La Consejería sigue estrangulando a la ULL poco a poco

Ayer jueves CCOO realizó una denuncia pública de la política de recortes que los gobiernos de Madrid y Canarias siguen aplicando a las universidades

El responsable de CCOO-ULL a la izquierda de la imagen

La crítica hacia esa política de estrangulamiento económico la realizó el Secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO Canarias, Jose Ramón Barroso Arteaga, durante una rueda de prensa convocada para ofrecer datos actualizados del reciente estudio de la Evolución del presupuesto de las universidades públicas españolas durante 2009-2013. Rueda de prensa en la que también participó el responsable de la sección sindical de CCOO-ULL, Alberto Marín.

Desde CCOO desconocemos qué Consejería es la que sigue manteniendo esta política de restricción financiera (¿Educación o Hacienda?), pero sí podemos asegurar que existe una gran contradicción en la política el Gobierno Canario ya que, por un lado esta mejorando su actuación sobre las becas autonómicas para estudiantes universitarios o congela parte de las Tasas académicas y, por otro lado, continúa manteniendo los recortes y el estrangulamiento de las universidades.

Esto se ha podido constatar, de nuevo, con la devolución de la parte proporcional de la paga Extra suprimida en 2012 ya que no ha ingresado los fondos necesarios para financiar esta devolución, y eso a pesar de que desde enero el Gobierno Canaria había indicado que lo tenían presupuestado.

Repercusión de la denuncia de CCOO en
los medios de comunicación de Canarias

El problema no es solo que no lo hayan transferido aún, sino que la cantidad teóricamente presupuestada no cubre la totalidad de este pago, existiendo un desfase de crédito en torno a los ochocientos mil euros para las dos universidades. ¿Cual es la intención? ¿Qué las universidades apliquen nuevos recortes en sus presupuestos para cubrir la totalidad de la devolución?

Sin embargo también hemos de resaltar, y así se destacó durante la rueda de prensa en la que denunciamos esta política de estrangulamiento económico, que esta actitud se viene aplicando desde hace ya tiempo y sin que se haya suavizado en 2014 a pesar de los anuncios de la supuesta recuperación económica. El Gobierno Canario busca reducir de forma continua cualquier aportación que tenga que negociar o aplicar a la ULL y la ULPGC y, cuando al final ya no queda otro remedio que aplicar la financiación correspondiente, retrasa injustificadamente y sin motivo las transferencias de los fondos durante varios meses.

Por otra parte, en la rueda de prensa se actualizaron algunos datos ya aportados en el mes pasado por medio del estudio elaborado por CCOO con la Evolución del presupuesto de las universidades públicas españolas durante 2009-2013 [BLOG] y que ha servido de base a muchas de los análisis que posteriormente se han realizado sobre la situación de la financiación de la enseñanza superior en nuestro país (como el de la CRUE, editoriales de EL PAIS, informes de la prensa, etc.).

En él se puede observar la fuerte caída del gasto en la enseñanza universitaria a partir de 2010. Los recortes en financiación y las nefastas políticas de becas y precios públicos comprometen la función del Sistema Universitario Público Español y, de prolongarse en el tiempo, los efectos pueden ser dramáticos a medio y largo plazo.

Los datos de los presupuestos de las universidades nos permiten comprobar que la inversión en educación superior, entre los años 2009 y 2013, ha disminuido más de 1.226 millones de euros, lo que supone un 12,32% menos de financiación que en 2009 para el conjunto de las universidades. Teniendo en cuenta la evolución del IPC entre diciembre de 2008 y el mismo mes de 2013 (9,6%), el porcentaje de pérdida se incrementa hasta el 21,92%.

• Ver el Estudio: Evolución del presupuesto de las Universidades Públicas 2009-2013 [PDF]
• Ver la Editorial en EL PAIS Crisis en la Universidad [WEB]

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Si realizamos el mismo cálculo entre 2010, año en el que se recoge el mayor nivel gasto universitario de las últimas décadas, y 2013, los recortes ascienden a más de 1.388 millones de euros, un 13,72% menos que en 2010. Si, además, añadimos el 8,7% de incremento del IPC desde diciembre de 2009 hasta diciembre de 2013, el porcentaje se incrementa hasta el 22,42%.

Este descenso en la financiación de las universidades públicas ha coincidido con un aumento del alumnado de más del 9% entre 2009 y 2013. Hemos pasado de 1.430.147 alumnos matriculados en las universidades públicas en el curso 2008-2009 a 1.561.123 alumnos en el curso 2012-2013.

No obstante, a partir del curso 2012-2013, cuyos datos son todavía provisionales, comprobamos un cambio de tendencia, provocado por las reformas en las políticas de precios públicos, becas y ayudas al estudio aprobados por el Gobierno, que se consolida en el curso 2013-2014. El número de estudiantes matriculado desciende por el aumento de los precios públicos y la disminución de las becas y no por el descenso de población, como afirma el Ministerio de Educación, puesto que mientras la población desciende desde 2008, los estudiantes matriculados se incrementaron hasta el curso 2011-2012, como se puede comprobar en el estudio realizado por la Federación de Enseñanza de CCOO.

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La implantación de este sistema ha provocado un incremento desmesurado de los precios de las matriculas universitarias -con una reducción añadida de las becas- y unas diferencias entre comunidades autónomas que son inaceptables, impidiendo la igualdad de oportunidades y la equidad en el acceso a los estudios universitarios.

Por otro lado, el pretendido aumento en la financiación de las universidades no ha sido tal, dado que el crecimiento de ingresos obtenido por el incremento del coste de la matrícula para el alumno no ha compensado los recortes en la financiación aplicados por parte de las autonomías en sus transferencias a las universidades.

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Si analizamos los datos globales de los presupuestos de gastos de las universidades públicas, desglosados por capítulos, comprobamos que los recortes se han centrado en los gastos de personal e inversiones fundamentalmente (capítulos I y VII). En total, los costes de personal han caído 434 millones de euros desde 2010, lo que representa un 31,3% de los 1.226 millones que ha perdido el sistema universitario entre 2009 y 2013.

Igualmente se han perdido más de 807 millones de euros en inversiones si comparamos los datos de 2009 con 2013; casi un 66% del total de los recortes se han producido en esta partida de gastos. Si tomamos como referencia 2010, la cantidad invertida se reduce en 763 millones de euros, lo que supone un 55% del total de los recortes.

Las transferencias corrientes y de capital de las administraciones públicas a las universidades se han reducido año a año: en 2013 la cantidad total fue de 5.668 millones de euros, inferior a los 5.858 millones transferidos en 2004 por las administraciones educativas.

Ante los datos anteriormente expuestos, CCOO denuncia que la reducción de los presupuestos destinados a la educación superior por parte de las administraciones central y autonómicas está dificultando el desarrollo de las funciones que la Ley Orgánica de Universidades (LOU) establece en su artículo 1.

El "Documento de mejora y seguimiento de las Políticas de Financiación de las Universidades para promover la excelencia académica e incrementar el impacto socioeconómico del Sistema Universitario Español (SUE)”, elaborado y aprobado por el Consejo de Universidades y la Conferencia General de Política Universitaria en abril de 2010, propuso una serie de medidas para mejorar la financiación del sistema universitario, entre las que se encontraba la de impulsar un nuevo marco de financiación sostenible, suficiente, equitativo y eficiente.

Pero ninguno de los compromisos adquiridos por la Administración general del Estado, las comunidades autónomas y las universidades para el periodo comprendido entre 2010 y 2020 se han cumplido y la situación actual es peor que la que se analizó entonces, los problemas de financiación se han agravado y el sistema es ahora menos sostenible, claramente insuficiente, poco eficiente y cada vez menos equitativo.

Las universidades tienen que estar dotadas de autonomía financiera -con la consiguiente transparencia y rendición de cuentas- que garantice su suficiencia económica para poder desarrollar con garantía la actividad que la ley les encomienda.

La financiación pública de las universidades sigue siendo uno de los problemas más importantes, siendo necesario recuperar los niveles de inversión perdidos y alcanzar un compromiso global para construir una universidad pública de calidad al servicio de la sociedad del siglo XXI.