El vicepresidente segundo y ministro de Política Territorial y Administraciones Públicas, Manuel Chaves, ha negado en el Congreso de los Diputados que el Gobierno vaya a realizar más recortes salariales a los funcionarios públicos "en esta legislatura ni en las nóminas de 2011, bien sea de forma directa u oculta".
Chaves ha respondido así a una pregunta del diputado del Partido Popular Miguel Barrachina sobre si puede garantizar «que los funcionarios españoles no van a ver más recortes salariales en sus próximas nóminas».
Además, el ministro Manuel Chaves también ha considerado que "el Partido Popular ha lanzado el bulo del recorte salarial a los trabajadores públicos para hacerse con votos de cara a las elecciones municipales y autonómicas".
Esta afirmación viene después de que varios periódicos próximos al PP publicaran noticias sobre un nuevo recorte salarial. Noticia que también ha estado circulando durante varios meses por medio de correos electrónicos anónimos alertando de esa nueva rebaja salarial que eliminaría "los complementos de las pagas extras desde 2011, dejándolas solo en trienios y sueldo base".
Pasadas las elecciones resulta evidente que toda esta información se difundía con el único objetivo de influir en las votaciones, tal y como denunció CCOO desde un primer momento.
Queremos recordar que el recorte del año pasado es permanente y afecta a nuestro sueldo mensual y a las pagas extras (la de junio se verá recortada de una forma similar a la de diciembre de 2010).
Nuestro sindicato no descarta que en el futuro puedan aparecer nuevos intentos de recorte pero es previsible que, tal como dice el Ministro Chaves, no se produzcan en esta legislatura. Después de las próximas elecciones generales en 2012 cualquier gobierno que pueda salir de las mismas puede volver a intentarlo, este presidido por Rubalcaba o por Rajoy.
Desde CCOO queremos manifestar sin que quede la menor duda, que nos posicionaremos en contra de cualquier intento de recorte adicional (en las retribuciones o en el empleo y las condiciones laborales) si se planteara por parte del Gobierno porque, al igual que ya dijimos en mayo de 2010, es injusto e innecesario, y sólo puede llevar a un deterioro aún mayor de los servicios públicos y de su papel como elemento de cohesión social del conjunto de la ciudadanía.
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