Es significativo resaltar que durante el periodo de información pública de este RD y durante las consultas con los Consejeros de Educación de las Comunidades Autónomas ninguno expresó su negativa a la reforma en la duración de las Titulaciones. Probablemente porque en ese momento dieron más importancia a la perspectiva de recortar gastos en sus universidades que a cualquier otra consideración.
Sin embargo, después de las protestas iniciadas por los sindicatos, a las que se han sumado los colectivos de estudiantes y los rectores, los gobiernos autonómicos han tenido que modificar su postura inicial ante la avalancha de datos que demuestran su efecto negativo sobre las universidades y, especialmente, sobre las familias por el incremento del coste de las matrículas que supone.
Carlos Guitián (DGU) y representantes de CCOO (sentados a su derecha), Asamblea del Profesorado y UGT en la reunión |
De esta forma son ya 10 las comunidades autónomas que no aplicarán el RD durante los dos próximos cursos. Por el contrario, varias universidades privadas han anunciado que si lo aplicarán a partir del próximo mes de septiembre, demostrando así quienes son los verdaderos beneficiados por la reforma aprobada desde el ministerio de Wert. Es evidente que a algunos no les importan las consecuencias y complejidades de una reforma de este calado o el impacto negativo sobre el coste adicional que tendrán que soportar las familias de estudiantes, porque su único interés es ganar dinero ya consideran que la ciencia y la enseñanza es un simple negocio, ni más ni menos.
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Para poder reunir al Secretariado de universidad de CCOO sobre la marcha fue necesario realizar la reunión por videoconferencia, en la que estuvieron casi todos los responsables autonómicos de universidad.
En la reunión analizamos los peligros del RD y sus posibles consecuencias sobre el alumnado (incremento en el coste de la enseñanza), sobre el empleo y sobre la financiación de las universidades, acordando convocar concentraciones de representantes sindicales en los rectorados y proponer iniciativas comunes con los estudiantes para pedir a los rectores un pronunciamiento claro en contra de la aplicación del RD.
En la reunión analizamos los peligros del RD y sus posibles consecuencias sobre el alumnado (incremento en el coste de la enseñanza), sobre el empleo y sobre la financiación de las universidades, acordando convocar concentraciones de representantes sindicales en los rectorados y proponer iniciativas comunes con los estudiantes para pedir a los rectores un pronunciamiento claro en contra de la aplicación del RD.
Propuesta que queríamos que fuera unitaria para lograr la mayor fuerza posible, así que se la trasladamos a la dirección federal de FETE-UGT la misma tarde del lunes y al día siguiente, el martes 27, ya contábamos con su apoyo. Al que posteriormente siguieron CSIF y CIG (los cuatro sindicatos más representativos de las universidades españolas y que están presentes en la Mesa de Negociación con el Ministerio) y el resto de los sindicatos autonómicos con los que fuimos contactando con el mismo objetivo (en el caso de Canarias: Asamblea del Profesorado Universitario e Intersindical Canaria).
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El resultado fueron los compromisos públicos de la mayoría de los rectores, algunos de ellos a pie de calle y en las mismas concentraciones y otros en sus despachos cuando recibieron a los sindicalistas o, más tarde, ante las cámaras de televisión cuando les preguntaban sobre el RD y las protestas de sindicatos y estudiantes.
El lunes 2 ya fue posible reunir a los organismos de coordinación de estudiantes (CREUP) que fueron los primeros en pronunciarse y, posteriormente, la CRUE con los rectores en la que se acordó la moratoria.
Paralelamente varias Comunidades autónomas también se han pronunciado en contra, algo que hay que valorar significativamente porque durante la exposición pública del borrador de RD ninguna puso objeciones al mismo.
La moratoria pretende establecer un tiempo prudencial que sirva para analizar con tranquilidad las posibilidades y consecuencias de un cambio en las Titulaciones, así como establecer mecanismos que impidan sus efectos negativos sobre el alumnado y las propias universidades. Sin obviar la posibilidad, incluso, de que un posible cambio de gobierno pueda derogar o modificar el RD.
Desde CCOO queremos agradecer y felicitar a todos y todas los que han apoyado esta respuesta, y emplazarles a participar en el futuro debate que se desarrollará en los próximos meses para determinar cómo cambiar el sistema de Titulaciones y si es necesario hacerlo.
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