Carlos Bravo lleva treinta años afiliado a CCOO en la Federación de Servicio Financieros y Administrativos , es Licenciado en Derecho, trabaja en Caja Madrid desde 1979 y es profesor asociado de la Universidad Carlos III. Es miembro de la Comisión Ejecutiva de CCOO como Secretario de Seguridad Social y Previsión Social y desde 2004 representa a nuestro sindicato en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo.
¿Es necesario retrasar la edad legal de jubilación como reclama de manera insistente el Presidente del Gobierno?
No lo es y el Gobierno lo sabe. No hemos empezado ahora a hablar de estas cosas. Los representantes del Gobierno han compartido nuestro criterio hasta el 29 de enero de 2010 cuando lanzaron su propuesta. También lo han hecho después de esa fecha, cuando parecía que podíamos reconducir esta cuestión. Sin embargo en noviembre, tras el segundo periodo de tensiones sobre la prima de riesgo de la deuda, han recuperado esta cuestión de retrasar la edad legal de jubilación como si fuera determinante para el sistema de pensiones. Por eso es más irresponsable su comportamiento.
¿A quién afectaría esta medida y con qué intensidad?
Reduce el gasto en pensiones, sin tener en cuenta su impacto sobre las personas que dependerá de cómo se formule. Si se retrasa sin más la edad legal a 67 años, afecta al conjunto de cotizantes a la Seguridad Social que tendríamos que retrasar en dos años la edad de jubilación, con independencia de la implantación gradual que pudiera hacerse de esta medida.
Más duro sería para el 60% de los mayores de 55 años que no trabajan ni pueden hacerlo. Retrasar la edad legal de jubilación cuando es difícil encontrar empleo, incluso mantenerse en él a esas edades, es un contrasentido. Desconoce además las exigencias del trabajo en las distintas profesiones o puestos de trabajo dentro de cada actividad.
¿Hay alternativas a esta medida?
Sí. Ya hemos pactado la instauración de sistemas de jubilación flexible, que permiten adaptar la edad de acceso a la jubilación a las situaciones personales: anticipándola desde los 61 años, con coeficientes reductores de la pensión a percibir, retrasándola más allá de los 65, con mejoras en la pensión a percibir, en ambos casos sin costes adicionales. Esta es la alternativa que propugnamos, mejorar los incentivos, hoy un 2-3% por año de actividad más allá de los 65, para que aquellas personas que lo necesiten o lo deseen puedan continuar trabajando.
Si los incentivos se incrementan, seguirá retrasándose la edad media efectiva de acceso a la jubilación, hoy ya en más de 63, aumentando en los últimos años. Incidir en esta fórmula reduce el número de años medios a pagar pensiones pero con una distribución más justa.
¿Como afecta el sistema de pensiones a la actual crisis?
Nuestro sistema de pensiones no ha aportado ni un euro al actual déficit público. No lo hará tampoco en los próximos años. Si puntualmente necesitara recursos, como consecuencia de la destrucción de empleo y el menor número de cotizantes, los tomaría de los 64.000 millones de euros acumulados en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Las reformas del sistema de pensiones no tienen impacto inmediato y no sirven para sanear hoy las cuentas públicas. El mejor modo de transmitir confianza es mostrar la voluntad de agentes políticos y sociales españoles por una política de concertación en este terreno. El acuerdo es posible si el Gobierno, no insiste en utilizar de forma indebida el sistema de pensiones.
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