Sindicatos de Función Pública exigen el derecho a la negociación colectiva

CCOO, UGT y CSIF anuncian medidas de presión para exigir a Montoro que convoque ya la Mesa General de Negociación

Los sindicatos mayoritarios de Función Pública, CCOO, UGT y CSIF, remitieron el pasado 10 de junio una carta al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en la que le solicitaban la convocatoria de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, rota desde 2010.

La Administración lleva cuatro años desoyendo nuestra reivindicación de negociación colectiva y el diálogo social como saludable instrumento democrático. Y, mientras tanto, mantiene imposiciones por real decreto ley y modifica, de manera unilateral, el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

Reiteramos la necesidad de que la Administración convoque, formal e inmediatamente, la Mesa General de las Administraciones Públicas, para tratar asuntos que conciernen no sólo a los dos millones y medio de empleadas y empleados públicos sino al conjunto de ciudadanos y ciudadanas que merecen la mejor de las prestaciones en todos los ámbitos de los servicios públicos.

Ante esta actitud del Gobierno, CCOO, UGT y CSI-F, y bajo el lema “Negociación ya”, van a poner en marcha una serie de acciones y medidas de presión. Los trabajadores y trabajadoras se concentrarán el viernes 11 de julio en las puertas de los centros de trabajo, en horario variable de desayuno o cambio de turno. El martes, 15 de julio, habrá concentraciones en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de cada comunidad autónoma. En Madrid tendrá lugar además una concentración a las 12,00 horas frente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en la calle Alcalá, 5, donde se dará lectura a un manifiesto donde se explicarán nuestras reivindicaciones.

Estas actuaciones son el inicio de una campaña de movilizaciones que se intensificarán a partir de septiembre en caso de que el Gobierno siga negándose a reconocer de manera efectiva el derecho a la negociación colectiva de las empleadas y empleados públicos, y no cesará hasta que el Gobierno cumpla con su obligación de negociar en el ámbito público, con los empleados y empleadas, sus condiciones laborales y las condiciones de prestación de los servicios, que debe sustentar nuestro sistema institucional, social y el Estado de Bienestar.