¡QUIEREN ACABAR CON TODO! incluída la universidad pública

El sábado 21 de abril se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que introduce numerosos e importantes cambios para las universidades. 

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Uno de los más destacables es que la dedicación de la actividad docente del PDI funcionario podrá variar en función de la actividad investigadora reconocida. Con carácter general, será de 24 créditos ECTS y de 16 créditos ECTS para aquellos PDI que se encuentre en las siguientes situaciones:

• Profesores TU, TEU y CEU con 3 o más evaluaciones positivas consecutivas, habiéndose superado la más reciente en los últimos seis años.
• CU con cuatro o más evaluaciones posi-tivas consecutivas, habiéndose superado la más reciente en los últimos seis años.
• En todo caso, cuando se hayan superado favorablemente cinco evaluaciones.

Es decir, para aquellos que tengan la fortuna de llevar en el puesto más de 18 años con evaluación de su investigación positiva de forma consecutiva, lo que representa un porcentaje mínimo de la plantilla, con una edad no inferior a los 55 años.

Será de 32 créditos ECTS, quien se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

• Que no haya sometido a evaluación el primer período o que haya obtenido una evaluación negativa de dicho período.
• Que hayan transcurrido más de seis años desde la última evaluación positiva.

Es decir, para la gran mayoría, esa que combina de forma cotidiana la investigación con la docencia de calidad y la atención individualizada a sus alumnos y que dedica parte de su actividad a tareas de gestión en las titulaciones, en los departamentos o en los centros. Que investiga, pero no en exclusividad, porque habitualmente ya da muchas clases y le acontecen situaciones diversas propias de la condición humana y/o política de este país (recortes en la investigación, maternidad, baja por enfermedad, ausencia de infraestructuras y equipos en su universidad, etc.).


A continuación en el artículo 68.3 dice: El gobierno, previo informe de las CCAA y del Consejo de Universidades, regulará las bases del régimen general de dedicación del PDI. Es decir, se nos anuncia que esto solo es el comienzo, los recortes de verdad todavía están por llegar.

Es obvio, que la aplicación de este decreto tendrá una repercusión muy importante en las plantillas de las universidades, en las que se acentuará el conocido “efecto Mateo”, es decir, aquel que investiga podrá investigar más, y el que no puede hacerlo, nunca podrá, y en las que el PDI laboral quedará seriamente dañado, pues sencillamente será imposible alcanzar los méritos para conseguir las sucesivas acreditaciones, con estas condiciones.

También se modifica el 81.3 de la LOU en lo referente a los precios públicos donde habla de imputación de gasto sin haber puesto en marcha la contabilidad analítica, que especifica en el artículo 7.2 que se aumenta el plazo de su aplicación hasta el curso 2015/2016. Por lo que, puede entenderse que los porcentajes son en el computo de los ingresos y no de los gastos, o que se calcula el porcentaje con el total de los gastos, incluidos los gastos referentes a la investigación y la transferencia del conocimiento y no es el porcentaje de los gastos sobre la docencia.

Llegados a este punto la pregunta es ¿Tienen que pagar las familias los gastos dedicados a la investigación y la transferencia del conocimiento?

Se establecen unas horquillas, donde las CCAA decidirán en donde se sitúan sus precios públicos. Las horquillas para los Grados y Másters que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España: 15 y 25% primera matrícula, 30 y 40% segunda matrícula, 65 y 75% tercera matrícula, y 90 y 100% a partir de la cuarta matrícula.


El resto de Másters: 40 y 50% primera matrícula y entre el 65 y 75% a partir de la segunda matrícula.
Además, los precios públicos podrán costar el 100% en las enseñanzas de Grado y Máster cuando se trate de estudiantes extranjeros mayores de 18 años que no tengan la condición de residentes, excluidos los de Estados Miembros de la UE y aquellos que sea de aplicación el régimen comunitario.

A nadie se le escapa, que con el aumento tan desmesurado de los precios públicos, acabarán cerrándose muchos títulos, sobretodo de Másters no profesionalizadores, porque con la situación económica del país y los bajos salarios, muchas familias no se lo podrán permitir y, además, este gobierno ha  reducido 166 millones de euros el programa de becas y ayudas al estudio en los PGE.

CCOO rechaza esta regulación, autoritaria, no negociada y absolutamente inadmisible que acaba con las mejoras educativas alcanzadas, imposibilita la investigación de base en la Universidad pública española y destroza la plantilla de PDI laboral.

CCOO muestra su repulsa por la situación de exclusión de muchos de nuestros estudiantes.

CCOO emplaza a toda la ciudadanía, a los representantes institucionales universitarios, a los Rectores y a las asociaciones profesionales a participar en las acciones de protesta convocadas, porque la educación y la sanidad pública es cosa de todos y todas.

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