jueves, 22 de diciembre de 2011
miércoles, 21 de diciembre de 2011
Publicado en el BOE el Real Decreto por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios
Para la realización de las prácticas externas los estudiantes contarán con un tutor de la entidad colaboradora y un tutor académico de la universidad. La designación del tutor académico de la universidad se hará de acuerdo con los procedimientos establecidos por la misma, teniendo en cuenta que, el tutor de las prácticas curriculares deberá ser un profesor de la universidad, con preferencia de la propia facultad, escuela o centro universitario en el que se encuentre matriculado el estudiante y en el caso de las prácticas extracurriculares, el tutor académico será preferentemente, un profesor de universidad que imparta docencia en la misma rama de conocimiento de la enseñanza cursada.
Los derechos y deberes del tutor académico de la universidad serán los siguientes:
Derechos: a) Al reconocimiento efectivo de su actividad académica en los términos que establezca la universidad, de acuerdo con su normativa interna. b) A ser informado acerca de la normativa que regula las prácticas externas así como del Proyecto Formativo y de las condiciones bajo las que se desarrollará la estancia del estudiante a tutelar. c) Tener acceso a la entidad para el cumplimiento de los fines propios de su función.
Deberes: a) Velar por el normal desarrollo del Proyecto Formativo, garantizando la compatibilidad del horario de realización de las prácticas con las obligaciones académicas, formativas y de representación y participación del estudiante. b) Hacer el seguimiento efectivo de las prácticas coordinándose para ello con el tutor de la entidad colaboradora y vistos, en su caso, los informes de seguimiento. c) Autorizar las modificaciones que se produzcan en el Proyecto Formativo. d) Llevar a cabo el proceso evaluador de las prácticas del estudiante tutelado de acuerdo con lo que establece el artículo 15 del decreto. e) Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca como consecuencia de su actividad como tutor. f) Informar al órgano responsable de las prácticas externas en la universidad de las posibles incidencias surgidas. g) Supervisar, y en su caso solicitar, la adecuada disposición de los recursos de apoyo necesarios para asegurar que los estudiantes con discapacidad realicen sus prácticas en condiciones de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.
El tutor de la entidad colaboradora realizará y remitirá al tutor académico de la universidad un informe final, a la conclusión de las prácticas, que recogerá el nº de horas realizadas por el estudiante en el cual podrán valorarse, tanto las competencias genéricas como las específicas del correspondiente proyecto formativo. Una vez transcurrida la mitad del período de duración de las prácticas, podrá elaborarse un informe intermedio de seguimiento, cuando así se establezca, de acuerdo con la normativa de la universidad.
El tutor académico de la universidad evaluará las prácticas desarrolladas de conformidad con los procedimientos que establezca la universidad, cumplimentando el correspondiente informe de valoración.
Desde CCOO consideramos que este RD supone un avance en lo que respecta al reconocimiento de la actividad docente en las prácticas en empresa, respecto de la situación actual. Actualmente es frecuente que este tipo de prácticas se reconozcan como créditos de libre configuración, sin que la actividad de tutoría se valore como parte de la actividad docente del profesorado.
Este RD nos dará fuerza para exigir que a partir de ahora la tutoría de estudiantes en prácticas se reconozca como parte de la actividad docente del profesorado.
Sin embargo, también consideramos negativo que se haya incluído una disposición adicional que excluye de la cotización a la seguridad social al alumnado que participa de estas prácticas académicas. Sobre todo porque estan amparados por lo dispuesto en la Ley 27/2011 de reforma de las pensiones en lo referente a "programas de formación vinculados a estudiantes universitarios" y que reconoció el derecho a la cotización de los becarios. Pero, además, porque el coste de su inclusión es irrisorio: 34,51 € para la empresa o institución y 6,01 € para el estudiante.
martes, 20 de diciembre de 2011
Toxo lamenta que se intente "la criminalización" de los trabajadores públicos
Toxo ha dicho que espera que se respeten las condiciones de la función pública y ha reiterado su rechazo a las declaraciones del presidente de la patronal, Juan Rosell, que planteó que se puedan despedir empleados públicos como en la empresa privada.
Ante la actual situación de crisis y el riesgo de entrar en recesión el próximo año, Toxo cree necesario enviar "mensajes optimistas" a la sociedad y así espera que el Gobierno de Rajoy haga "cosas distintas" a las fórmulas aplicadas hasta el momento y que "nos han llevado a este fracaso colectivo", alejando así el impulso económico "de la especulación inmobiliaria y financiera", y apostando por la modernización de sectores estables como la industria.
El secretario general de CCOO, también ha respondido a las declaraciones del presidente de la CEOE, Juan Rosell, sobre la implantación de los 'mini empleos' señalando que es un abuso, que persigue que el trabajador esté absolutamente a disposición del empresario. "Parece que quieren que se vuelva al siglo XVIII o XIX, cuando los terratenientes acudían a las plazas de los pueblos en busca de mano de obra para unas horas", ha recalcado el secretario general de CCOO.
A juicio de Toxo, la propuesta de implantar los "mini empleos" supondría deteriorar de tal manera el mercado de trabajo que al final la gente estaría a disposición de la acción discrecional de las empresas. "Es tramposo" utilizar el argumento que emplea la CEOE sobre que si a un parado le preguntas si quiere un 'mini empleo' o nada, decida quedarse con el 'mini empleo' porque "si se le pregunta a quien le van a cortar los dos brazos si prefiere que le corten uno solo, pues probablemente también diga que sí.
Por otro lado, respecto a la petición, también de Rosell, de despedir funcionarios, Toxo ha replicado que "si dice que sobran 900.000 funcionarios, que ponga los datos sobre la mesa, y explique quién va, en dónde y quien no está trabajando". Según ha recordado, España tiene mucho menos empleo público por cada 1.000 habitantes que Suecia, Francia o Alemania. Sólo los países que han sido rescatados -Grecia, Portugal e Irlanda- tienen menos empleo público que España.
Artículo de Juan Torres López (Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla) publicado en Nueva Tribuna.
"El presidente de la patronal española ha vuelto a insistir en que sobran funcionarios en España y que hay que poder despedirlos igual que a los trabajadores de la empresa privada (Nada nuevo, pues desde que llegó al cargo viene diciendo que en "Hay más de 150.000 funcionarios del Estado que no tienen trabajo que hacer").
Veamos qué hay de verdad en ello.
En España el porcentaje de personas adultas que trabajaban para el sector público en 2008 era del 13% del total de la población activa, uno de los más bajos de la UE-15 (16%). En los países europeos cuyas economías son de las más competitivas y eficientes del mundo, según la OCDE, ese porcentaje era aún mayor: 26% en Dinamarca, 22% en Suecia o 19% en Finlandia.
En España, pues, no sobran sino que faltan funcionarios, al menos en comparación con nuestros países vecinos en donde las cosas funcionan mucho mejor. Y eso es el resultado, principalmente, de que nuestro Estado de bienestar está menos desarrollado porque el gasto social es aquí bastante más bajo que en la Europa de los 15 (aproximadamente el 72% de su media).
Pero eso no es lo peor de lo que no sabe o de lo que oculta el líder de la patronal.
El número de empleados públicos en España es de unos de 3,1 millones y se calcula que el coste de sus nóminas es más o menos de unos 115.000 millones de euros anuales.
El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estima que la evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas alcanzó los 42.711 millones de euros en 2010 (Actualidad Gestha: El 72% del fraude fiscal lo hacen grandes empresas). O sea, el 37% de lo que cuestan los más de tres millones de empleados públicos españoles, y casi la mital de los 92.000 millones de deficit público de ese ejercicio. Es evidente, pues, que la patronal no propone reducir el número de funcionarios (como también recortar el gasto en educación, en salud, en pensiones o en servicios a las personas dependientes) porque aquí se gaste mucho en esos conceptos sino porque quieren que las grandes fortunas y los grandes capitales defrauden aún más y paguen todavía menos a Hacienda.
Y, por otra parte, es verdaderamente aberrante y demencial que un dirigente empresarial prefiera que haya 115.000 personas menos sin ingreso en la economía, debilitando así la demanda y los beneficios de miles de pequeños y medianos empresarios afiliados a su propia organización patronal, solo para evitar que la exigua minoría de privilegiados a quien defiende (que no la totalidad de los empresarios) contribuya como los demás al progreso social.
La conclusión es sencilla: en España no sobran funcionarios sino defraudadores que usan para encubrirse a los dirigentes de la patronal. Y dicho esto, no hay que olvidar que es imprescindible -como en cualquier otro ámbito que tenga que ver con la asignación de recursos- que la administración pública sea lo más útil y eficiente posible. Lo que sucede es que en el caso español esto, como acabamos de ver, no tiene que ver con proporcionarle menos recursos sino más (por ejemplo, España es uno de los países europeos que menos gasto público dedica a luchar contra el fraude y a obtener ingresos fiscales) y con emplearlos mejor y más al servicio de la creación de riqueza y bienestar, que es algo muy distinto a los recortes que se vienen realizando y que se quieren seguir llevando a cabo. "
miércoles, 7 de diciembre de 2011
CCOO se consolida como el sindicato más representativo de las universidades canarias
Como consecuencia de estas elecciones, CCOO sigue manteniendose como el sindicato más representativo de las dos universidades canarias (ULL y ULPGC).
Los resultados obtenidos son fruto de una adecuada estrategia de combinar la negociación con la movilización para lograr avances laborales en las universidades y, sin duda, esto no habría sido posible sin el trabajo riguroso, diario e ilusionante de los compañeros y compañeras de nuestras secciones sindicales. Ahí están como ejemplo de ello la presencia permanente del sindicato en las universidades, nuestro papel institucional, la mejora de la participación y especialmente de la calidad de nuestra información.
Por último hacemos público nuestro reconocimiento a todos aquellos compañeros y compañeras que durante estos cuatro años y en los últimos meses han contribuido con su esfuerzo a este éxito sindical que, sin su aportación y la del conjunto de nuestros afiliados y afiliadas, jamás hubiera sido posible.
Desde la sección sindical de CCOO en la Universidad de La Laguna queremos felicitar a nuestros/as compañeros/as de la ULPGC por el buen trabajo realizado.