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Texto del llamamiento:
"No es una novedad que las empresas apuesten por la precariedad laboral, pero estamos viendo como las administraciones públicas van por el mismo camino. En este caso es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas quien da una vuelta de tuerca: Mandar a la calle prácticamente a todos los que han estado contratados por obra o servicio durante más de 2 años en los últimos 30 meses.
¿Cómo? Prohibiendo a estos trabajadores presentarse a nuevos contratos de la Bolsa de Empleo en su centro de trabajo durante los 4 meses posteriores a la finalización de su actual contrato.
¿Qué supone? Perder personal altamente cualificado y poner en riesgo la continuidad de proyectos y líneas de investigación. Nada menos que el 38% del personal del CSIC es contratado, y frente a la actual política de recortes y escasez de puestos estables, son estos contratos los que han permitido a los grupos funcionar, crecer y seguir formando científicos y técnicos.
¿Es legal? Probablemente no, porque dejarles fuera de una convocatoria pública por el sólo hecho de haber estado contratados en la institución supone una clara vulneración de sus derechos (Artículos 55.1 y 55.2 del EBEP).
¿Qué podemos hacer? Intentar entre todos frenar este despropósito.
Por eso te pedimos que firmes esta petición para que el CSIC retire esta medida, y evitar así que, una vez más, sean los trabajadores los que paguen el precio de los recortes y la falta de inversión en el sector público, y para evitar que estos "trucos" dificulten aún más la realización de proyectos de investigación en nuestro país y fuercen a más gente a irse fuera."
Este tratamiento discriminatorio está enmarcado en un conjunto de propuestas lesivas que el CSIC pretende aprobar:
1. Sobre la exclusión señalada por los Afectados por la Bolsa de Sustituciones del CSIC, reiteramos nuestro desacuerdo fundamental ya que entendemos que ocasiona una vulneración de derechos de las
personas contratadas con anterioridad. Entendemos que dicha exclusión quiebra los principios rectores contenidos en los artículos 55.1 y 55.2 del EBEP, en cuanto al derecho individual de acceso al empleo público en condiciones de igualdad. Además de ocasionar serios perjuicios a Grupos de Investigación que deberían renunciar a personal especialista formado y puede suponer graves retrasos en investigaciones que requieren de profesionales especializados y con experiencia. Se perdería con ello el sentido de la bolsa de empleo, que debe ser el de establecer un sistema para seleccionar a los mejores candidatos para cada puesto ofertado, con independencia de su anterior situación laboral.
2. En cuanto a la limitación del número de Institutos de adscripción posible por los candidatos a 3 (punto 3.3 en todas las bolsas), también manifestamos nuestro desacuerdo, porque supone limitar las posibilidades de ser evaluado en posibles contratos del/las áreas de especialización de los candidatos. Considérese que las personas se pueden adscribir a dos Áreas y solo tres Centros en total, con el posible desconocimiento del tipo de ofertas que pueden ofrecerse. Según estos criterios los centros más pequeños se podrían ver perjudicados.
personas contratadas con anterioridad. Entendemos que dicha exclusión quiebra los principios rectores contenidos en los artículos 55.1 y 55.2 del EBEP, en cuanto al derecho individual de acceso al empleo público en condiciones de igualdad. Además de ocasionar serios perjuicios a Grupos de Investigación que deberían renunciar a personal especialista formado y puede suponer graves retrasos en investigaciones que requieren de profesionales especializados y con experiencia. Se perdería con ello el sentido de la bolsa de empleo, que debe ser el de establecer un sistema para seleccionar a los mejores candidatos para cada puesto ofertado, con independencia de su anterior situación laboral.
2. En cuanto a la limitación del número de Institutos de adscripción posible por los candidatos a 3 (punto 3.3 en todas las bolsas), también manifestamos nuestro desacuerdo, porque supone limitar las posibilidades de ser evaluado en posibles contratos del/las áreas de especialización de los candidatos. Considérese que las personas se pueden adscribir a dos Áreas y solo tres Centros en total, con el posible desconocimiento del tipo de ofertas que pueden ofrecerse. Según estos criterios los centros más pequeños se podrían ver perjudicados.
3. Respecto a la nota de corte de 6,5 sobre 10 y la valoración del expediente académico para la contratación predoctoral y en prácticas (Grupo 1), nos parecen excesivas y la fórmula exponencial aplicada desproporcionada. Ni todas las titulaciones ni todas las Universidades dan lugar a expedientes equivalentes, siendo mucho más difícil la obtención de expedientes elevados en unas titulaciones que otras, o en unas Universidades. No tiene sentido desconocer este hecho cuando el aspirante puede haber completado su formación con otros cursos o titulaciones.
4. En las bolsas para la contratación predoctoral y en prácticas (Grupo 1) manifestamos nuestro desacuerdo en el capítulo de titulaciones. Se exige para aquellas titulaciones obtenidas en el extranjero que se acredite estar en posesión de la correspondiente convalidación u homologación en el momento de la inscripción en la bolsa de trabajo. Este apartado vulnera los acuerdos del Espacio Europeo de Estudios Superiores (EEES). Se pueden admitir requisitos similares a los exigidos en los contratos FPU y FPI (“En el caso de los solicitantes que hayan obtenido el título o realizado los estudios conforme a sistemas educativos extranjeros adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior, deberán haber superado al menos 300 créditos ECTS”.) pero no mayores.
En general, este nuevo sistema de contratación en la Bolsa de sustituciones incrementa la precariedad y dificulta la renovación que necesita el CSIC, sobre todo considerando las especiales dificultades que se atraviesan como consecuencia del envejecimiento de la plantilla actual.
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