro país.
Para CCOO, con la introducción de estas enmiendas se genera un estado de excepción en cuanto a los derechos laborales para los trabajadores y trabajadoras de la investigación, cuestión que hemos intentado evitar durante todo el proceso de negociación de la Ley de Ciencia. Había un consenso previo entre el Gobierno y los Sindicatos para evitar esta excepcionalidad que se ha roto con el trámite parlamentario.
La Ley incluye agravantes adicionales que no solucionan los verdaderos problemas de nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación y en particular será una ley contra los trabajadores de la investigación:
- La única ventaja o ‘conquista’ es la eliminación de las becas (el sistema 2+2) en contratos de hasta cuatro años, pero sin mantener las condiciones y los derechos salariales actuales. De acuerdo con la ley, los contratados de primer año pueden cobrar el salario mínimo frente a los 1.100 euros actuales.
- No se resuelve, sino que se profundiza, en el problema de la precariedad en el sector público de la investigación. Si ahora estamos en niveles del 40-45% de contratos precarios, con esta ley el personal investigador y técnico del sector público de la investigación podrá ser precario ad infinitum.
- La nueva disposición adicional vigésimo tercera (fruto de una transacción, entre otras, a la enmienda 304 del Partido Popular) implica que a todos los contratos temporales (todos lo que se regulan en los artículos 19.2, 25.7 y 29 de esta ley) no se les podrán aplicar los artículos 15.1 y 15.5 del Estatuto de los Trabajadores. Se elimina, por tanto la posibilidad de acceder a un contrato indefinido por encadenamiento de contratos en el mismo puesto de trabajo. ES una forma muy curiosa de reconocer la excelencia y la necesidad del cambio de modelo productivo a través de la I+D+i.
- El contrato de acceso sigue sin dar las garantías de estabilidad a posteriori exigidas tanto por los sindicatos como por los investigadores contratados, y la evaluación positiva será solo un mérito para el acceso a las plazas de personal laboral fijo, perdiendo las mínimas ‘garantías’ que tienen los actuales contratos Ramón y Cajal.
- Las enmiendas de CIU se enfocan en particular a poner a los centros de investigación y las universidades al servicio directo de las empresas. El perverso concepto de ‘transferencia inversa’ es lo que todos entendemos que es: serán las grandes empresas las que decidan los objetivos en los que deberán trabajar los investigadores del sector público. Y será gratis.
- Los temas relacionados con la cultura científica y el protagonismo y participación social en el nuevo modelo de desarrollo e innovación, quedan relegados ante una visión tecnocrática de las actividades de I+d. la gravedad de la crisis actual requiere justamente una orientación contraria
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